La cúpula del Partido Popular se distancia de Nelson Santos, acusado en el marco de la operación Multiusos, y la oposición pide su cese
01 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Fiscalía le acusa de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra los derechos de los trabajadores. A pesar de ello, no quiere tirar los guantes. El alcalde de O Porriño, Nelson Santos, tiene previsto volver a presentarse a la alcaldía, si, como él mismo reconoce, no le tumba su propio partido. O la jueza.
En la operación Multiusos, de lucha contra la corrupción en el Ayuntamiento de O Porriño, se investigan facturas de 58 empresas por un montante de 15 millones de euros. A estas cuentas el interventor les puso reparos porque, siempre según la investigación, muchos de estos trabajos se adjudicaron a dedo sin mediar concurso. Además, la Justicia analiza las contrataciones irregulares de centenares de personas. En los contratos de colaboración social hubo 182 trabajadores a los que les escatimaron 200.000 euros, y la jueza les ha ofrecido que presenten reclamaciones. En cambio, a un grupo privilegiado se les abonaron supuestamente sobresueldos que sumaron unos 400.000 euros.
La necesidad de lograr empleo está en el fondo del asunto. Con 2.500 parados en su municipio, Santos se propuso reducir el paro en 500 personas al año. Para ello descolgó muchos teléfonos. Y lo admite. Pero dice que no fue en beneficio personal o familiar.
Otros imputados
En el caso están imputados, además del propio alcalde, su número dos, José Manuel Jacobo; el concejal de Empleo, Manuel Alejandro Lorenzo y el edil de Servicios Jurídicos, Carlos Martínez. Este último solo está acusado de tráfico de influencias por encargar trabajos de asesoría jurídica al bufete de su mujer. Además de ellos están imputados el exconcejal y funcionario del Servicio de Emprego Galego (el antiguo INEM transferido), José Manuel Cabanelas y los empresarios Lucía Leirós, Laureano Leirós y Celso Juan Freiría. Estos últimos formaban parte de empresas que facturaban contratas de mantenimiento al Concello.
Hasta ahora el PP, por boca de su portavoz en la ejecutiva provincial, Alberto Pazos, mantiene la presunción de inocencia y pide que otros partidos también sean respetuosos. No obstante, Feijoo se muestra «sorprendido» por lo que está revelando el proceso. Y Louzán (que lo fichó cuando militaba en un partido independiente) evita respaldarlo en público.
«Tengo la conciencia muy tranquila y duermo de un tirón», asegura el regidor. El alcalde popular considera que lo están «dilapidando» desde los medios de comunicación y los partidos de la oposición. Piensa que la investigación judicial contra él y sus ediles de confianza forma parte de una trama para apartarle de la alcaldía de O Porriño. De momento no ha desglosado los nombres de los que forman parte de esa trama pero sí ha aludido en público a una mujer que pasa largas temporadas en el extranjero.
1.300 pinchazos
Al recibir documentación, la Fiscalía advirtió un «cierto tufillo» a presunta corrupción en palabras del fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela. Por eso el juzgado número 3 de O Porriño comenzó una exhaustiva investigación. Tras recibir autorización de la jueza, la Policía Judicial de la Guardia Civil pinchó más de 1.300 conversaciones telefónicas a lo largo de tres años (entre 2010 y finales del 2013) e interrogó a decenas de personas que han dado lugar a un sumario de unos 7.000 folios.
Una parte de la investigación de la Guardia Civil se desarrolló en torno a la relación existente entre varias mercantiles con el Ayuntamiento de O Porriño. Las denuncias que constan en las diligencia previas exponen una trama de contratación supuestamente irregular con varias empresas: Mecánica Rocha, Narón, Servicios Eléctricos Abelmar, Jardima Budiño, Floristería Marisé, Grupo Tano e Budiño, Limantra, Transportes Rosana y Pérez y especialmente la empresa Instalación de Maderas y Pavimentos Ibérica, IMPI. Los investigadores le atribuyen 600.000 euros en obras facturadas que en realidad fueron efectuadas por trabajadores municipales. IMPI fue creada el mismo año en que Nelson Santos llegó a la alcaldía. Uno de sus accionistas había sido socio del teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, en un gimnasio.
Un testigo aseguró a la Guardia Civil que en IMPI «varias personas eran contratadas por afinidad a personas relacionadas con el Ayuntamiento y no por lo que deberían contratarse, es decir, por idoneidad laboral. Incluso algunas que ya han estado trabajando para el Ayuntamiento o algún familiar trabaja en esta administración, y especialmente si tienen relación con el señor alcalde o los concejales señor Jacobo o Alejandro».