El Gobierno lleva al juzgado la compra del pazo de Meirás por los Franco

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Europa Press

Los abogados del Estado hallan un acta notarial que demostraría que hubo fraude

11 jul 2019 . Actualizado a las 10:09 h.

El Gobierno central ha presentado una demanda contra la familia Franco en un juzgado de A Coruña en la que considera que la venta del pazo de Meirás al dictador se hizo de modo fraudulento. La demanda se basa en un documento notarial desconocido que ha sido hallado por los abogados del Estado, según la edición digital de El País. En el escrito presentado en el juzgado se exige que se rectifique la certificación existente en el Registro de la Propiedad y que se anulen el título de donación del año 1938, la compraventa realizada en 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco.

Con esta demanda judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende recuperar la propiedad del pazo de Meirás para el patrimonio público, una reivindicación que viene siendo planteada por varias asociaciones y que se ha visto refrendada por el propio Parlamento de Galicia con unanimidad de todos sus miembros. Preguntado esta mañana en Los desayunos de TVE, el presidente en funciones respondió que el Gobierno exigirá la devolución al Estado del Pazo de Meirás por que los Franco «actuaron contra derecho». «Así de claro», zanjó Sánchez.

En la actualidad el pazo de Meirás es un bien de interés cultural que la familia tiene que abrir a las visitas durante un determinado número de días. Mientras, los Franco pusieron a la venta en febrero del 2018 la propiedad en una inmobiliaria de Cantabria por un precio de 8 millones de euros.

El Gobierno central encargó un informe jurídico el pasado mes de octubre para analizar las opciones de recuperar Meirás, con el objetivo de avanzar «paso a paso desde el rigor y con todas las garantías judiciales». 

El Parlamento gallego insta por unanimidad la devolución del pazo

Todos los grupos políticos del Parlamento de Galicia se pusieron de acuerdo el verano pasado para aprobar una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a iniciar un proceso civil para la devolución del pazo de Meirás al patrimonio público. El texto consensuado por las cuatro fuerzas recoge la voluntad expresa de que el retorno de la propiedad se haga sin coste alguno para el erario público. Una mención con la que los grupos sortearon el principal punto de disensión: la posibilidad de que los Franco fueran indemnizados por el mantenimiento del pazo desde 1975, siempre que justificasen los gastos.

Esta era una de las cuestiones que advertía el informe encargado por la Xunta a la comisión de expertos. El hecho de que, si el juez consideraba a los herederos del dictador poseedores de buena fe de la propiedad, tuviesen derecho a ser resarcidos económicamente. Ana Pontón, del BNG, calificó ese hipótesis como «unha bofetada ás vítimas e á dignidade de Galicia», algo inasumible para el Parlamento gallego, y Antón Sánchez, de En Marea, recordó que «os herdeiros de Franco eran perfectamente coñecedores da orixe da propiedade».

En su respuesta, Pedro Puy, el portavoz popular, expuso que el informe de los expertos advertía de ese como un escenario posible en términos jurídicos, sin que ello supusiera respaldar políticamente la indemnización a los Franco. Finalmente, los grupos zanjaron esta discrepancia incluyendo en la resolución aprobada la negativa de la Cámara gallega a que se les abonase cantidad alguna a los herederos de Franco. «Hoxe temos unha gran oportunidade de facer un exercicio democrático e de contribuír á demostrar a superioridade moral da democracia sobre calquera outra forma de goberno», sostuvo Puy.

El acuerdo de los cuatro grupos fue también posible gracias a la coincidencia en otros dos puntos: la necesidad de que la Xunta se personase en la causa y el reconocimiento de todas las personas que han trabajado por la recuperación de la memoria histórica.  

Puntos excluidos

Finalmente, no entraron en la proposición dos cuestiones que planteaba el Bloque en su propuesta: la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y la inclusión de un posicionamiento político del Parlamento en favor de 19 miembros del BNG procesados por la denuncia de los Franco tras la ocupación simbólica el 30 de agosto. Una movilización que los nacionalistas emprendieron una vez conocido que era la Fundación Franco la que gestionaba unas visitas en las que se ensalzaba la figura del dictador.

Las «argucias» de los Franco para no devolver Meirás

El diputado nacionalista Luís Bará encontró respaldo el pasado otoño en la cámara gallega para reprobar los «preocupantes» movimientos de la familia del dictador para boicotear y entorpecer las iniciativas de la Diputación y de la propia Cámara, que debe impulsar el Estado.

El diputado nacionalista incluyó entre esas «artimañas» el intento de venta del pazo de Meirás y la operación de Francisco Franco Martínez-Bordiú para deshacerse de su parte y colocarla en una sociedad que controla. «Se desde as institucións públicas, neste caso o Estado, non hai unha actuación rigorosa e con axilidade», no se alcanzarán los objetivos, denunció Bará, quien exigió que este asunto se convierta en prioridad política «porque hai informes para iniciar o procedemento» y recuperar Meirás. Sobre los intentos de venta, llamó la atención de la Xunta, porque se trata de un bien de interés cultural, cuestión que es de su competencia.

Juan Manuel Díaz Villoslada, del PSdeG, también denunció las «argucias» de la familia y apoyó la propuesta, pero lamentó que el nacionalismo trate de «patrimonializar» las iniciativas relacionadas con la memoria histórica, y por ello reclamó que no se ponga en cuestión la actitud del Gobierno en esta materia.

Varios miembros del Europarlamento, acompañados por la eurodiputada del BNG Ana Miranda, visitaron el enclave hace un año para calificar de «espolio del franquismo» la situación del pazo gallego y reclamar que sea «devuelto al pueblo».