Conde Roa y su equipo han sido desimputados en la principal pieza de la Pokémon en Santiago, pero el caso dinamitó sus carreras políticas y laborales
23 abr 2022 . Actualizado a las 11:38 h.Siete largos años han estado imputados los once investigados por la jueza Pilar de Lara en la principal causa de la Pokémon en Santiago, entre los que estaban el exalcalde Gerardo Conde Roa y parte de su equipo en el Concello. Un proceso que ahora ha acabado en nada, porque la investigación ha sido archivada por la magistrada compostelana Ana López-Suevos en un auto en el que hace muy duras críticas a la labor de su compañera (ahora apartada, temporalmente, de la carrera judicial, por dilaciones en los casos), a la que reprocha no haber concretado nunca qué supuestos delitos se cometieron y haber vulnerado gravemente el derecho de defensa de los implicados. Ellos aseguran haber sufrido un calvario personal y profesional. Así han pasado este tiempo, y estas son sus valoraciones:
Gerardo Conde Roa
El exalcalde acabó marchándose a vivir a Alemania. La Pokémon no fue lo que puso fin a la carrera política de Conde Roa, porque meses antes tuvo que dimitir como alcalde de Santiago cuando se conoció que había defraudado 291.000 euros a Hacienda del IVA en la venta de 61 pisos. Pero su implicación en este presunto caso de corrupción le pasó factura social y profesional. Muchos amigos le dieron la espalda y terminó por dejar su despacho de abogados para marcharse a Alemania, donde vive actualmente. Guarda silencio.
Ángel Espadas Diez
La mano derecha del regidor pasó 47 días en prisión. El jefe de gabinete de Conde Roa fue uno de los más perjudicados. Fue detenido, pasó 47 días en prisión preventiva y vio truncada una prometedora vida profesional y política. «La jueza Pilar de Lara nos destrozó la vida. A mí, a mi familia y a mis amigos», explica Espadas. «Ahora quedamos libres, pero después de siete años y miles de folios del sumario leídos aún no sé ni por qué fui a prisión, ni por qué fui imputado», se queja. Aquella situación tuvo graves consecuencias personales para él, que pasó por un divorcio. También laborales, porque estar señalado en este caso le obligó a embarcarse en proyectos que fracasaron, aunque hoy trabaja para la Administración.
Albino Vázquez Aldrey
El exedil de Tráfico que tuvo que empezar de cero. «Me he quitado una mochila, pero el callo que me ha dejado en la espalda seguirá siempre ahí». Así de gráficamente expresa Albino Vázquez lo que le ha supuesto verse implicado estos siete años en esta rama de la Pokémon para que al final el asunto sea archivado. En su caso, como en el de Espadas, fue detenido y esposado, pasó dos años yendo a firmar al juzgado cada quince días y aún tiene que recuperar la fianza de 15.000 euros que le impusieron «pero lo peor fue lo que le supuso a la familia, a mi mujer y a mis hijas, y que a una edad complicada tuve que empezar de cero y reinventarme», afirma. En su caso, pasó a trabajar en un hotel.
Adrián Varela Sarandeses
Dejó la política y ahora es propietario de un hotel. Fue edil de Deportes con Conde Roa, pero la Pokémon le hizo abandonar la política y ahora gestiona un hotel en Arzúa. Era uno de los más jóvenes de aquel equipo del PP compostelano. En su caso, solo se vio investigado y tuvo que ir a declarar a Lugo, pero no pasó por trances mayores.
José Luis Míguez Rey
El otro imputado que también pisó la cárcel. Como directivo de la empresa que gestiona el servicio de aguas en Santiago, Míguez Rey fue señalado por De Lara por supuestos favores a políticos. Unas acusaciones que jamás llegaron a sustentarse ni a concretarse, como la jueza López-Suevos le afea a De Lara en su auto. Para él, estos siete años han sido una tortura. Fue detenido, estuvo también en prisión preventiva y entre las medidas que se tomaron contra él se incluyó la prohibición de abandonar el país, lo que le impidió poder visitar a su familia política en el extranjero. Con todo, para él lo peor fue convivir con la preocupación de su madre, que falleció antes de poder ver como el nombre de su hijo quedaba limpio.
«¿Cómo no nos iba a afectar algo así? Yo salí esposado en el telediario», lamenta un funcionario
Entre las once personas que han quedado libres en la más importante de las piezas de la Pokémon en Santiago están tres funcionarios el Concello: Rocío Montañés, María Moreno y Román Otero. Este último fue uno de los detenidos en su puesto, esposado ante sus compañeros y pasó treinta horas en el calabozo. «¿Cómo no nos iba a afectar algo así? Yo salí esposado en el telediario y me vieron todos mis amigos. También nos afectó profesionalmente, porque ¿quién va a ascender a un imputado en un caso de corrupción? Nadie. Yo pedí una permuta al Concello de Vigo y me la denegaron porque era el imputado», relata.
Otro de los perjudicados por la cuando menos errática instrucción de Pilar de Lara en la Pokémon fue el exconcejal socialista Bernardino Rama, que recientemente también se vio libre por el archivo de otra pieza separada de esta fracasada macrocausa. La llegada de Xosé Sánchez Bugallo a la alcaldía compostelana le ha hecho recuperar peso en el PSdeG-PSOE, ya que es uno de los principales amigos y consejeros del regidor.
La lista de desimputados en esta rama de la Pokémon santiaguesa la completan Jesús Fuentes Maceira, un empresario local que destacó como promotor de conciertos, y Alexandre Ros Valls, que estaba al frente de una firma catalana.
En todos los casos, tras ir a los juzgados de Lugo a declarar ante Pilar de Lara al principio de la instrucción, los imputados llevaban años sin saber nada del procedimiento, aunque veían como se denegaban las peticiones de sobreseimiento que solicitaron algunos de ellos. El auto de archivo destaca que nunca quedó claro qué se imputaba a ninguno de ellos.
Un goteo de desimputaciones previas en Ourense, Lugo y A Coruña
La desimputación de una docena de ex altos cargos y funcionarios en el Concello de Santiago dentro de las macrocausas de la jueza Pilar de Lara no es algo circunstancial. Otros políticos, empleados públicos o empresarios han acabado exonerados tras años de procedimiento ahora cuestionado desde otras instancias judiciales.
Además de numerosos técnicos y funcionarios, en A Coruña fueron dos los cargos electos imputados en diciembre del 2013 por esa jueza: los concejales José Nogueira (PSOE) y Julio Flores (PP), que por entonces era portavoz del gobierno local. Ambos defendieron su inocencia, pero eso no cambió su situación judicial y renunciaron a repetir en las listas de sus respectivos partidos, lo que supuso el fin de sus carreras políticas. Lo mismo ocurrió con Xan Cajigal (BNG), que había sido concejal hasta el 2011 y dio otro paso atrás al ser imputado.
Nogueira fue desimputado de una de las piezas que le afectaba en abril del 2016, cuando se archivó una investigación sobre las supuestas irregularidades en unas obras ejecutadas en el acuario coruñés en el 2009. Pero otras piezas que también a esos tres antiguos cargos políticos y la mayoría de los técnicos y funcionarios coruñeses siguen abiertas, nueve años después de que De Lara pusiese en marcha las pesquisas en el 2011.
Casi ocho años después, los investigados en Ourense en el marco de aquella trama siguen en la misma situación. Se imputó al socialista Francisco Rodríguez, exalcalde, al directivo de la empresa Vendex, Adrián Cordero, a Fernando Varela, edil del BNG y al superintendente de la Policía Local, por delitos de tráfico de influencias y si bien no se han concretado a día de hoy cargos contra ellos ni se ha archivado la causa, que sigue en Lugo.
Meses después del estallido de la Pokemon se imputó al exacalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, por tráfico de influencias a raíz de la contratación de unos trabajos de desbroce, si bien quedó exonerado en 2015 al no ver la jueza de esa localidad indicios de delito.
El exalcalde socialista de Lugo José López Orozco ya consiguió cinco archivos de causas abiertas contra él por Pilar De Lara. Dos de ellas están relacionadas con la trama Pokémon: la adjudicación de la grúa y la Fábrica de la Luz.
Por su parte Xosé Ramón Gómez Besteiro, ex presidente de la Diputación de Lugo y secretario de los socialistas gallegos, sigue teniendo pendiente su acusación en el caso Garañón, por la autorización en su día de la polémica urbanización. Besteiro solicitó la recusación de la jueza y una vez que fue sancionada incluso lo pidió ante la Audiencia de Lugo, pero por ahora no falló y sigue imputado.
Con información de las delegaciones de La Voz en A Coruña, Lugo y Ourense