El organismo indemnizatorio acusa al Supremo de incumplir el convenio internacional y rompe su neutralidad saliendo en defensa de la aseguradora y su póliza de 1.000 millones de dólares
05 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia del Prestige del Tribunal Supremo ha caído como una plaga bíblica sobre la industria marítima, y el Fondo Internacional para la Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (Fidac), creado por la comunidad internacional para resarcir estos daños, demuestra una vez más su tendencia a alinearse con las tesis de las aseguradoras y de los navieros. En este posicionamiento histórico del organismo habría que enmarcar el duro documento contra la sentencia del Prestige redactado por su secretaría y con aportaciones del director del fondo, el español José Maura, preparatorio de las reuniones que se desarrollarán en Londres entre los días 25 y 27 de este mes. Los representantes españoles en este foro ya esperan que lo que ahora está escrito en un papel se convierta en una bronca coral en el comité londinense. Un varapalo que fuentes gubernamentales consideran «injustificado» y poco respetuoso con la soberanía española.
La tesis del Fidac, muy en la línea de otro documento que se aporta a la reunión redactado por la asociación internacional de aseguradoras marítimas, es que la sentencia del Supremo rompe el status quo del convenio internacional de 1992 que rige los accidentes con derrames de hidrocarburos, al declarar responsable civil directo a la aseguradora del petrolero, el London P&I Club. En las consideraciones redactadas por el director del fondo, José Maura considera «desafortunado» que el Supremo «revertiera» la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña y considerara al capitán del buque, Apostolos Mangouras, culpable de un delito contra el medio ambiente.
El hecho de que el fallo atribuya al armador una actitud negligente y lo considere conocedor del daño que podía provocar el barco impide, según el fondo, que la naviera pueda limitar su responsabilidad. Pero lo que de verdad les preocupa es que la aseguradora, según la sentencia, debe responder por los daños del vertido hasta la cantidad máxima de la póliza suscrita con el armador, que asciende a 1.000 millones de dólares (877,7 millones de euros). «Esta decisión supone una quiebra del articulo 5 del convenio internacional de 1992, que garantiza que aunque el propietario haya perdido la prerrogativa a limitar su responsabilidad, el asegurador siempre tiene derecho a limitarla dentro del convenio», concluye el director del fondo en su análisis de la sentencia. Achaca este hecho a que el alto tribunal ha aplicado las leyes penales españolas en lugar de la convención internacional suscrita por España. Tanto el Fidac como las aseguradoras creen que la jurisdicción penal no es la correcta para afrontar accidentes como el del Prestige.
El Fidac asume que el «incumplimiento» del convenio es «claro» al no reconocer el límite de responsabilidad del London P&I Club, que en el caso del Prestige suponía pagar tan solo 22,8 millones de euros que se depositaron en una cuenta de Corcubión semanas después del accidente.
Además, el Fidac cuestiona que el tribunal español reconozca daños que no son admisibles de acuerdo con las disposiciones del fondo, como son los daños morales, aunque asumen que el propio tribunal limita la responsabilidad del Fidac a las que están establecidas en el convenio. El director asegura que el organismo, que ya ha pagado 121 millones en concepto de compensaciones -quedarían 27,7 por repartir-, estará vigilante durante el proceso de ejecución de la sentencia, donde «defenderá la aplicación de la convención internacional para cada una de las reclamaciones». El Supremo da por buena la reclamación de la Fiscalía, que eleva el coste de la marea negra a 4.420 millones.
Fuentes relacionadas con el caso de la Administración marítima creen que el Gobierno español debería enviar a un jurista -quizás un abogado del Estado- para explicar ante el comité del Fidac la sentencia del Supremo.
Las aseguradoras dan por hecho que el dinero está a salvo
El Fidac aporta un documento de la asociación internacional de aseguradoras, también trufado de duras críticas a la sentencia del Supremo, que ven como un «precedente problemático» que pone en riesgo el actual sistema compensatorio marítimo si la doctrina del Supremo se generaliza. No obstante, creen que la Justicia británica no aplicará el fallo contra el London P&I Club, pues ya decidió blindar la póliza de 1.000 millones de dólares antes de la sentencia.