
La mujer, víctima de acoso inmobiliario, por el que la Fiscalía se querelló contra la Xunta, asegura que se siente martirizada
03 abr 2019 . Actualizado a las 16:04 h.«Es de tan mal gusto que me resulta difícil de entender», dice Lucila Vázquez Campos, inquilina de una vivienda de Ourense de la que es titular la Xunta. La Fiscalía considera que la Administración ha sometido a la mujer a una situación de acoso inmobiliario y por ello se ha querellado contra dos cargos de la Consellería de Facenda. La mujer, de avanzada edad y viuda desde 1994, asegura que, cuando se quedó sin ascensor y se percató de que la situación iba a mantenerse durante más tiempo del aceptable, se le vino el mundo encima. «Con tanto sufrimiento, a veces estaba desquiciada. Esto es un martirio. Lo era cuando estaba en mi casa, obligada a bajar por la mañana, comer fuera y regresar por la tarde, pues no me veía capaz de subir y bajar más veces al día», dice esta mujer, dolida porque, según apunta, sin terminar la frase, «cuatro pisos, a mis años...».
Con fuerzas «para muchas cosas, con esto no podía: cuando entraba en casa, lo hacía agotada, no podía dar un paso más», afirma. «Lo que más me indigna de todo es que jamás me miraron de frente», sostiene, en contra de la versión oficial, en la que se hace referencia a ofertas e intentos de acuerdo amistoso.
En este punto de la conversación interviene Lucila Vázquez-Gulías, hija de la mujer, para aclarar que las comunicaciones con la Xunta se han desarrollado a golpe de burofax. O en los juzgados, donde la Administración se estrelló cuando litigó en su afán por recuperar esta vivienda. «Nadie vino de frente. Bueno, sí, el notario, enviado por la Xunta para ver si vivía allí», lamenta Lucila madre, que dice haber hecho las cosas «siempre derechita» y ahora espera «a ver si, como dicen, arreglan el ascensor para poder regresar a casa, donde tengo mis cosas y mi vida».
La fractura de cadera que sufrió a finales de julio no solo mostró la fragilidad de sus huesos, sino que acabó con el singular ritmo de vida que se había impuesto. «Salía por la mañana. A misa a Salesianos. Después paseaba por los Remedios y comía en una cafetería próxima, el Memphis. Les estoy muy agradecida por todo el apoyo que me dieron en estos meses. Con el buen tiempo subía hasta el parque de San Lázaro, comía en alguna terraza, tomaba el aire y retrasaba el regreso a casa todo lo que podía». Vive en un hotel. Sigue con muletas: «Ahora espero a que se cumpla lo que en mayo me dijeron los que fueron a arreglar el ascensor: que sería cosa de tres meses, pues tenían que encargar piezas». Llevaba ya cuatro meses obligada al esfuerzo de los cuatro pisos, ayuda ajena, bolsas y papeles para no mancharse en los sucios pasamanos.
El conselleiro de Facenda defiende a sus dos directivos y el PSOE llevará el caso al Parlamento
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, dio ayer un paso al frente para defender a los dos cargos que el departamento que dirige tiene en Ourense. «Pode haber erros, pero o que sempre se antepón é o interese xeral», dijo el conselleiro durante la rueda de prensa de presentación de los presupuestos de la Xunta. Valeriano Martínez aseguró que tiene «un coñecemento moi profundo» de los dos cargos denunciados por la Fiscalía, que son la secretaria xeral técnica de Facenda y el subdirector de Patrimonio. El conselleiro explicó que a las personas de avanzada edad que residen en el edificio se les ofreció un alquiler equivalente al que pagaban o una indemnización, al tiempo que alegó que el objetivo «era o ben xeral» para tratar de ahorrar gasto en alquileres a la Administración en la provincia de Ourense.
Mientras, el PSdeG anunció ayer que llevará al Parlamento gallego la denuncia del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, contra los dos cargos de la Consellería de Facenda. El PSdeG informó de que la diputada socialista Noela Blanco presentó una batería de iniciativas parlamentarias en las que pide al Gobierno gallego que dé cuenta de las responsabilidades que piensa asumir ante la denuncia de la Fiscalía de Ourense.