Consignó 181 millones desde el 2008 para las 4 autovías en concesión, pero en los últimos tres ejercicios solo liquidó el 60 % por el desplome del tráfico
23 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La adjudicación de infraestructuras en régimen de concesión permitió acelerar la mayor parte de las autovías ejecutadas en Galicia en los últimos 15 años. Pero este sistema sigue engordando la gravosa hipoteca que representa para las cuentas de la comunidad. Ese lastre financiero y la propia dificultad de las constructoras para obtener la liquidez necesaria (lo que mantuvo las máquinas paradas durante más de un año en la futura autovía de la Costa da Morte) han llevado a la Xunta a prescindir de una modalidad adoptada por Fraga, a la que dio continuidad el bipartito y que Feijoo ha extendido incluso al ámbito sanitario, con su aplicación en el nuevo hospital de Vigo. Solo para los peajes encubiertos de las cuatro autovías en servicio con este método, la Administración gallega ha presupuestado 181 millones desde el 2008. Si a esto se suman las partidas inyectadas a las concesionarias de autopistas para sufragar la retirada o rebaja de peajes, la factura alcanza los 354 millones desde el inicio de la crisis.
A la carga económica que representa el sistema concesional se ha incorporado un contratiempo con el que no se contaba cuando se firmaron los contratos de adjudicación de las autovías. Se trata del impacto de la caída del tráfico sobre los ingresos de las empresas que construyeron y explotan los viales. Entre el 2011 y el 2013, la intensidad media diaria de tres de esos cuatro viales (Barbanza, O Salnés y Santiago-Brión) descendió en 5.858 vehículos. Y en la última autovía abierta al tráfico con ese sistema (la que conecta la autovía de las Rías Baixas con Celanova) la dinámica es la misma, con solo 3.753 usuarios al día en el 2013. Esta merma constante de la circulación, provocada principalmente por la desaceleración en la actividad económica, repercute en la recaudación que obtienen las concesionarias a través del peaje encubierto que les paga la Xunta. Al ingresar menos de lo previsto cuando se determinó el importe de las tarifas, las empresas se colocaron en situación de riesgo de quiebra. Esta tesitura llevó al Ejecutivo de Feijoo a acordar en el último Consello del 2014 la adaptación de los contratos concesionales de las autovías de Salnés, Barbanza y Celanova, según los criterios regulados un año antes en la Lei de Orzamentos. Con este mecanismo, la Xunta sube el canon que paga a esas empresas, lo que les permitirá ingresar este año 7 millones más. Infraestruturas aduce que en ningún caso pagará más de lo presupuestado. De hecho, con el desplome del tráfico la Xunta ya estaba liquidando a las empresas menos de lo que consignaba en sus cuentas. En concreto, en los tres últimos ejercicios (2012 a 2014) presupuestó 99,13 millones, pero liquidó realmente 59,76, el 60 % de lo previsto.
152 millones para vías de pago
El Consello de Contas viene alertando de los riesgos de este sistema. En su último informe, advierte que la hipoteca que suponen los pagos a las empresas que gestionan las autovías con peaje en la sombra aumentó entre el 2006 y el 2012 de 131 a 351 millones, y en ese período todavía no estaba abierto el vial a Celanova.
Ahí computa la financiación de la gratuidad en la autovía AG-53 (que conecta la autopista Santiago-Dozón con la autovía de las Rías Baixas), con un coste para las arcas de la Xunta que asciende a 120 millones desde el 2008. Además, también las empresas que explotan las autopistas obtienen ingresos para sufragar rebajas en peajes. Cuando acabe este año, los pagos a Audasa desde el inicio de la crisis por la gratuidad en dos tramos de la AP-9 (O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala) sumarán 47 millones. Representan el 50 % de una medida que la Xunta cofinancia con Fomento, por lo que reporta 94 millones a la concesionaria.
Con menor impacto, las bonificaciones de tarifas en las dos vías de pago de gestión autonómica (A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona) tendrán un coste para la Administración de 1,2 millones este año, lo que eleva el desembolso desde el 2008 a 5,7.
El gobierno gallego no ve ya tan urgente pedir el traspaso de la AP-9
El Gobierno gallego ha dado un giro a su discurso sobre la transferencia de la AP-9, una puerta que Madrid siempre ha mantenido cerrada con el argumento de que es una vía internacional. Tras mantener ese traspaso en primer plano de sus gestiones ante Fomento, la Xunta ha levantado el pie, y renuncia por el momento a seguir pidiéndolo, cosa que sí el BNG la semana pasada. Lo hace convencida de que lo prioritario ahora son las obras que ampliarán la autopista en Rande y en la circunvalación de Santiago, y el debate del traspaso podría entorpecerlas. Los trabajos, con un presupuesto de licitación de 276 millones y una duración máxima prevista de 36 meses, también redundarán en el encarecimiento del peaje. La concesionaria los financiará con un aumento adicional de sus tarifas durante 20 años.