Las universidades gallegas negocian fórmulas no presenciales de evaluación

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

XOAN A. SOLER

El ministerio apuesta por buscar sistemas de examen a distancia y consensuados

17 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio de Universidades admite que «ante la crisis sanitaria, y mientras no cambien las medidas de confinamiento actualmente aprobadas», es necesario «transformar la evaluación presencial actual en un sistema de evaluación no presencial, fundamentalmente». Así lo pone de manifiesto el ministerio que dirige Manuel Castells en un documento con recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia, un documento que el miércoles fue presentado telemáticamente a los representantes de las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria.

Las tres universidades gallegas están ya trabajando para definir los procesos de evaluación. El rectorado de la USC mantuvo ayer reuniones y contactos con representaciones del profesorado, estudiantes, centros y titulaciones de cara a preparar el final de curso. Se analizaron tanto las particularidades de alumnado como las incidencias y dificultades para conectarse y seguir la actividad docente: «A prioridade da USC é a de adaptarse á situación especial do estudantado nun contexto excepcional como o que estamos a vivir. Con este obxecto, a USC buscará, ante todo, as fórmulas máis flexibles, garantindo que todo o estudantado poida participar nas probas programadas en condicións axeitadas», afirma el rector, Antonio López.

El gobierno de la USC «elaborou unha proposta que ao longo de todo este xoves estivo presentando aos colectivos universitarios especialmente afectados, con especial atención a profesorado e alumnado. O obxectivo é acadar as mellores condicións para afrontar esta fase final do presente curso. Nesta liña, a nosa intención é que sempre que resulte posible, a avaliación se realice a través de procedementos non presenciais baseados na avaliación continua que non esixan a realización de exames ou probas específicas e prestando atención ás particularidades que puideran xurdir coa máxima flexibilidade», agrega.

Según el rectorado de la USC, se trabaja en la línea de las indicaciones del Ministerio de Educación, para buscar soluciones flexibles con una evaluación no presencial e intentando buscar posturas satisfactorias para todas las partes.

El equipo de gobierno de la Universidade de Vigo (UVigo) también abogó esta semana por la evaluación continua ante la suspensión de la docencia presencial decretada por la crisis sanitaria y planteó que, en la medida de lo posible, se evite la realización de exámenes finales. Así lo recogió en un manual de urgencia para la docencia y la evaluación publicado por el equipo de gobierno el lunes. El documento incluye recomendaciones para que el profesorado evalúe a distancia al alumnado, así como un resumen de instrucciones y resoluciones dictadas cuyo cumplimiento es obligatorio.

También esta semana la Universidade de Vigo entregó más de 200 rúteres inalámbricos a su alumnado para facilitar el seguimiento de la docencia virtual.

Por su parte, la Universidade da Coruña cerrará esta semana el procedimiento que le permitirá afrontar el fin de curso con arreglo a la excepcionalidad del momento pero también a la acuciante vulnerabilidad en que se encuentra una parte importante de sus 17.000 estudiantes. «Lo que más les preocupa a ellos es la equidad de la evaluación y que todos tengan igualdad de oportunidades», afirma el rector, Julio Abalde, en plena negociación con los representantes de alumnos del acuerdo marco que llevará el 23 de abril al Consello de Goberno.

Reducir el impacto

Todo el proceso será en línea, como lo es la docencia para los 1.400 profesores que desde el inicio del confinamiento han tenido que reorientar sus clases mediante videoconferencias, recursos del campus virtual y otras herramientas telemáticas. La UDC descarta volver a la actividad presencial. Muchos alumnos, sin embargo, se han quedado descolgados o no han podido seguir el plan improvisado a lo largo de las últimas cuatro semanas. «Porque no tienen acceso a la biblioteca, a una sala de estudio o al wifi de la universidad, por dificultades en la conexión a Internet desde sus casas, por cuestiones de dispersión geográfica o socioeconómicas, o porque la presión psicológica es demasiado fuerte, como para todos nosotros, y en algunos casos, con personas contagiadas en la propia familia. Desde luego no es el ambiente propicio para la necesaria concentración que requiere el estudio», explica Abalde. «A ver cómo somos capaces de reducir el impacto que esta situación pueda tener en el futuro para que no penalice a los estudiantes más desfavorecidos, precisamente, en el acceso a becas y ayudas», apunta el rector.

Los mecanismos de evaluación serán necesariamente distintos a los convencionales e incorporarán valoraciones por participación en foros de debate, presentación de trabajos y tutorías individualizadas.

Madrid no descarta aplazar las pruebas que requieran actividad física o laboratorios

El documento presentado por el ministerio considera que para garantizar la «transparencia» de este cambio, su difusión y la «equidad de oportunidades para el estudiantado», las universidades tendrían que establecer unos «criterios generales» de evaluación no presencial. Esta opción permite que cada titulación y cada asignatura concrete posteriormente cómo va a evaluar los resultados del aprendizaje de este segundo cuatrimestre. El ministerio insta a que estas actuaciones se consulten con los estudiantes y que se difundan con el tiempo necesario.

Para aquellas asignaturas cuya evaluación es «fundamental o totalmente práctica» o grados o másters que requieran el uso de laboratorios, aconseja «valorar opciones alternativas no presenciales de evaluación». En este sentido, apunta que en el caso de cambiar la situación de confinamiento, las evaluaciones podrían realizarse presencialmente con posterioridad a las fechas de evaluación establecidas.

En cualquier caso, estos cambios en el sistema de evaluación deberían «asegurar que cualquier propuesta que se aporte pueda tecnológicamente ser asumida por todo el estudiantado». Si no fuera así, debería proporcionarse «la capacidad de cobertura al conjunto del estudiantado», para garantizar así la «igualdad de oportunidades».

La Xunta emplaza al Gobierno a aclarar la política de becas universitarias

Aprovechando la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, exigió al ministro de Universidades, Manuel Castells, «que aclare ya la política de becas» que tiene previsto aplicar el ministerio con el fin de que ningún alumno se vea perjudicado por la situación actual. A este respecto, la Xunta considera que no se puede tomar como referencia la renta del año pasado para la concesión de estas ayudas, dado que muchas familias están sufriendo una importante pérdida de recursos económicos derivada de la crisis del COVID-19.

Pomar empleó su turno de intervención en la reunión para incidir también en la necesidad de fijar cuanto antes una postura clara en lo referido a los precios públicos de matrícula en las universidades, puesto que hace meses se anunció el establecimiento de un precio máximo por crédito pero todavía no hay una decisión sobre ello.

Ante esta petición, el ministro avanzó que en un plazo máximo de dos semanas se convocará una nueva reunión para tratar de manera específica este tema. Desde la Xunta remarcan la urgencia de la misma, puesto que «es necesario conocer lo antes posible las indicaciones del Gobierno central sobre este tema» de cara a la preparación del próximo curso.

Un documento de indicaciones

En la Conferencia General de Política Universitaria se abordó, además, el documento de indicaciones elaborado en base a la última reunión de este órgano, a través del que se pretende ofrecer instrucciones alrededor de la modificación de las guías docentes, el enfoque de las prácticas o las memorias de evaluación, entre otros asuntos. Sin embargo, la conselleira considera que este documento está ya «obsoleto», puesto que el final del curso universitario «está a las puertas».

La demora del ministerio, según la opinión de la Xunta, obligó a que las comunidades autónomas elaborasen sus propias directrices, en colaboración con los rectores de las universidades. De hecho, apuntan, ya se publicaron resoluciones rectorales alrededor de todas estas cuestiones, de manera que el documento que el ministerio presentó en la reunión celebrada el miércoles se ha quedado, a entender de la Administración gallega, desfasado.

Con información de Joel Gómez, Montse Carneiro y M. Santalla.