Su beneficio se dispara en un semestre, con el nivel de tráfico más alto en seis años
23 sep 2019 . Actualizado a las 22:05 h.Audasa le está sacando partido a las subidas extraordinarias de los peajes con las que la concesionaria de la AP-9 recuperará la inversión realizada en la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago. A cuenta de dichas obras y bonificaciones, el Ministerio de Fomento permitió a Audasa aumentar el 31 de octubre pasado un 2 % sus tarifas, que ya se habían incrementado en enero del 2018 otro 1,91 %, y a comienzos de este año le autorizó otra triple subida: un 1,68 %, como al resto del resto de las autopistas estatales, otro 1 % por las citadas ampliaciones y un 0,80 % más para compensar a la empresa por la gratuidad en los viajes de vuelta en el eje Vigo-Pontevedra implantado en el 2013 por Ana Pastor.
Esas cuatro subidas extraordinarias le han reportado a Audasa 2.237.000 euros en los ocho meses transcurridos desde su implantación hasta el cierre del primer semestre, tal y como desvelan las cuentas semestrales de la empresa presentadas ayer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cada día de los 123 que van entre ambas fechas a los usuarios de la autopista le han cobrado a mayores 18.187 euros.
Pero esa cantidad no hará más que incrementarse por la misma vía extraordinaria y acumulativa cada año hasta el 2043. Cada 1 de enero los peajes subirán un 1 % para sufragar los 227,1 millones de euros (más 41,7 millones en intereses a un 8 % y otras compensaciones) en los que Audasa cifra las obras de Vigo y Santiago. También el año que viene se agregará otro 0,80 % más para repercutir en todo el vial la gratuidad entre Vigo y Pontevedra.
El incremento de precios es reconocido por Audasa en su informe de gestión como clave en el ascenso que la empresa ha logrado en sus ingresos entre enero y junio, tiempo en el que sus cabinas han recaudado 71,4 millones de euros, 394.568 cada día. Dicho balance supone un aumento del 7,5 % respecto al mismo período del año anterior, según la empresa a «consecuencia tanto de un ascenso del tráfico de cobro en un promedio del 2,02 % [el que no discurre por los tramos gratuitos], como de la revisión anual de tarifas», que en el 2019 fue de un 3,51 %, el mayor de todo el sector en España por la repercusión en los precios de las obras de ampliación y bonificaciones ordenadas entre Vigo y Pontevedra.
Beneficios disparados
En todo caso, el incremento en los beneficios está muy por encima del aumento de ingresos. Si la recaudación fue 7,5 puntos superior a la del primer trimestre del 2018, los beneficios aumentaron un 17,5 %, 18,8 millones de euros en total en todo el semestre. Para Audasa esa diferencia se explica precisamente por el incremento de las tarifas, que han propiciado que las cuentas de ingresos de la AP-9 se disparen y se sitúen ahora en el mismo nivel del escenario precrisis del 2007, si bien su récord histórico lo estableció un año después con 3,4 millones más que en el primer semestre de este año.
La compañía integrada en el grupo Itínere apunta en sus cuentas a que las «expectativas de crecimiento resultan optimistas en el corto plazo». Ninguna mención se hace en el balance depositado ante la CNMV sobre los posibles efectos negativos de un fallo judicial contrario a Audasa por la denuncia colectiva promovida por la Fiscalía de Pontevedra, que consideró «abusivo» que la concesionaria cobrase íntegros los peajes pese a haber reducido las prestaciones del vial durante la reciente ampliación de Rande, a donde esta noche vuelven las obras con cortes nocturnos. Pese a la marcha positiva de las cuentas, tampoco Audasa anticipa la posibilidad de rebajas en sus peajes como llevan a cabo la práctica totalidad de concesionarias del resto de España.
La concesionaria exige 8,8 millones más a Fomento por Rande y A Barcala y la amortización de la autopista llega solo al 19 %
Las cuentas confeccionadas por Audasa están incompletas, a juicio de la propia concesionaria. Según su criterio, el capítulo de ingresos debería reflejar 2,3 millones de euros más en la primera mitad del año a cuenta del paso de vehículos por Rande y A Barcala, cuyos peajes fueron asumidos en el 2006 por la Administración. La concesionaria de la principal autopista gallega reclama en vía contencioso administrativa 8,8 millones de euros en total por los coches que Fomento no contabiliza desde el verano del 2017, cuando advirtió que el modo de cuantificar los peajes en ambos puntos suponía un «enriquecimiento injusto» por parte de Audasa al detectarse «una diferente evolución de los ingresos por el peaje de los tramos en los que se implantó la supresión del cobro respecto a los del resto de la autopista».
La concesionaria advierte en las cuentas presentadas ayer que ese cambio de criterio fue «una modificación unilateral y no justificada» y que le supone una reducción en los ingresos en ambos tramos del 45 % respecto a sus cálculos.
Tras 40 años abierta, la AP-9 ha ingresado en peajes 3.014 millones de euros hasta junio, de los que 872,9 millones se convirtieron en beneficio neto para la empresa. Es decir, algo más de un tercio de los ingresos en sus cabinas se han convertido en beneficios. Dicha evolución le ha permitido a Audasa repartir 37,7 millones de euros en dividendos a cuenta del ejercicio pasado a Itínere, accionista único de la concesionaria. La compañía subraya que dicha distribución de beneficios se ha destinado íntegramente a paliar el déficit que acumula el grupo Itínere, pero dicha explicación no se formula de manera alguna en las nuevas cuentas presentadas ante la CNMV.
Lo que sí refleja el balance es que la amortización de la AP-9 se sitúa tras cuatro decenios en servicio en solo un 19,25 % del coste total invertido en la autopista, porcentaje que en cambio en el 2017 rozaba el 30 %, pero que los cambios contables y las nuevas obras han menguado a menos de una quinta parte de los 1.849 millones en los que se valora la AP-9.
La empresa refleja en el balance del semestre una ampliación de plantilla inédita en los últimos años. Aunque solo fue de cinco trabajadores, se produce cuando se extiende el uso del telepeaje hasta el 61,6 % de los peajes abonados y se continúa con las prejubilaciones pactadas.
