Las empresas de autobuses lanzan una ofensiva de recursos para ralentizar o parar el plan
13 nov 2019 . Actualizado a las 20:18 h.La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se dispone a analizar las alegaciones a la segunda fase del plan de transporte -un total de 207-, buena parte de ellas de los concellos y de las empresas del transporte, que se resisten a perder la cuota de negocio que desde hace muchos años tienen con el modelo de bus escolar exclusivo que dependía de la Consellería de Educación.
Las nuevas líneas compartidas se han ensayado ya con éxito en la primera fase del plan de transporte en 201 colegios, en aquellas zonas en las que las concesionarias habían renunciado a seguir prestando el servicio. En el nuevo proceso de adjudicación se ampliará a 113 colegios más, de forma que prácticamente todo el transporte escolar en la provincia de Ourense será compartido. Estas nuevas líneas comenzarán a funcionar como servicios integrados (pasajeros generales y alumnos) en enero del 2020, cuando ya se ha iniciado el curso. La culminación del modelo se producirá cuando entren en funcionamiento los contratos de la segunda fase, que afectarán a otros 145 centros educativos. Pero eso no será hasta el inicio del curso 2020-21. En total, se implantará en 459 colegios, la gran mayoría en zonas rurales, pues en las áreas metropolitanas apenas hay plazas libres en los autobuses, de ahí que en la segunda fase el número de centros sea inferior. Las líneas que no se compartan seguirán dependiendo de la Consellería de Educación, mientras que las integradas pasan a ser competencia de Infraestruturas.
Las concesiones de la primera fase se adjudicaron mayoritariamente en agosto del 2017 y su concesión expiraba dos años después. Deberían estar ya adjudicadas, pero los sucesivos recursos administrativos de las empresas -en los judiciales del contencioso-administrativo no lograron la suspensión cautelar- retrasaron el proyecto cerca de dos meses, por lo que no se ha podido seguir la hoja de ruta inicialmente prevista y es posible que no se formalicen los nuevos contratos hasta noviembre, para empezar a iniciar las rutas en diciembre.
Además del recurso ante el Tribunal de Recursos Administrativos de Galicia y los dos en la jurisdicción contencioso-administrativa -rechazados todos ellos-, se plantearon otros recursos por las valoraciones técnicas de las ofertas, poniendo en cuestión la objetividad de la Administración. Fuentes del Gobierno autónomo asumen que es una estrategia para intentar no perder el jugoso negocio del transporte escolar, en el que Galicia se gastaba 120 millones de euros al año. A cambio, las concesiones no serán a riesgo y ventura, como era hasta ahora, sino que se equilibrará el déficit de explotación en zonas de baja demanda con una importante inyección de dinero público, de forma que las arcas públicas sostendrán cerca del 70 % del volumen de negocio total. De los 100 millones de euros anuales que generarán las concesiones, unos 68 millones los aportará la Xunta.
Problemas con la jornada única
En cualquier caso, las estrategias de dilación de las federaciones de transporte en defensa de sus intereses en ningún caso interrumpirán los servicios que ya se están prestando. Aunque el retraso sí tuvo influencia en la reorganización de algunos servicios escolares en centros educativos en los que estaba previsto optar por la jornada única este curso. Para evitar los trastornos a las familias que supondría aplicar estos cambios en enero, tres meses después de iniciado el curso, la Xunta asumió el coste adicional de estos cambios en 20 centros escolares hasta la adjudicación de los nuevos contratos.
