El magistrado de Vigo Juan Carlos Carballal redacta sentencias en su casa tras implantarse la firma digital
11 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Son las 10.30 horas y el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, Juan Carlos Carballal, inserta su tarjeta de firma digital en el ordenador de su despacho. Accede a un portal judicial y salta en la pantalla una lista de 40 expedientes numerados que tiene que firmar esa misma jornada. Es de los pocos magistrados de Vigo que han renunciado al bolígrafo y usan la firma digital. «Los funcionarios ya me han preparado en lo que va de mañana 40 expedientes, supervisados por la letrada de la Administración de Justicia [la laj]. Me ponen una referencia para que yo sepa del asunto que trata», explica el magistrado sentado en la mesa con los documentos que debe examinar ese día. Su jornada matutina seguirá por la tarde en casa escribiendo sentencias, tarea que incluye los fines de semana, a veces vigilias hasta la medianoche. «Se trabaja todos los días», dice.
Carballal es uno de los pioneros que implantó el papel cero en su oficina. Todo va por correo electrónico y escaneado en documentos en formato PDF. En su paso por Civil salió bien, pero ahora en Instrucción la digitalización se ha empantanado por carencias técnicas.
A primera hora de la mañana, Carballal revisa todos los asuntos nuevos y registrados, tras pasar un filtro de la laj, y estudia si hay delito o si hay que pedir pruebas o diligencias de investigación. Luego, consulta los recursos o peticiones de trámites de las partes. Por ejemplo, si se acuerda el final de la investigación. La mañana sigue con las sentencias de los juicios, que ya redacta en Word en casa. Tramita lo del día a día y resuelve las consultas de los funcionarios.
«El problema fundamental es que el sistema informático no está tan modernizado como en otras Administraciones como la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social. Somos plan piloto en Instrucción para implantar el expediente digital, pero no lo hemos podido desarrollar completamente y los documentos no están indexados. Es todo un escaneo puro y duro, pero no se puede hacer una búsqueda en el visor como en Hacienda», dice el magistrado.
Además, echa en falta una adecuada integración entre las plataformas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fiscalía con su juzgado. Y falta un control de todos los asuntos que haya en otros juzgados para que salten alarmas si son relevantes para la investigación.
También da problemas la firma digital, «porque hay que estar con continuas actualizaciones y se cuelga a menudo el sistema». La semana pasada firmó documento a documento y no en bloque, a la espera de que se solucionen. Al menos, tiene la posibilidad de trabajo remoto y accede al programa judicial Minerva y al portafirmas desde casa. «Es una ventaja, porque ya puedo entrar en cada procedimiento y no necesito traer el documento Word al despacho en un pincho [lápiz USB] desde casa, sino que puedo trabajar desde allí y adelantar. A veces va lento por Internet, pero me ha solucionado bastante».
Destaca que, desde el punto de vista procesal, el gran problema es la exigencia de finalizar una instrucción en seis meses, lo que es «muy complicado». Después de tres meses de huelga, ahora tienen un trimestre menos, lo que los obliga a revisar todos los expedientes para que el fiscal pida la prórroga por declaración de complejidad. «La Audiencia ha dicho que ese plazo no es determinante, sino impropio a efectos de dilaciones indebidas, pero siempre debemos acabar las causas en seis meses y es complicado, porque citas a la gente y no viene o tienes que pedir colaboraciones a otros juzgados y tardan mucho. En Galicia, por la huelga, hay retraso».
También menciona la sobrecarga de trabajo, una de las 14 quejas de los magistrados en huelga. «Todos los jueces de España sobrepasamos el 100 %, estamos en más de un 120 o en un 150 %. Hacemos más trabajo del que entra, es una carga insalubre y esto está reconocido por riesgos laborales, por las mutuas y por el propio Consejo General del Poder Judicial, que admite que las cargas son inaceptables, pero la realidad es que el sistema de Administración de Justicia funciona porque todos estamos sacando más trabajo del que nos corresponde. Si todos hiciésemos estrictamente lo que marca la ley, esto colapsaría», dice. Añade que en los controles médicos han detectado riesgos psicosociales de estrés o déficits de iluminación de las instalaciones y hay casos de sobrecarga de trabajo de jueces en fase «muy grave».
La Xunta, el TSXG y el CGPJ se reúnen hoy para organizar el trabajo atrasado
Las consecuencias de la huelga de Justicia
El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, se reúnen esta mañana para abordar un plan de recuperación del trabajo en los juzgados gallegos tras el fin de la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. El conflicto paralizó los juzgados durante tres meses, y durante este tiempo se estima que fueron suspendidos más de 25.000 juicios