La Fiscalía ofrece «respaldo jurídico» a la familia de la mujer asesinada en el hospital
GALICIA
Espera que se levante el secreto de sumario y asegura que «atenderá e colaborará en todo o necesario» con los familiares
15 may 2015 . Actualizado a las 16:22 h.La Fiscalía de Ourense está a la espera de que se atienda su petición de que se levante el secreto de sumario decretado por la jueza de Verín tras la muerte de Isabel Fuentes, asesinada hace una semana por su marido, Aniceto Rodríguez. La mujer se recuperaba en una cama del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) de una brutal agresión sufrida un mes antes en su propia casa de Verín y los guardias civiles que investigaban tenían sospechas de que el marido también había sido el causante de las lesiones.
Hasta que la jueza de Verín levante el secreto de sumario, la Fiscalía Superior de Galicia, y en especial la Fiscalía de Ourense, prestarán «respaldo xurídico» a la familia de Isabel Fuentes. Ambos departamentos «atenderán e colaborarán en todo o necesario coa familia de Isabel Fuentes».
En este sentido, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, señaló que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para la Fiscalía, y expresó su «máxima preocupación polo ocorrido». Suanzes se reunió esta misma semana con los fiscales de violencia de género de las cuatro fiscalías provinciales. En ese encuentro, acordaron que los fiscales especializados en violencia machista de las siete grandes ciudades se reúnan al menos una vez al año para analizar los problemas detectados en sus ámbitos de trabajo y revisar la aplicación de los protocolos vigentes.
Los fiscales gallegos plantearon la necesidad de reforzar, en coordinación con la Delegación del Gobierno, la asistencia de abogados de oficio a las víctimas de violencia machista en las dependencias policiales. También incidieron en la conveniencia de que las fuerzas de seguridad recojan e incorporen a los atestados, siempre que sea posible, datos precisos que permitan identificar a los testigos de estos casos.
Asimismo, pedirán a Instituciones Penitenciarias la aplicación de un programa similar al que se sigue con los condenados por delitos contra la seguridad vial para que los maltratadores condenados a realizar trabajos sociales puedan cumplir la pena mediante el seguimiento de programas de rehabilitación y reeducación.