Desde el inicio de la crisis, la jurisdicción social ha visto incrementada su carga de trabajo de forma alarmante. La congelación presupuestaria sufrida desde el año 2010 aumentó la gravedad de los atrasos en el señalamiento y celebración de los juicios. En Galicia, las cuatro localidades más afectadas por los recortes del Ministerio de Justicia fueron A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela y Lugo. Estas cuatro localidades llevan años ingresando asuntos por encima de la media establecida por el Consejo General del Poder Judicial. En el año 2010, Santiago de Compostela y Lugo tenían los mismos juzgados de lo social que Ourense y Pontevedra (tres), y las cargas de trabajo eran prácticamente iguales en las cuatro localidades. En ese año, justo a tiempo, en Ourense y Pontevedra se creó el cuarto juzgado y hoy están prácticamente al día, mientras que Santiago y Lugo, que se quedaron en tres, colapsaron, y soportan ahora un atraso muy superior al del resto (más de mil asuntos de diferencia por juzgado).
Por esta causa, desde hace más de dos años los órganos judiciales de lo social de estas localidades están reforzados con jueces de adscripción territorial de apoyo nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Cuando fueron nombrados el servicio de inspección del Consejo remitió un informe a la Xunta en el que le requería para que designase funcionarios para auxiliar a estos jueces, sin embargo la Dirección Xeral de Xustiza nunca lo hizo. Especialmente sangrante resulta el caso del Juzgado de lo social número 3 de Santiago que fue creado por la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza con dos funcionarios menos de plantilla. Así que la Xunta también debería cumplir con su responsabilidad y hacer los deberes que le corresponden, como son los de dotar de recursos humanos a los órganos judiciales de lo social de Galicia.