Abren juicio oral a 13 implicados en la operación Campeón 6 años después

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

GALICIA

OSCAR CELA

El juez pide que el empresario Jorge Dorribo pague ahora 621.610 euros

14 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace ahora cinco años, el que era uno de los empresarios lucenses de más caché, Jorge Dorribo Gude, cumplía sus primeras semanas en la prisión de Bonxe. Había sido encarcelado como consecuencia de la investigación de una jueza que llevaba meses siguiendo una presunta trama en la concesión de subvenciones públicas en la cual tendrían intervención numerosas personas, algunas de ellas funcionarios. La investigación fue bautizada como la operación Campeón y, después de más de cinco años de avatares, el juez que se hizo cargo de la misma decretó la apertura del juicio oral. Ahora será la Audiencia Provincial la que establezca la fecha de la vista, que es posible que espere hasta el año que viene.

El juez da por buena la lista de acusados elaborada por el fiscal a finales del mes de octubre del año pasado. Figuran en la misma un total de 13 personas. La encabeza el empresario Jorge Dorribo, con diez presuntos delitos. La petición del fiscal es de 24 años de cárcel y 16 millones de euros de multa.

El único político que figura en la lista es el exdiputado autonómico del Partido Popular y exconcejal de Oleiros, Pablo Cobián Fernández de la Puente, que acabó dimitiendo en el mes de octubre del año 2011. El fiscal cree que este actuaba como el conseguidor de las ayudas.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez establece que diez de los acusados han de abonar de forma conjunta y solidaria 3.942.558 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en sentencia podrían imponérsele. En esa lista está el empresario Dorribo Gude, para el que el juez reclama, a mayores, un pago de 621.610 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones.

Cabe la posibilidad, dijo ayer un abogado, de que la sentencia final, si los tribunales consideran al industrial culpable, establezca que devuelva las ayudas que cobró del Instituto Galego de Promoción do Emprego (Igape); de ahí que trate desde ahora de garantizarse por el juez instructor el dinero. Pero puede producirse la situación de que ni Dorribo, ni algunos otros acusados tengan ahora la solvencia que les permita hacer frente a grandes cantidades, ni con propiedades, ni en efectivo. En el auto figura la advertencia de que se procederá al embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar las cantidades establecidas.

Piezas separadas

El juez también establece que se proceda a la formación de las correspondientes piezas separadas, si no se hubiera hecho con anterioridad. Una de ellas afecta al que fuera exconselleiro de Economía, Fernando Blanco, del BNG. De la situación actual de la misma no fue posible obtener datos. La Campeón fue una de las grandes operaciones judiciales llevadas a cabo en Galicia. Una investigación que se realizaba en Arousa encendió la alerta. Jorge Dorribo, el empresario lucense cuyos negocios de medicamentos, preservativos, cremas y otros productos farmacéuticos crecían como la espuma, empezaba a estar bajo sospecha. El hombre que mantenía negocios con acaudalados jeques árabes y que era toda una institución en la ciudad de Lugo empezaba a desmoronarse. Su imperio era de barro.

La jueza descubrió que tenía montado un presunto entramado para conseguir subvenciones públicas en base a proyectos que, supuestamente no eran realidad. Se basaban en facturas y transferencias falsas, en definitiva en una maquinaria que había que justificar y que en muchos casos no existía. Dorribo obtuvo dos ayudas, una de casi un millón de euros y otra de 1,5. Iba a cobrar otra de 1,4, pero la magistrada frenó la entrega.

Durante la instrucción, la jueza instructora fue informada de que un ministro, el socialista José Blanco, se había reunido con el polémico empresario en la gasolinera de la A-6 en Guitiriz. Se lo contó Dorribo cuando se vio agobiado en la cárcel. Le dijo que trataron de agilizar algún proyecto e incluso le habló de un sobre con dinero. La situación motivó que fuese abierta una pieza separada para investigar por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación a José Blanco. Tras meses de instrucción, el Tribunal Supremo, en septiembre de 2013, exculpó al ministro de tales imputaciones.

Piden 24 años para Dorribo y once para Pablo Cobián

Si el fiscal no cambia la acusación, serán 13 acusados imputados por estos delitos:

Jorge Dorribo Gude. Propietario de Nupel. Le atribuyen cuatro delitos contra hacienda, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales, insolvencia punible y contable. Piden 24 años de cárcel.

Arsenio Méndez. Administrador de Nupel. Delitos contra la hacienda pública, blanqueo e insolvencias punibles. Piden 11 años.

Carlos Monjero y Javier Rodríguez. De la agencia que hacía proyectos y pedía las subvenciones. Delitos contra Hacienda y cohecho. Diez años para el primero y 8 para el segundo.

Pablo Cobián. Al exdiputado del PP el fiscal le atribuye cuatro delitos, entre ellos cohecho. En el auto del juez aparecen dos contra la hacienda pública (uno en grado de tentativa) y uno de tráfico de influencias. Piden once años.

Joaquín Varela. Exdirector del Igape. Para el juez, dos delitos contra la hacienda pública y uno en grado de tentativa. El fiscal añade negociaciones prohibidas a funcionarios. Dos años y 9 meses.

Carlos Silva. Exsubidrector de información del Igape. Igual que el caso anterior.

Cristina Quintela. Exdirectora del área de formación, igual que los anteriores.

Araceli González. Empleada. Un delito contra la hacienda pública, otro en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. Tres años y un mes.

María Isabel Fernández Empleada. Delito contable y contra hacienda. Dos años y tres meses.

María Inmaculada Abuide. Delito contable continuado. Seis meses de prisión.

Marcos Iglesias. Delito contra la hacienda pública. Un año y 9 meses.

José Manuel Expósito. Delito contable. Siete meses.