El edil socialista tendrá que aclarar los pagos del Concello al grupo de empresas Gradín, que suman 896.901 euros
18 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Fiscalía de Vigo ha abierto diligencias previas tras una denuncia anónima y ha citado a declarar como imputado provisional al concejal socialista de O Porriño, Iván Vaqueiro. El edil socialista tendrá que aclarar los pagos del Concello al grupo de empresas Gradín, propiedad de un tío suyo.
Las facturas por obras de reforma en el Concello fueron emitidas por un gobierno del PP presidido por José Manuel Barros. Se trata de albaranes conformados por el antiguo alcalde que sumaban 896.901 euros. Pero la empresa no llegó a cobrar los trabajos.
Tras las elecciones Vaqueiro entró a formar parte como concejal de Hacienda del gobierno bipartito con el BNG. En mayo del 2007 reconoció la deuda con el grupo Gradín, «como muchas otras que había dejado Barros, por importe de casi doce millones de euros», dice el concejal
El pago de esta factura, que tenía el visto bueno de la intervención, tenía que ser aprobado por el pleno del Concello y el gobierno presidido por Raúl Francés no llegó a convocarlo.
Gradín fue reclamando en el juzgado lo que tenía pendiente de cobro y ya fue en época de Nelson Santos, que llegó a alcaldía en 2010, cuando se aprueba en pleno el pago de las facturas y los intereses de demora y costas correspondientes porque en esta espacio de tiempo se produjeron varias sentencias judiciales que condenaban al Concello de O Porriño a pagar.
«No lo contraté»
Vaqueiro recalca que «yo no contraté a mi tío, ni mucho menos. No se me ocurriría» y señala que cuando asumió la Concejalía de Hacienda tuvo que reconocer esa deuda porque estaba conformada y era correcta. «Mi preocupación era hacer frente a los pagos pendientes del Concello para que no se incrementasen los intereses de demora por los pleitos por el retraso en los pagos». Ya bajo el gobierno de Santos en el mes de abril pasado, en un pleno en el que se abstuvo Vaqueiro, se aprobó el pago de la deuda de los 900.000 euros más intereses de demora y costas judiciales por importe de 500.000 euros. El imputado cree que la denuncia se archivará.