La cifra de imputados en este sumario asciende ya a 114 y más de un cuarto son cargos políticos
24 jun 2014 . Actualizado a las 10:15 h.Tras más de dos años de investigaciones, más de dos años de investigación, 122 tomos completados con declaraciones, autos y pruebas y nuevos libros abiertos para recopilar las actuaciones aún en curso, la tinta de la macrocausa de la operación Pokémon mancha ya a representantes políticos de más de una decena de municipios gallegos y de otros dos puntos de Cataluña y Asturias.
Municipios como el de Lugo, Ourense, Santiago, A Coruña, Ferrol, Boqueixón, O Carballiño, Ordes, Valdoviño, Cospeito y del municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio y del catalán de San Hilari Sacalm están bajo sospecha en lo que se refiere a la limpieza de la adjudicación de sus servicios y contratos. La posible entrega de sobornos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y revelación de informaciones privilegiadas ha ido afectando a lo largo de la instrucción a los tres principales partidos de la comunidad gallega (PP, PSOE y BNG), además de a una lista independiente (Unión por Ordes) y hasta a Convergéncia i Unió.
Las nuevas decisiones de la jueza Pilar de Lara elevan ahora el número de imputados a 114 (casi uno de cada cuatro son políticos), y la cifra final depende de lo que la magistrada resuelva en las investigaciones que aún lleva a cabo respecto a la parlamentaria y exportavoz del PP en la Cámara Autonómica, Paula Prado, así como sobre la ya exconcejala compostelana Amelia González.
Solo dimitieron ocho
Únicamente ocho de los políticos a los que se le achacan actuaciones delictivas han renunciado a su cargo desde que Francisco Rodríguez dimitió como alcalde de Ourense tras pasar 48 horas aislado en los calabozos de la comisaría de Pontevedra en otoño de hace casi dos años. A la renuncia que él presentó empujado por un PSdeG metido con Pachi Vázquez en la campaña de las elecciones autonómicas pasadas, se tuvo que sumar el también edil ourensano del BNG Fernando Varela, como tampoco pudo resistir la presión de su partido el popular Adolfo Gacio, hasta entonces alcalde de Boqueixón.
Antes incluso de que le salpicase la primera explosión judicial del caso Pokémon, ya había dimitido el inicial alcalde de Santiago en el presente mandato. Gerardo Conde Roa se apeó de la política tras ser imputado por un delito de evasión fiscal. La trama que gira alrededor de las empresas Vendex y Aquagest le envolvería en forma de imputación estando ya fuera del consistorio.
Del mismo Ayuntamiento han ido descolgándose de sus cargos al ser imputados los ediles populares Adrián Varela, rebeca Domínguez, Albino Vázquez y Ángel Espadas. Sus compañeros de corporación y partido María Pardo, Cecilia Sierra, Francisco Noya, Amelia González, Juan de la Fuente y Luis García Bello, también perdieron su condición de ediles al ser condenados por decidir que el Ayuntamiento compostelano se hiciese cargo de los gastos de defensa de Adrián Varela por su imputación en la macrocausa de la Pokémon.
La nómina de dimisiones a cuenta de la instrucción de De Lara se eleva pues de momento a ocho, a los que de manera indirecta se suman los otros seis obligados vía sentencia en Santiago.
Faltan once meses
A partir de hoy faltarán exactamente once meses para que los ciudadanos refrenden o provoquen cambios en las alcaldías gallegas. La proximidad de los comicios y un mínimo intento de los principales partidos por aparecer ante la sociedad como activos ante la corrupción, ya ha hecho caer a Ángel Currás como alcalde en el epicentro de Compostela, donde en breve pasará a ser solo concejal.
Pero más allá del desgaste político y personal, el hecho de ser imputado no ha sido suficiente para hacer dimitir al alcalde de Lugo, José López Orozco (PSOE); ni al de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP); tampoco al teniente de alcalde coruñés y doblemente acusado, Julio Flores (PP); ni a su compañero de plenos pero desde la oposición, el socialista José Nogueira. No está por la labor de dejar el cargo por el hecho de haber sido imputado el regidor municipal de Valdoviño, José Antonio Vigo (PP), ni tampoco la edil de Ordes Silvia Marín.
Al grupo de los que afrontarán la precampaña bajo el cuestionamiento judicial se acaban de unir nuevos imputados. Además, De Lara ha solicitado documentos sobre contrataciones públicas a otros ayuntamientos gallegos.