Rueda urge al Gobierno a convocar mil plazas mir para cubrir las vacantes del sistema sanitario
GALICIA
Darias recuerda que el Gobierno ha incrementado un 32 % la oferta y que hay 600 plazas que las comunidades no han sacado. Sobre las acusaciones de apropiarse de una estabilización que compete a las autonomías, ha dicho que se trata de «trabajo compartido»
06 jul 2022 . Actualizado a las 18:18 h.El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reclamado al Gobierno la autorización para convocar, de forma urgente, mil plazas de médicos internos residentes (mir) para cubrir las vacantes que existen actualmente en el sistema sanitario. Lo ha hecho tras participar en un acto en Santiago este miércoles, donde ha advertido que si la convocatoria no se lleva a cabo, será «imposible» cubrir las plazas que se necesitan y considera que «o problema seguirá crecendo».
Rueda se ha mostrado, eso sí, satisfecho con la adhesión de más comunidades autónomas «de diferentes ideoloxías» -las últimas, Castilla y León, Cataluña y Murcia- al manifiesto impulsado por Galicia y el País Vasco, donde ambas comunidades reclaman mejoras en la atención primaria. El presidente gallego considera este apoyo «unha mostra do absolutamente certo e urxente» de las reclamaciones que la Xunta viene haciendo desde hace meses.
Por el momento, ninguna comunidad gobernada por el PSOE se ha sumado al manifiesto, aunque el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedía este martes que el mir se convierta en «la oposición de los médicos» y reconocía que existe un «problema gravísimo de falta de médicos de atención primaria» en toda España y lo ha achacado a que se eligen otras especialidades.
Sobre las decisiones que se están tomando con el objetivo de paliar la carencia de médicos, Rueda ha advertido que «só con solucións conxunturais non se vai resolver un problema estructural». El presidente ha añadido que son las comunidades autónomas las que gestionan la sanidad, conocen de verdad los problemas y también las soluciones y urge por lo tanto al Gobierno a convocar las plazas mir para tener médicos que puedan cubrir las vacantes.
Mientras Alfonso Rueda reclamaba la creación urgente de un millar de plazas mir para poder formar más médicos (en atención primaria la disponibilidad de profesionaes en las listas de contratación en Galicia es cero), la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordaba que el Gobierno ha ampliado un 32 % el número de plazas mir y que existen todavía 600 más «que pueden ser ofertadas» y que las comunidades no han sacado, entre ellas cien de medicina de familia.
Sin embargo, el conselleiro de Sanidade explicaba este martes que Galicia ha acreditado un total de 64 plazas este año que no estarán operativas, como muy pronto. hasta el 2023. Este miércoles, Julio García Comesaña reconocía que el momento en atención primaria y los puntos de atención continuada es «crítico», ya que al aumento de la carga asistencial y los ingresos hay que sumar el inicio del período de vacaciones del personal sanitario. «Confiemos en que sexamos capaces de absorber este impacto e que non pase desta situación que estamos a vivir agora», remarcaba.
Este jueves entra en vigor la reforma del estatuto marco del personal sanitario, que ya ha sido pulicada en el BOE y que obliga a las comunidades a convocar antes de que termine el año unas 67.300 plazas para estabilizar al personal y prevé limitar las posibilidades de contratación temporal a casos excepcionales y justificados.
De esas 67.300 plazas, 2.568 son en Galicia. Algo más de 1.800 se cubrirán mediante concurso de méritos y el resto, un total de 760, serán asignadas mediante concurso-oposición. Comesaña insistió este martes en que lo que se aprobaba en el Consejo de Ministros no es más que una reforma de carácter técnico y criticó que el Gobierno se apropiase de un proceso que es competencia autonómica y que ya estaba en marcha. De hecho, la oferta de estabilización del Sergas se publicó el pasado 30 de mayo en el DOG.
La ministra Darias ha salido al pasado de las críticas afirmando que se trata de un «trabajo compartido» realizado desde la cogobernanza y ha cuestionado que, siendo la aplicación de una directiva europea del año 1999 «hasta ahora no se había hecho».
