El delegado del Gobierno en Galicia considera que se debería analizar qué magistrados instruyen más casos y cuántos de las personas que imputan son finalmente condenadas
22 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.«Sería de gran interés público saber qué juzgados y qué jueces consiguen instruir más casos, juzgar más casos, cuántos de los imputados resultan finalmente condenados o cuántas de las sentencias que se dictan en primera instancia son ratificadas en instancias superiores». En plena conmoción ciudadana por operaciones como la Pokémon, la Pikachu y la Patos, el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, abogó ayer por «empezar a medir la eficiencia» de la Justicia, al estilo de cómo se examinan en el ámbito policial, plantilla a plantilla, los índices delictivos y el éxito en la resolución de casos.
Exportable a otros campos (educativo, sanitario...), Juárez realizó esa propuesta en el marco de una batería de iniciativas agrupadas bajo un paraguas común: ante el descrédito de lo público, hay que realizar «cambios profundos» en las Administraciones españolas, tanto de cultura como de funcionamiento básico. Precisan mayor transparencia, mayor eficiencia y mayor participación ciudadana, tres «recetas que servirán para reducir la corrupción», amén de para mejorar el sistema en general e incrementar la competitividad de este.
El delegado del Gobierno expuso esa tesis en Santiago, en el marco de un desayuno coloquio organizado por Nueva Economía Fórum. En ese escenario, admitió: «Vivimos un momento de gran desafección de los ciudadanos hacia lo público, motivado por la crisis y agravado por los casos de corrupción». Ante ello, apostó por poner en marcha «soluciones», entre las cuales citó habilitar canales para que la sociedad civil se implique en la toma de decisiones, «con opiniones constructivas y que no sean extemporáneas»; publicar todos los contratos, convenios, subvenciones y ayudas de la Administración, «independientemente del proceso de adjudicación»; y difundir las declaraciones de bienes y actividades de los altos cargos.
«No es extraño que la corrupción -reconoció- ocupe uno de los primeros lugares entre las preocupaciones ciudadanas, a tenor de los casos de supuesta corrupción que afectan a diferentes Administraciones e instituciones». Sin embargo, defendió a la par que es infinitamente mayor la percepción ciudadana sobre la existencia de prácticas ilícitas que la comisión real de las mismas. Y apostilló: «En España se persigue la corrupción, algo que, por otra parte, demuestran los titulares de prensa». «Cuando hay operaciones que afloran supuestos casos de corrupción [...] yo creo que no significa que haya más, sino que se combate», concluyó.
Preguntado por el público acerca de si los políticos imputados deben dimitir automáticamente, Juárez defendió que, «ni muchísimo menos», entiende que eso deba servir como «regla». Al contrario, se mostró comprensivo con los cargos que deciden proceder de forma contraria. «Respeto totalmente -precisó- la decisión de muchos políticos de no dimitir cuando entienden que las imputaciones no tienen base y cuando entienden que no han hecho nada malo. Creo que tienen todo el derecho a defenderse».
Al delegado del Gobierno, quien afirmó no verse sustituyendo al actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, si este deja al cargo para encabezar la lista del PP a las elecciones europeas, lo había presentado ante el auditorio el presidente del Consejo de Estado. José Manuel Romay Beccaría defendió la política. «La mayoría de los políticos gallegos y españoles son honrados, aunque corruptos y corruptas, como las meigas, haberlas haylas. Pero estad seguros de que la Justicia pondrá a cada uno en el sitio que le corresponde», proclamó.