La Audiencia de A Coruña dejó en libertad al último detenido del caso Samuel porque «no atacó a la víctima»
GALICIA
El tribunal argumenta que tuvo «una posición de apoyo» a los agresores y no aprecia riesgo de fuga en el joven, que sigue imputado
02 jul 2022 . Actualizado a las 18:26 h.El último detenido por el crimen de Samuel Luiz quedó el martes en libertad porque la Audiencia Provincial de A Coruña no apreció riesgo de fuga ni de alteración de pruebas por su parte. Así lo argumentan los magistrados en el auto de puesta en libertad notificado a las partes este miércoles por la mañana y en el que se explican las razones por las que Alejandro M.R., de 25 años, ha quedado libre después de permanecer en la cárcel desde el pasado 29 de septiembre. La Audiencia atiende así el recurso de apelación contra la medida de prisión provisional presentado por el joven, que está defendido por el penalista coruñés Manuel Ferreiro.
Pero en el auto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña también valora el grado de participación del detenido en la paliza que acabó con la vida de Samuel Luiz, de 24 años, la madrugada del pasado 3 de julio en A Coruña. En ese punto destaca que los investigadores de la Policía Nacional atribuyen al joven «una posición de apoyo a quienes materializaron la brutal agresión», pero no determinan que haya cometido «acto alguno de ataque sobre la víctima». Ese es otro de los motivos fundamentales por los que el tribunal provincial le ha impuesto otras medidas menos gravosas que la de la prisión provisional.
Tras quedar en libertad, el joven tendrá que comparecer cada semana, y siempre que sea citado, en la sede del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, que es el que instruye la causa por el crimen de Samuel. La Audiencia, que lo mantiene imputado por asesinato, también le prohíbe salir del territorio nacional y le retira el pasaporte.
Los magistrados explican en el auto que ellos se limitan a decidir sobre la situación personal del imputado y no entran a valorar el contenido y suficiencia de los indicios racionales de criminalidad existentes en este caso, que «deberán ser valorados en un posterior momento procesal. Explican que en este momento no se trata de analizar la gravedad de los hechos que se instruyen ni la futura imputación que se le aplique al investigado, sino «la necesidad y la proporcionalidad de la adopción de la medida de prisión provisional».
Los jueces advierten que no tienen conocimiento «directo e inmediato» del desarrollo de las diligencias, pero señalan que «no se vislumbran nuevas vías de investigación, ni una futura extensión del objeto de la acusación, ni una posible ampliación del círculo de investigados». Por ese motivo, entienden que son nulas las posibilidades que Alejandro M.R. tiene de frustrar «el normal impulso y concreción de la causa» mediante la alteración de las fuentes de prueba. Tampoco detectan riesgo de fuga, pues aseguran que «parece improbable que, tras varios meses sin ser involucrado en los hechos como partícipe, ahora opte por sustraerse a la acción de la Justicia, tras haber gozado de plena libertad para hacerlo y ante una imputación todavía difusa». Contra este auto de libertad no cabe presentar recurso.
Alejandro M.R. fue encarcelado por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña que, al contrario que ahora la Audiencia, sí había apreciado riesgo de fuga del joven, que fue detenido casi tres meses después de la paliza mortal. Al quedar en libertad, se encuentra en la misma situación que la única mujer implicada en la causa y a la que también se le impusieron medidas cautelares. Los otros cinco jóvenes detenidos por el crimen, todos varones, siguen privados de libertad. Tres están recluidos en la cárcel y dos permanecen en un centro de menores.
El joven ahora puesto en libertad fue detenido después de que los investigadores de la Policía Nacional analizasen con detalle las imágenes de las cámaras existentes en la zona en la que se produjo la paliza mortal, en pleno paseo marítimo de Riazor. La calidad de los vídeos fue mejorada por una empresa especializada de A Coruña que aplicó técnicas de tratamiento de imágenes. La defensa del joven había alegado la situación de indefensión de su cliente ya que nadie les entregó la prueba del vídeo mejorado.