Los ciudadanos sufrimos la falta de comunicación y colaboración entre las administraciones públicas superpuestas, más preocupadas por sus competencias y por las expectativas de sus dirigentes políticos ante eventuales comicios. El cruce de manifestaciones y desmentidos entre la Xunta de Galicia y empresas dependientes de Fomento sobre la marcha de las obras del AVE refleja esa falta de comunicación entre las instituciones estatal y autonómica.
Hemos asistido a inauguraciones de líneas de alta velocidad inacabadas con muy malas consecuencias, por lo que las fechas, los plazos y las prisas no deben marcar las agendas de los altos cargos ni de los políticos que, por supuesto, tienen derecho a fiscalizar los proyectos que se desarrollan en su territorio. Aunque estos eventuales retrasos se producen, en cualquier caso, en la recta final de la obra.
Las infraestructuras ferroviarias, que exigen entre 8 y 10 años de desarrollo, rendirán servicio durante más de un siglo, por lo que los retrasos de unos meses en su finalización o puesta en servicio acaban resultando anecdóticos. Y puestos a buscar culpables de todas las demoras y paralizaciones que nos han traído hasta el momento actual, ningún Gobierno desde el 2003 se salva de la quema. Para no confundir a la ciudadanía, debe explicarse, por unos y otros, la diferencia entre el fin de las obras, los plazos y la fecha de puesta en servicio de una línea de AVE. Las infraestructuras básicas que pondrán a nuestra comunidad en el mapa del siglo XXI exigen colaboración, cooperación y lealtad institucional. Eso necesitamos, esperamos y exigimos.