La Fiscalía atribuye a dos cargos de la Xunta en Ourense coacciones para echar a dos inquilinos
GALICIA
Aprecia «medidas de presión no legítimas» para recuperar un piso
18 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La secretaria xeral técnica y el subdirector de Patrimonio de la Consellería de Facenda, Socorro Martín y Pablo Moure, «entendían intolerable» que los inquilinos de un edificio propiedad de la Xunta pagaran rentas mensuales de 25,26 y 74,97 euros. Por ello, de acuerdo con una querella de la Fiscalía contra ambos, acudieron a resortes legales y «medidas de presión no legítimas» para recuperar la plena posesión de un edificio de la avenida de La Habana, en Ourense. La investigación llevó ante el fiscal jefe, Florentino Delgado, a los dos querellados, que declararon en verano como investigados y asistidos de abogado. El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, acudió como testigo. Sus explicaciones convencieron al representante del ministerio público, que ciñó la querella a los dos altos cargos, al apreciar un delito de coacciones inmobiliarias.
Sin esperar al momento de dar respuesta a la demanda en el juzgado que siga la instrucción, Facenda negó ayer el acoso, al haber trascendido la presentación de la querella, expresó su voluntad de colaboración con la Justicia e informó de que no tenía notificación de la acción penal.
La Xunta había intentado sin éxito el desalojo voluntario a finales del 2013 y el desahucio en el 2014. El juzgado de primera instancia lo denegó y la Audiencia declaró firme la sentencia en diciembre del 2015. En enero del 2018 quedó el edificio sin ascensor, una situación que sufrió especialmente la vecina del cuarto izquierda, que es una mujer de avanzada edad. Dice ahora la Xunta que la decisión se produjo a causa de una inspección técnica. El pasado mes de mayo, con la investigación fiscal ya iniciada, contrató la Administración una reparación que, según la empresa ha comunicado, finalizará «nos vindeiros días», dice Facenda.
El acoso que atribuye el fiscal incluye la «supresión de manera total del mantenimiento de todas las zonas comunes del edificio, dejando de realizar las limpiezas y reparaciones, no sustituyéndose el alumbrado y no realizando el mantenimiento de los servicios tales como el de ascensor». Intentaban los querellados, de ese modo, «presionar a los inquilinos para el desalojo». Sin portero automático y sin servicio de limpieza, la situación «a día de hoy se puede calificar como lamentable e insalubre». El fiscal considera que los cargos de Facenda se han «extralimitado en sus funciones públicas».
La denuncia a la Fiscalía en la pasada primavera presentaba la situación como un caso de asedio, o mobbing inmobiliario, y el ministerio público lo secunda.
La mujer, que en julio se rompió la cadera y se vio obligada a trasladar su residencia a un hotel, se subrogó el arrendamiento de la vivienda en enero de 1994, al morir su marido, el abogado Celso Vázquez Gulías, que en 1963 había firmado el primer contrato con la Cámara de la Propiedad Urbana, dueña del edificio. El inmueble pasó a la Xunta, que se subrogó los contratos de alquiler al desaparecer la Cámara. Este edificio estuvo temporal y parcialmente ocupado por el Imelga y por los juzgados de lo contencioso hasta la inauguración del nuevo edificio judicial de Ourense.