La Justicia carece de medios para gestionarlos, y subastarlos no siempre resulta fácil
16 abr 2021 . Actualizado a las 20:59 h.En la casa de la familia de Laureano Oubiña que el viernes fue adjudicada en subasta ya no vivía nadie. En realidad, nunca llegaron a asentarse en ella, porque cuando Esther Lago esperaba que su marido saliese de la cárcel para hacer de la mansión de A Laxe su hogar, un accidente de tráfico la mató y truncó los planes del matrimonio. Como les había pasado muchos años antes con el pazo de Baión, que entre sentencias y embargos tampoco llegaron a ocupar nunca. Vicisitud similar a la de los Charlines con el pazo de Vista Real, aunque en este caso los trámites se alargaron tanto, entre que se les embargó y que se adjudicó en subasta al Concello de Vilanova, que facilitó que lo que había dentro de valor fuese desapareciendo poco a poco. Algunos dicen que fueron los okupas; otros, que los ladrones, y hasta hay quien asegura que fue la propia familia la que la fue saqueando, lo que provocó que la valoración inicial de tres millones de euros del inmueble acabase reducida al millón que el Concello de Vilanova, por decisión personal de su alcalde, el popular Gonzalo Durán, tuvo que pagar y sigue pagando.
Pero los pazos de Vista Real y de Baión, o la casa de Oubiña en A Laxe, son símbolos del narcotráfico, verdaderos estandartes de la ostentación que hacían los clanes arousanos cuando nadie osaba importunarlos. Por eso hubo un especial empeño en rehabilitarlos, aunque fuese a costa de la docena de subastas que se hicieron de bienes incautados a los Charlines; cinco de ellas en solo un año, el 2011, con el claro objetivo de despojar al patriarca de sus vistas reales.
No ocurrió así con otros muchos bienes obtenidos con el tráfico de drogas. Ya sea por las dificultades para sacarlos a subasta, porque luego nadie los quiso en las pujas o por la falta de medios para gestionarlos, el caso es que buena parte de ese patrimonio sigue en manos de sus antiguos dueños, que los disfrutan pese a tenerlos embargados, en un singular usufructo que refleja, también en el crimen organizado, las contradicciones de la Justicia.
Hace un par de años, Manuel Charlín, el jubilado más famoso de la ría de Arousa, reconocía que él disfrutaba de la mayoría de las fincas que le habían embargado; en una, incluso tenía caballos a los que iba a visitar a menudo. Y lo decía desde el porche de su chalé en Vilanova, donde vive desde que en el 2010 salió de la cárcel pese a estar pendiente de una subasta que nunca llega. A muchos kilómetros, en la urbanización madrileña de Las Rozas, un residente no llegaba a entender cómo, estando embargada la casa de su vecino, que resultó ser David Pérez Lago, seguía ocupada por su familia. El hijo de la fallecida Esther Lago hizo todo lo que pudo por impedir la subasta, incluso solicitar su indulto.
Y que se sepa, Marcial Dorado sigue disfrutando de la cuarta parte del municipio de A Illa que es de su propiedad o de sus allegados, incluida la mansión familiar valorada en 3,6 millones. Y eso que todo su patrimonio, por un valor que supera los 21 millones de euros, se le embargó tras ser condenado el año pasado por blanqueo. Pendiente de un juicio por esa causa está también el empleado de un párking en Algeciras, más conocido como Sito Miñanco. Hasta ahora nadie fue capaz de ponerle precio a las propiedades que tiene a un lado y otro del Atlántico.
El pago en la moneda virtual «monero» facilita el blanqueo de dinero
Las dificultades para desentrañar las opacas operaciones financieras y societarias bajo las que los narcos ocultan su patrimonio son la principal causa de que las resoluciones judiciales, los decomisos, las subastan y las adjudicaciones se retrasen más de lo debido, lo que juega en favor de sus antiguos propietarios. Por si no fuese suficiente con ello, en los últimos años se ha sumado el uso de una moneda virtual cuyo recorrido en Internet es muy difícil de seguir y más complicado todavía saber quién es el receptor de los moneros con los que se pagan envíos de droga. El monero, como el bitcoin, no es ilegal -en Madrid hay incluso cajeros que los intercambian- pero naviega por la Red encriptado y es muy difícil seguir su recorrido, y más aún en el Internet oculto en el que se mueven las mafias.