Caldas tendrá que pagar 800.000 euros al ser firme una condena por un edificio ilegal
GALICIA
Los diferentes recursos han mantenido vivo el contencioso durante 20 años
04 ene 2023 . Actualizado a las 18:33 h.Fin al culebrón urbanístico del edificio número 57 de la calle Real de Caldas de Reis después de veinte años. O al menos al culebrón judicial. El Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, acaba de acordar la inadmisión a trámite de un recurso del Concello de Caldas de Reis. En virtud de esa decisión pasa a ser firme la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), del 8 de febrero del 2022, que desestimó otro recurso contra una resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, del 12 de marzo del 2021.
En esa sentencia de marzo del 2021 se estimaba en parte el recurso de la promotora que construyó el inmueble, condenando al Concello de Caldas a abonar a la empresa 672.816 euros, más intereses. La providencia del Supremo conocida ayer lleva fecha del 19 de octubre del 2022 y concluye que falta fundamentación suficiente y que carece de interés casacional.
Fue el grupo municipal del PP quien difundió la providencia. Su portavoz municipal, el diputado Fernando Pérez, exigió responsabilidades políticas al gobierno local del PSOE tras ratificarse una condena que le costará a los vecinos más de 800.000 euros, ya que a esos 672.000 euros hay que sumar intereses, defensa jurídica y costas. «A sentenza é firme, polo tanto chegou o momento de asumir responsabilidades», dijo el edil. Habla de una resolución que supondrá «un tremendo machetazo aos recursos municipais». Recordó que por este asunto ya se pagaron numerosas multas coercitivas al alcalde, además de acometerse un derribo parcial y de todos los procesos y alegaciones de un litigio que dura ya veinte años y que en total podría alcanzar los 1,5 millones, según el PP.
El caso se remonta al 2002 cuando una primera sentencia anuló la licencia otorgada por la comisión de gobierno por haber incumplido la normativa del fondo edificable. El alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE), incidió en que en su día la licencia se concedió con un informe favorable y que inicialmente se reclamaban 3 millones: «Es lo menos malo que nos podía pasar y esperamos saldar la deuda parcialmente con el superávit de este año».
