La Fiscalía celebra que se acepte que sea el juez de la Audiencia quien articule la reclamación en el Reino Unido
21 dic 2018 . Actualizado a las 17:46 h.La sentencia del Tribunal Supremo solventa uno de los aspectos cruciales para poder reclamar en Londres los 1.000 millones de dólares (874 millones de euros) del seguro suscrito por el armador con la mutua marítima británica London P&I Club. Así, el alto tribunal estima el recurso de la Fiscalía y deberá ser el juez de la Audiencia coruñesa, y no las partes, quien formalice la ejecución de la sentencia en el Reino Unido para optar a los 1.000 millones de dólares del seguro. Es decir, se da una mayor fuerza a la ejecutoria, pues contará con un mandato judicial explícito de la jurisdicción española en el incierto camino procesal para reclamar, en el Reino Unido, el dinero del seguro.
La Fiscalía General del Estado celebró este jueves la decisión del Supremo. «La sentencia destaca que la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene la actuación de oficio por el juez español encargado de la ejecución, por lo que es dicho juez quien debe librar lo procedente ante el Reino Unido, conforme a la normativa de ejecución del derecho comunitario», explica la Fiscalía en un comunicado. Esto implica que se favorece «la tutela de las víctimas ante los tribunales siguiendo el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», añaden.
En realidad, este mandato es lo único claro en el nebuloso proceso de ejecución que se abre ahora y que tendrá la jurisdicción británica como escenario principal. Deberá ser la Audiencia, en colaboración con la Fiscalía, la que articule el procedimiento, cuyo protagonismo recaerá en la Abogacía del Estado. Lo que se desconoce es si la Administración actuará como representante de todos los intereses -con fórmulas de subrogación, adelantando compensaciones, como proponen algunos abogados- o simplemente facilitará el acceso de los afectados al procedimiento.
Un bufete en Londres
En cualquier caso, el Estado deberá contratar a un bufete especializado británico que generará una relevante partida de gastos -como sucedió con la demanda fallida contra la clasificadora en Nueva York-, con la espada de Damocles del brexit encima, pues la desconexión se produciría a finales de marzo y el mandato judicial expreso se basa en la legislación comunitaria. Para complicar aún más el asunto, la aseguradora se ha blindado en la jurisdicción británica, de tal forma que cualquier reclamación sobre la póliza deberá hacerse en base al derecho del Reino Unido. Esto implica que la aseguradora solo estaría obligada a pagar si antes lo hace el armador, algo totalmente improbable.
Álvaro García Ortiz, fiscal del caso, cree que la sentencia es «positiva» porque «cierra el circuito judicial del caso en España» y articula un instrumento «que ampara mejor a las víctimas». Pero admite que el proceso de ejecución posterior aún está por concretar.
Para ecologistas y partidos políticos, las compensaciones son escasas
Las organizaciones ecologistas (Arco Iris, Greenpeace o WWF) fueron unánimes al valorar la sentencia del Supremo, y consideran que la resolución «no refleja en absoluto» el daño real ocasionado. De hecho, la Fiscalía lo valoraba en 4.328 millones, frente a los algo más de 2.000 ratificados por el tribunal. Arco Iris, organización personada en la causa desde el principio, es pesimista y cree que no se va a lograr el dinero del seguro.
Los partidos políticos que dieron su opinión sobre el asunto coinciden con los ecologistas, como fue el caso de En Marea. El PSOE, además, recordó que hay «responsabilidades pendientes». La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó la resolución de «nova burla a Galicia» y pidió que la compensación se invierta en la comunidad.
