El expresidente de la Diputación lucense, ingresado a una semana de la vista
13 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La operación Muralla puede retrasarse todavía más, ocho años después de su inicio. La hospitalización del principal de los encausados, Francisco Cacharro Pardo, expresidente de la Diputación Provincial de Lugo, podría provocar la suspensión del juicio que está previsto comience el próximo día 17 en la Audiencia Provincial de Lugo.
El que fuera presidente del Partido Popular de Lugo y senador de dicha formación ingresó en días pasados en un centro hospitalario privado de la ciudad como consecuencia de una dolencia que viene arrastrando en los últimos tiempos. La Audiencia está pendiente de conocer el alcance de su estado para saber primero si podría ser dado de alta y, en caso de ser así, si estaría en condiciones de poder sentarse en el banquillo.
El Ministerio Fiscal imputa a Francisco Cacharro Pardo un delito continuado de prevaricación y otro de fraude a la Administración y alternativamente otro de negociaciones prohibidas a funcionarios. Por el primero se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación; por el segundo, a tres años de prisión y otros diez años de inhabilitación y por el tercero, en caso de que así lo apreciara el tribunal, a una multa de 3.600 euros y cuatro años de inhabilitación.
Junto a Cacharro se sentará en el banquillo, José Manuel Romay López, el que fuera jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación para el que la Fiscalía reclama las mismas penas que el que era responsable del organismo provincial. Asimismo, figura como acusado José Enrique Cacicedo Herrero, un ingeniero de la empresa Senén Prieto Ingeniería de Lugo.
La operación Muralla fue la primera de las grandes investigaciones desarrolladas en Lugo. El ex fiscal jefe Jesús Izaguirre, entró personalmente en los dominios de Cacharro en busca de documentación en el servicio de Vías y Obras que estaba investigando.
Este departamento supuestamente desvió la redacción de proyectos de viales a una empresa privada a la que, según la policía, estarían vinculados los otros dos acusados. El que era presidente de la institución alegaba que en Vías y Obras tenían una gran carga de trabajo y, por ese motivo, externalizaba el trabajo. Sin embargo, los investigadores comprobaron cómo algún funcionario se ofreció voluntario a sacar el trabajo adelante en sus ratos libres. Su propuesta cayó en saco roto.
La investigación supuso la lenta caída de Francisco Cacharro que, después de llevar más de veinte años en el sillón de la Diputación, tuvo que dejarlo porque su partido le fue apartando lentamente hasta el extremo de que no llegó a presentarse a la reelección.
Más de 100 contratos
De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, la Diputación de Lugo adjudicó, en el período comprendido entre 2000 y 2006, un total de 102 contratos de consultoría y asistencia para la redacción de proyectos de obras a la empresa ya reseñada. Para burlar la legislación de incompatibilidades y conseguir los contratos, el que era jefe del servicio, y que figuraba como socio fundador de la empresa beneficiada, procedió a transmitir sus acciones a su esposa, lo mismo que hizo otro socio que también era funcionario.