La jueza dice que Santos «sabía lo que hacía» al contratar a afines

Luis Carlos Llera Llorente
Luis Carlos Llera O PORRIÑO / LA VOZ

GALICIA

Abre una pieza separada para agilizar el proceso contra el alcalde porriñés

15 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La jueza Olalla Díaz ha abierto una pieza separada para agilizar el procedimiento penal contra el alcalde de O Porriño, Nelson Santos (PP). Observa que determinadas conductas del alcalde, Nelson Santos, y del teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, pueden instruirse con independencia de otros delitos que se investigan. Se refiere la jueza que hay «indicios suficientes» de los delitos «de prevaricación continuada por la contratación de empresas y personas afines». Estas contrataciones se produjeron «con omisión absoluta y reiterada, pese a las continuas advertencias de ilegalidad de la Intervención, del procedimiento legalmente establecido».

La jueza considera que tanto Santos como Jacobo tenían «perfecto conocimiento de lo que hacían», «prescindiendo por completo de los trámites procedimentales, atentando contra el recto funcionamiento de la función pública». Así lo considera tras haber tomado declaración al interventor, al secretario y al concejal de Vías y Obras (Manuel Carrera, presidente local del PP).

Así que por razones de economía procesal y con el fin de simplificar y activar el procedimiento, la jueza considera razonable abrir una pieza separada en la que se analicen los delitos de prevaricación simple, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias de los que están acusados el alcalde, su teniente de alcalde, José Manuel Jacobo; el concejal de Empleo, Manuel Alejandro Lorenzo, y varios empresarios y un antiguo funcionario del Servizo Galego de Empleo, que había sido edil con Santos.

En esta pieza separada se examinará la puesta en marcha de la empresa Impi «creada al modo de una empresa de trabajo temporal» que suministraba trabajadores al Concello, lo mismo que la compañía Mecánica Rocha. Por ello también están imputados los empresarios Laureano y Lucía Leirós, de la empresa Impi, creada en el año 2010. También está imputado el dueño de Mecánica Rocha, Celso Freiría. Presuntamente la selección de trabajadores para ambas empresas la realizaba el funcionario José Manuel Cabanelas, que trabajaba en el Servizo Galego de Empleo y había sido concejal y miembro del partido Ciudadanos por Porriño, de Nelson Santos.

Más adelante la jueza tendrá que ver si se han producido otros delitos como cohecho y otras presuntas irregularidades, señala la abogada y portavoz socialista Eva García de la Torre, personada en el procedimiento judicial, que afirma que la decisión de la jueza «pone de manifiesto que el PSOE hace una oposición seria y valiente».