El Gobierno asegura que «en breve» podrán visitarse las zonas exteriores. Jardineros, electricistas y albañiles están dando los últimos retoques
11 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.No hay por ahora una fecha exacta para que las visitas puedan regresar al pazo de Meirás. El recinto amurallado se encuentra en obras desde que el Estado se hizo con su gestión, el pasado 10 de diciembre. Desde entonces, jardineros, electricistas y albañiles han pasado por el pazo para realizar trabajos de modernización de las instalaciones y de adaptación al nuevo relato democrático que quiere darle el Gobierno central desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Esos trabajos son los que esgrimió el Gobierno para negarle a la Xunta el pazo para la ceremonia de entrega de los premios Emilia Pardo Bazán el pasado día 8. Y esos trabajos son también los que impiden dar una fecha concreta. «En breve», es la respuesta ofrecida desde la Vicepresidencia del Gobierno sobre los plazos para que las visitas puedan acceder al pazo. Y por el momento será solo a los jardines, ya que en el interior hay dependencias que aún no son visitables, según las fuentes consultadas.
Cambio de criterio
Mientras se realizan esos trabajos, el proceso judicial sobre la propiedad del pazo sigue su curso después que este martes el Gobierno rectificase su postura inicial de no recurrir la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordena indemnizar a los nietos de Franco por los gastos de conservación del pazo desde el año 1975. Ese cambio de criterio encontró el apoyo de los concellos de Sada y A Coruña y de la Diputación Provincial de A Coruña, que ya habían anunciado su intención de recurrir aunque no lo hiciese el Estado. También la Xunta se adhiere al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De esta forma, recurrirán todas las partes que defendieron en sede judicial el retorno del pazo al patrimonio público para intentar evitar la indemnización a los Franco. Estos también recurrirán, aunque para tratar de recuperar la posesión del pazo.
Incluso el Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad una iniciativa para pedir que se recurra la sentencia y para «evitar que os herdeiros do espolio obteñan ningún beneficio económico co mesmo», informa Domingos Sampedro. El acuerdo entre los tres grupos fue total respecto a la propuesta lanzada por BNG y PSdeG. Pero la polémica llegó cuando los nacionalistas y el PP afearon a los socialistas el haber cambiado de criterio y decidir ahora la presentación del recurso contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña. El diputado del BNG Luís Bará dijo que la presión de colectivos e instituciones a favor del recurso había «dobrado o pulso» al Gobierno de Pedro Sánchez, «que inicialmente non tiña pensado recorrer». Esa interpretación fue cuestionada de manera airada por el diputado y vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena: «Non é certo que lle dobraran o pulso ao Goberno central e tampouco é certo que o Goberno emitira unha nota de prensa dicindo que non ía recorrer».
«Informacións periodísticas»
Arangüena negó que hubiese un cambio de criterio del Gobierno y achacó el debate sobre la renuncia al recurso a «informacións periodísticas sobre as deliberacións que se estaban dando na Avogacía do Estado». Pero el diputado socialista olvidó mencionar que el 19 de febrero, el propio Gobierno central explicaba que no recurría la sentencia por motivos «estrictamente jurídicos», y porque el recurso de casación ante el Tribunal Supremo «resulta inviable ya que en ningún momento puede basarse en una revisión probatoria».
El propio Arangüena sostuvo ese mismo 19 de febrero un criterio parecido en su cuenta de Twitter: «A ninguén lle gusta pagarlle nada aos Franco, pero recorrer a sentencia é tecnicamente moi difícil». Y asumía la renuncia al recurso ante el Supremo de esta forma: «O recurso de casación non se admite para cuestións probatorias, como a boa ou mala fe, senón xurídicas, así que non sería posible neste caso».