A la huelga también estaban llamados los fiscales, que igualmente quieren reivindicar más medios para la Justicia e independencia del estamento político
22 may 2018 . Actualizado a las 19:34 h.166 jueces gallegos han decidido este martes secundar la huelga general convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales de España. Según datos proporcionados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de los 342 jueces y magistrados en activo en la comunidad autónoma algo más del 48% (166) comunicaron a la presidencia del TSXG su decisión de secundar esta jornada de paro. Esto provocó la suspensión en total de 146 actuaciones judiciales (toma de declaraciones o juicios). De estas suspensiones 135 se produjeron en órganos unipersonales y 15 en las Audiencias Provinciales.
El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas explicaba esta mañana su postura tras la reunión de la comisión mixta con la Xunta. «Soy juez, por lo tanto tengo que comprender la decisión que puedan adoptar mis compañeros cuando es una decisión motivada», ha repasado antes de mencionar que «la huelga o el paro es un derecho individual, no es una obligación colectiva».
Ha recordado que las reivindicaciones del paro no están únicamente vinculadas al ámbito personal, en forma de mejora de las condiciones laborales, sino que también tratan sobre «inversiones» y «reformas legales» para el mejorar el «funcionamiento judicial como poder del Estado».
La huelga de jueces «no es una novedad», pues ya hubo dos paros en 2009 y otro en 2013, aunque existen «dudas jurídicas» sobre la viabilidad de estas movilizaciones, pues tanto en su día como ahora, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido por «no anunciada» la huelga al entender que no existe «soporte normativo para un paro judicial» al considerar que es un «poder del Estado».
En esta ocasión no ha establecido servicios mínimos, que sí han fijado las entidades convocantes, al entender que se debe atender «aquello que sea un servicio esencial fundamental».
Los motivos del paro
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han convocado para este martes una huelga general en toda España como último movimiento para reclamar al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales. Jueces y fiscales concluyen así las protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.
A estas reclamaciones se suman el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital o la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales.
El jueves 17 de mayo fue el último día convocado para suspender su actividad a las 12.00 horas, y según datos oficiales facilitados por las asociaciones, 1.723 jueces y 602 fiscales decidieron hacer este paro parcial. Estas cifras son similares a las del resto de días de convocatoria --teniendo en cuenta que en Galicia era festivo-- en las que casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales respaldaron la iniciativa de las asociaciones.
«No hemos tenido la respuesta por parte del Ministerio de Justicia que esperábamos, que era que se atendieran nuestras peticiones», afirmó el juez decano de Málaga, José María Páez, durante el último paro. En la misma línea se manifestó el portavoz en la Comunidad Valenciana de la Asociación Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ, que dijo que las reivindicaciones no se han visto «satisfechas tras las muchas conversaciones de última hora que se han mantenido con el ministro y con el Consejo --General del Poder Judicial (CGPJ)--», entre otras administraciones.
«Estamos obligados a perseguir nuestras reivindicaciones por el bien de la justicia y por el bien de nuestra situación profesional. Seguimos adelante, nos duele de alguna forma bastante, no nos gusta en este colectivo hablar de huelgas y paros, nos repugna en cierta forma», ha lamentado.