El supuesto cabecilla de la Carioca afronta un juicio en el que el fiscal le pide 27 años de prisión

X. CARREIRA LUGO / LA VOZ

GALICIA

En los próximos cuatro días tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Lugo

21 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El presunto cabecilla de la operación Carioca, José Manuel García Adán, empieza hoy una semana clave. En los próximos cuatro días tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Lugo para responder por presuntos delitos que podrían suponerle una condena de 27 años de cárcel, que es la que solicita el fiscal. Los hechos no tienen que ver con la operación de la jueza Pilar de Lara que supuso la puesta al descubierto de un entramado montado entre el presunto proxeneta y agentes de los cuerpos de seguridad de Lugo en algunos burdeles. Sin embargo, el juicio va a ser un buen barómetro para conocer, por un lado la actitud de algunos testigos y, por otro, la estrategia que seguirá el letrado de Adán.

Todos los delitos que serán analizados en el juicio que empieza hoy están vinculados con la relación que mantuvo Adán con su esposa. El matrimonio acabó rompiéndose y la Justicia tuvo que decidir a quién conceder la patria potestad de la hija de ambos, que está previsto que declare hoy.

El juicio tiene asignados cuatro días como consecuencia del gran número de testigos. Adán ha solicitado a la Audiencia que admitiese la declaración de unas 40 personas, lo que así sucedió. Se trata de testigos del entorno del acusado que conocerían diversos aspectos de las relaciones que mantenía la pareja. El fiscal le atribuye dos delitos de malos tratos, violencia habitual, amenazas, detención ilegal y continuado de agresión sexual. Algunas fuentes aseguran que la víctima vivió un auténtico calvario, pero Adán se defiende diciendo que nunca le puso la mano encima, aunque reconoce que tuvo discusiones con ella por las supuestas desatenciones que tenía con la niña derivadas, según él, del consumo de alcohol.

De los 27 años de prisión que solicita el fiscal, 15 lo son por las presuntas agresiones sexuales de las que fue víctima la mujer. Cinco corresponden a la detención ilegal a la que habría sido sometida.