Fallo histórico contra Audasa: deberá devolver los peajes «abusivos» cobrados en Rande
GALICIA
Anulados los pagos durante 94 horas y se tendrá que avisar de las incidencias o rebajar las tarifas
24 mar 2021 . Actualizado a las 12:42 h.Audasa actuó de manera «abusiva» contra sus clientes durante los 40 meses que duraron las obras de ampliación del puente de Rande. El Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra ha dictaminado que la concesionaria de la autopista AP-9 actuó con una «práctica abusiva» entre el 27 de febrero del 2015 y junio del 2018 al cobrar los peajes íntegros a los usuarios del vial pese a registrarse incidencias en el tráfico y no informar de la existencia de las mismas a los conductores antes de entrar en la autopista.
La sentencia, histórica al no haber un precedente judicial similar en España, declara nulo el cobro de los peajes hecho por Audasa durante 81 incidencias probadas documentalmente, que en total suman 94 horas divididas en tramos desde tres minutos a más de siete horas. Quienes hayan utilizado el vial en esos momentos (ver gráfico adjunto) podrán solicitar la devolución de los peajes y el pago de los intereses acumulados desde el día de uso de la autopista, eso sí, siempre que la sentencia no sea recurrida.
El fallo judicial se produce después de que la Fiscalía de Pontevedra interpusiese una demanda contra la concesionaria al considerar que cobró íntegramente un servicio que no llegó a prestar con calidad suficiente. Audasa no reaccionó ayer al fallo dictado por el magistrado Manuel Marquina, si bien se estima que recurrirá, lo que dejaría en suspenso de momento la devolución de los peajes. El Ministerio de Transportes, que se posicionó a favor de la empresa en la vista celebrada hace solo dos semanas, manifestó ayer, igual que la concesionaria, que está estudiando y analizando la sentencia. «La posición de este departamento es preservar siempre el interés público», indicó una portavoz del ministerio, que a través de la Abogacía del Estado había manifestado el temor a que el fallo judicial «se volviese como un bumerán contra los presupuestos públicos». Audasa advirtió en la vista que la devolución de los peajes «supondría una alteración de las condiciones económicas de la concesión administrativa», lo que anticiparía su intención de reclamar lo perdido al Ministerio de Fomento.
270.000 euros
Las demanda presentada contra la concesionaria de la AP-9 pretendía la devolución de los peajes a todos los usuarios que cruzaron el puente durante las obras de ampliación, lo que suponía unos 90 millones de euros. La reducción a los 81 momentos de colapso que estimó el juez lo reducen a unos 270.000 euros, según las primeras estimaciones, contando con que todos los afectados se adhieran a la causa y reclamen la ejecución de sentencia.
Audasa tendrá a partir de ahora, eso sí, que informar a sus usuarios de la existencia de incidencias en la AP-9, detallando los kilómetros afectados, la demora estimada generada e incluso una breve referencia a la causa que la motiva.
La Fiscalía llegó a pedir que Audasa indemnizara por daños y perjuicios a los conductores y acompañantes afectados por las retenciones de más de 10 minutos de duración, lo que no será atendido de manera generalizada, salvo en los casos en los que se acrediten perjuicios concretos ante otros tribunales. El juez tampoco admitió exigir a Audasa un plan de eliminación de los peajes para los casos de insuficiente fluidez del tráfico y con multa de 60.000 euros por cada día de retraso en su elaboración. No ha admitido tampoco la imposición de levantar las barreras de peaje cuando haya retenciones que provoquen retrasos de más de 5 minutos u obliguen a circular a menos del 80 % de la velocidad ordinaria de la vía.
El fallo sí apunta que habría sido «un detalle» que la concesionaria no cobrase los peajes íntegros cuando se produjeron retenciones, pero asevera que «mucho nos tememos que de nos ser condenada, nunca iba a tenerla intención de mantener el equilibrio del contrato [con sus usuarios] y la reciprocidad de obligaciones, dejando de cobrar los peajes de manera íntegra».
En-Colectivo y Adicae, las dos asociaciones que se personaron junto a la Fiscalía en la causa, se congratularon ayer por el signo de la sentencia, animando a todos los usuarios que cruzaron el puente en las fechas seleccionados por el juez a que se sumen con ellos a la reclamación colectiva. Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, estima que el fallo marca un precedente para todas las autopistas de España.
«Se obligó a la empresa a hacer la obra con el puente abierto, pero no se le obligó a cobrar»
La Fiscalía de Pontevedra, autora de la demanda contra Audasa, subrayó ayer la relevancia de la sentencia emitida por el Juzgado Mercantil por no haber precedente de una acción similar contra una autopista por menoscabo de servicio, su reconocimiento y la obligación de resarcimiento a los usuarios afectados. Como portavoz del ministerio público en Pontevedra, su fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, reitera su sorpresa por el personamiento de la Abogacía del Estado en favor de la concesionaria, de la misma manera que «no contemplo para nada que la empresa reclame ahora al Estado los importes que debe devolver a los usuarios». El ministerio público entiende que «sin duda alguna solo hay un responsable único, Audasa, porque se trata de una relación privada entre una empresa, que no es pública, y los usuarios de los servicios que presta esa empresa privada».
La Fiscalía incide en que la obligación marcada por el ministerio a Audasa era la de hacer la obra de ampliación de Rande con la autopista abierta, «pero de cobrar o no cobrar peajes nadie dijo nada». «Si no se da un servicio, ¿cuál es la causa que se mantiene para cobrar ese servicio que se deja de dar», recalca Aladro. El ministerio público estudiará en los próximos días si recurre o no el fallo para seguir defendiendo alguna de sus exigencias no atendidas.
«Si esta sentencia no marca el futuro de las concesiones de autopistas con sus usuarios debería de marcarlo», concluye el titular de la Fiscalía provincial, que estima que los usuarios de dichos servicios suelen sufrir «una situación de desvalimiento».
