La futura ley autonómica permitirá que pasen a manos de la Xunta y no del Estado
18 feb 2020 . Actualizado a las 11:22 h.El impulso al desarrollo rural depende en buena medida de la movilidad de la tierra abandonada, esto es, de las fincas que tienen dueño conocido, y son susceptibles de venderse o de arrendarse. Pero también de todas aquellas parcelas cuyo titular no se sabe quién es. Medio Rural aspira a poder movilizar en los próximos años alrededor de 320.000 fincas de propietario desconocido: una medida clave no solo para la puesta en valor de la tierra, sino para la limpieza de franjas y para la organización de los polígonos agroforestales.
La Xunta ya tiene el respaldo legal para que estas fincas rústicas, que antes pasaban a manos del Estado una vez acabada la investigación sobre la propiedad, puedan ir ahora a parar a la comunidad autónoma, a su banco público de tierras.
De esta forma, la Administración podría ponerlas en valor hasta que apareciese el titular, por lo que tampoco sería un proceso de expropiación. Esta es una de las principales novedades que se incluyen en la futura Lei de Recuperación e Posta en Valor da Terra Agraria de Galicia, que es resultado de todo el trabajo parlamentario iniciado en Galicia a raíz de la devastadora ola de incendios de octubre del 2017, y que pretende recoger las propuestas recabadas en la Cámara para que la comunidad haga frente a uno de sus grandes desafíos: el progresivo abandono del rural. La Xunta está trabajando en el texto que se remitirá al Parlamento gallego -ahora habrá que esperar a la próxima legislatura- y que permitirá la aplicación inmediata de nuevos instrumentos voluntarios para la movilización de la tierra, herramientas que darán cabida a una mayor participación de los propietarios.
Once millones de parcelas
En Galicia hay once millones de parcelas rústicas repartidas entre 1,6 millones de titulares, lo que evidencia el elevado grado de fragmentación de la propiedad. Sin embargo, más allá del minifundio, lo que singulariza a esta comunidad es la gran proporción de dueños desconocidos, el equivalente a un 8 %, lo que dificulta enormemente la gestión pública de la tierra y la puesta en marcha de una estrategia efectiva de puesta en valor.
En el último informe elaborado por Medio Rural, y remitido al Consello de la Xunta, el departamento dirigido por José González calcula que, gracias a las iniciativas como las aldeas modelo o los polígonos agroforestales, se podrán recuperar una media anual de diez mil hectáreas agrarias.
La filosofía de las llamadas aldeas modelo es poner a trabajar tierras en pequeños núcleos de población en zonas de alto riesgo de incendios forestales, de forma que se genere un doble beneficio: la generación de una actividad económica y la protección del fuego de espacios habitados. Los polígonos agroforestales, en cambio, constituyen una iniciativa más pensada para la recuperación de grandes extensiones de terreno abandonado, de forma que se pueda instalar actividad ganadera o silvícola.
En la actualidad, la Xunta está trabajando en seis aldeas modelo en los concellos de O Incio, Boborás, Carballeda de Avia, Cenlle, O Irixo y Monterrei. A estos proyectos ya en marcha se suman peticiones de 50 aldeas modelo; en estas iniciativas, Seaga —empresa pública de la Xunta— se hace cargo de la limpieza de las fincas que se ponen en valor, coste que no recae sobre el ayuntamiento.
