Automovilistas y camioneros rechazan la idea del Gobierno de cobrar en las autovías

La medida afectaría en Galicia a 560 kilómetros de seis viales que actualmente son de circulación gratuita

Imagen de la A-52, una de las autovias que se verían afectadas por el peaje
Imagen de la A-52, una de las autovias que se verían afectadas por el peaje

LA VOZ / REDACCIÓN

El globo sonda se mueve ya entre la opinión pública. La idea relanzada por el Gobierno de establecer algún tipo de peaje en las autovías españolas ha hecho fruncir el ceño a la mitad del país, especialmente a los usuarios de estas infraestructuras. «Penso que xa contribuímos bastante ao mantemento das autovías», apuntaba este martes Alberto Vila, presidente de Fegatrans, la asociación de transportistas más numerosa de Galicia, quien recordaba que más de 30 céntimos de cada litro de gasóleo corresponde al impuesto de hidrocarburos.

La idea, que surge con cierta frecuencia alentada por el Gobierno, fue deslizada el lunes por fuentes del Ministerio de Fomento y corroborada por su titular en funciones, José Luis Ábalos: «Es una cuestión de debate», admitió. La ministra de Hacienda, también en funciones, le secundó afirmando que el Gobierno estudia formulas que «permitan una mayor y mejor conservación de las carreteras».

El Gobierno ya ensayó el año pasado una estrategia similar generando un debate que pretendía crear una comisión para estudiar la financiación en el mantenimiento de red viaria de alta capacidad que, en aquel momento, cifró en 1.100 millones de euros anuales. Sin embargo, la comisión no llegó a ser creada y el asunto quedó en hibernación hasta esta semana, cuando Fomento ha decidido reavivarlo.

Sorpresa en la Xunta

En Galicia, la medida podría afectar a 560 kilómetros de autovías que son de responsabilidad estatal y que dejarían de ser de circulación gratuita. La mayor parte de esos kilómetros corresponden a la A-6 y a la A-52 que son las principales vías de comunicación con la Meseta. Si la Xunta añadiera a este plan las vías de alta capacidad de su responsabilidad, el impacto sería mucho mayor ya que incorporaría la autopista entre Dozón y Ourense o a las autovías del Barbanza o de la Costa da Morte.

En cualquier caso, responsables de la Xunta mostraron este martes su sorpresa por el hecho de que el Gobierno lance esta propuesta «estando en funcións» y la consideran «unha escusa para manter bloqueados outros asuntos urxentes».

La idea ha recibido un rechazo frontal de los principales usuarios de las autovías: automovilistas y camioneros. Fenadismer, federación que agrupa a asociaciones de transporte de toda España, mostró a través de un portavoz su rechazo a la medida incidiendo en la contribución vía impuesto de hidrocarburos que ya efectúan los transportistas. También apuntó a que el establecimiento de este peaje, que el ministerio calificó como «simbólico», acabaría encareciendo el transporte y, consecuentemente, el precio de los productos.

El RACE también se ha mostrado contrario a la idea. Su director de seguridad, Antonio Lucas, llamó la atención sobre las consecuencias de ese nuevo peaje que, en su opinión, «penalizará el uso de las vías más seguras». Lucas consideró que la medida «puede hacer que muchos conductores, precisamente para evitar este pago por uso, se vayan a carreteras secundarias, que es donde se produce el 78 % de los accidentes mortales». El miembro del RACE señala además que la medida sería contraproducente con respecto al objetivo de sacar todo el tráfico posible de las vías con mayor siniestralidad.

Igualmente, la organización de consumidores Facua consideró que la idea es una amenaza para los ciudadanos con menor poder adquisitivo ya que obligaría a todos los usuarios de estas vías a abonar la misma cantidad: «De esta forma, existirían dos tipos de conductores: uno con un nivel adquisitivo más alto, que podría transitar por las autovías, y otro que, debido a no poder hacer frente al pago, se enfrentaría a carreteras con un mayor riesgo de accidente y en peores condiciones».

Los constructores, a favor

No todo han sido reacciones adversas. Las palabras de los ministros en funciones fueron muy bien recibidas por la patronal de los constructores. Julián Núñez, presidente de este colectivo, se mostró de acuerdo con el cobro de este nuevo peaje. Según su criterio, el mantenimiento de esta red de alta capacidad corre a cargo de todos los contribuyentes, usen o no su automóvil, de manera que la medida supondría liberar una cantidad que Núñez cifró en 2.000 millones de euros y que, según dijo, equivaldría a la construcción de 13 hospitales cada año.

En cualquier caso, la derivación de ese eventual peaje es una cuestión discutible, de acuerdo con la opinión del presidente de Fegatrans, Alberto Vila: «Máis peaxe ten a AP-9 e iso non significa que o seu mantemento sexa o óptimo. Ninguén asegura que unha peaxe nas autovías sexa garantía de que estean ben mantidas».

El presidente de Andalucía: «¿Es una broma?»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fue uno de los primeros políticos en reaccionar ante la idea lanzada por el Gobierno de incluir un peaje simbólico en las autovías. «¿Es una broma?», escribió en su cuenta de Twitter. El jefe del Ejecutivo andaluz indicó: «El Gobierno del PSOE se niega a pagarle a Andalucía los 4.000 millones que reclama nuestro Parlamento» en relación al sistema de financiación autonómica, «y encima quiere hacernos pagar por usar las autovías construidas con nuestros impuestos».

Su compañero de filas, Teodoro García, también se pronunció sobre la medida: «Todo lo que viene del PSOE son más impuestos», manifestó. El número 2 del PP añadió que el PSOE: «Está demostrando una vez más su incapacidad», en relación con esta propuesta y criticando la incapacidad mostrada por el actual ejecutivo en funciones para sacar adelante los presupuestos que según su criterio, contemplaban una subida de impuestos.

Montero sobre los peajes: «Ha caducado un modelo obsoleto»

La ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero defendió la propuesta de Fomento, pero con matices. Pese a que se apresuró a apuntar que el cobro sería en cantidades muy inferiores a la media de las autopistas de peaje y que se trataban de medidas en estudio, añadió que aún quedan los «flecos» de un modelo «caducado y obsoleto», el del pago por la utilización de determinadas autovías, como sucede en Cádiz, donde «llevan más de 40 años pagando el mantenimiento de la autovía por una concesión pública», una idea contradictoria con la expresada por Fomento consistente en incluir nuevos peajes.

Montero insistió en que se han puesto en marcha diferentes modelos en el entorno de España para intentar dar respuesta al mantenimiento de las carreteras y garantizar la seguridad, fomentando un «tránsito seguro».

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