Desde los juzgados se adelanta que «van a temblar los cimientos» de varias instituciones y que cuando menos habrá una decena de imputados
19 feb 2015 . Actualizado a las 14:09 h.«Van a temblar los cimientos de instituciones de la ciudad y más allá». La cita es una de las pocas consideraciones que han salido del juzgado de Instrucción número 7 de Vigo y la Fiscalía respecto a los avances de una de las operaciones contra la corrupción que más expectación ha generado en Galicia en los últimos años.
Tal día como hoy de hace justo un año un nutrido grupo de agentes de la brigada judicial de la Policía Nacional tomaba las sedes de diez instituciones públicas de la comunidad, las oficinas de seis empresas y un domicilio particular. Todos ellos, coordinados por la juez Carmen García Campos, iniciaban una serie de meticulosos registros y petición de documentación oficial siguiendo el guion de la que desde ese día pasó a denominarse operación Patos.
Un año después, el sumario del caso sigue siendo secreto y el balance de imputados el mismo que dio lugar a las cinco detenciones del primer día, pero el nivel de rumores sobre el alcance de las investigaciones o la inminencia de nuevas acusaciones y el comienzo de las declaraciones son permanentes. Los ayuntamientos de Vigo, Santiago, Ourense, Nigrán y Ponteareas, la Diputación pontevedresa, la Zona Franca viguesa, la delegación de la Xunta en la misma ciudad, así como el puerto y el Consorcio del Casco Vello olívico [participado por la Administración autonómica y la municipal] tienen desde entonces la sombra de la sospecha encima.
Pruebas
Las cajas con la documentación incautada y la que después fue llegando tras haber sido requeridos una multitud de expedientes se agolpan en el juzgado vigués, en el que también está abierta la investigación por el supuesto enchufe de la cuñada de la diputada y concejal socialista Carmela Silva.
Pero Patos no solo se nutre de papeles. Grabaciones de diversos pinchazos telefónicos con los imputados como protagonistas, y documentos y ficheros de datos intervenidos en un teléfono de la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, así como en el móvil y un dispositivo informático de su jefe de gabinete al igual que del concejal socialista y brazo derecho de Abel Caballero, David Regades, forman parte del análisis que los especialistas han ido desgranando para recabar posibles pruebas de cargo.
El que era entonces el concejal de Obras del Concello de Nigrán, José Álvarez Valverde, ya dimitido, fue el único político salpicado formalmente en el caso. Junto a él, pero en calabozos separados, pasó la noche hace un año Enrique Alonso Pais, administrador y socio único del conglomerado formado por la constructora Eiriña, la inmobiliaria Patos, Enalvi e Intermediación Medioambiental y Reciclaje y Gestión Medioambiental. La detención de Alonso salpicó directamente al PP, que pese a apartarlo de militancia, no pudo evitar que su hija, Alexia Alonso, concejala del grupo popular en Vigo se viese arrastrada inicialmente por la situación de su padre.
Además del militante popular, también resultó detenido e imputado el director general de su principal empresa, Jaime Alvariñas, y el delgado de Cespa en Galicia, Alfonso Clemente González y el técnico Juan Ramón Alonso García.
Ajeno al ritmo de otros casos
El juzgado vigués ha querido desmarcarse en todo este año de otras operaciones contra la corrupción abiertos en Galicia, y por eso ha dosificado al mínimo cualquier información sobre las investigaciones, así como tampoco ha ido sumando imputaciones y declaraciones de sospechosos. Su intención es la de concentrar en unos pocos días el paso por los juzgados de todos aquellos que pretenda acusar y de los que puedan aportar algún testimonio. Con toda las pruebas reunidas, la investigación da por hecho que diez o doce nuevos imputados en el caso serían pocos. Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental son los delitos que jueza y Fiscalía tratan de aportar sobre una trama relacionada con la adjudicación de todo tipo de obras, algunas de ellas auspiciadas por el Plan E con el que Zapatero pretendió reactivar las economías en su escala local.
Dependiendo del avance de las conclusiones periciales sobre la documentación reunida, las citaciones podrían empezar a enviarse en breve, según trasciende de fuentes judiciales, que descartan que la proximidad de las elecciones municipales vaya a tener influencia alguna en el cronograma del caso.
Prácticamente todas las instituciones registradas en el marco de la operación han ido dando cuenta de en qué tipo de expedientes se había puesto el foco, salvo el caso del Ayuntamiento de Vigo, donde su alcalde y los ediles que sufrieron el registro de sus despachos [David Regades y Ángel Rivas] se han negado de manera reiterada a hablar de la operación policial que se prolongó en el consistorio durante más de medio día.
Expedientes de obras, grabaciones y varios móviles se acumulan en el juzgado vigués
La investigación afecta a once instituciones públicas y a cinco empresas