Abogados y procuradores alertan de daños «incalculables» en Galicia por la huelga de los letrados de Justicia
GALICIA
Dicen que el colapso actual agravará los retrasos acumulados y exigen que se les informe de los casos que van a ser suspendidos para no enterarse al llegar al juzgado
04 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Los abogados gallegos alertan de que el paro laboral de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) está causando graves daños «a unha Administración de Xustiza xa maltreita logo da folga do ano 2018 e da pandemia». «As consecuencias desta folga son incalculables», advierten desde el Consello da Avogacía Galega, que agrupa a los colegios profesionales de las siete grandes ciudades. Destacan que, aunque la huelga afecta a toda España, «é máis grave no caso de Galicia, pois xa se sufriu a folga de funcionarios do ano 2018, situación que se suma á pandemia iniciada no 2020, co que serían xa máis de cinco anos sen normalidade xudicial en Galicia».
Los abogados gallegos señalan que a los perjuicios propios de la suspensión de vistas y de otros actos judiciales se añade el hecho de que ciudadanos y profesionales «se desprazan aos xulgados inutilmente» porque nadie los avisa previamente de si sus juicios se van a celebrar o han sido suspendidos por la huelga de los LAJ. El Consello da Avogacía le pidió al presidente del Tribunal Superior de Xustiza que inste al secretario de Gobierno, Juan José Martín, coordinador de los letrados de Justicia en Galicia y que fue director xeral de Xustiza en la Xunta durante la huelga de funcionarios del 2018, «para que se comuniquen coa suficiente antelación as suspensións de xuízos, vistas e demais actos xudiciais», y así evitar los trastornos añadidos que sufren ahora los ciudadanos y los profesionales.
Otros grandes perjudicados por la huelga de los letrados de Justicia son los procuradores, que muestran su «honda preocupación» por el perjuicio que el paro está causando a los ciudadanos y a los operadores jurídicos. Desde el Consello Galego dos Procuradores apoyan el derecho a la huelga de los LAJ, pero no pueden aceptar «la paralización, prácticamente total, de la actividad de los juzgados». Apremian, por tanto, al Ministerio de Justicia y a las asociaciones convocantes del paro a que negocien para llegar a un acuerdo «ante el colapso de la Administración de Justicia, que no hará más que ahondar en el retraso que ya tiene». Recuerda este colectivo que los últimos datos indican que «hasta septiembre del 2022, el atasco en Galicia alcanzaba los 161.300 casos pendientes de ejecución». Igual que los abogados, los procuradores también exigen conocer con antelación los procedimientos que se van a suspender por la huelga. «No es admisible», dicen, que los ciudadanos y los profesionales acudan a sus citas en el juzgado y sea allí donde se enteren de que su caso se ha suspendido, «como está sucediendo en estos momentos».
Protesta en el Obradoiro
Los letrados de la Administración de Justicia siguen exponiendo sus reivindicaciones. Este viernes se reunieron con el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, quien se comprometió a trasladarle al Ministerio de Justicia las demandas planteadas por los letrados «con el objetivo de que el paro no se prolongue demasiado y para que deje de repercutir en el funcionamiento de la Administración de Justicia en Galicia».
El ministerio cita a los jefes de los letrados de Justicia para abordar el conflicto laboral
El Ministerio de Justicia ha convocado a una reunión el próximo miércoles a los secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como responsables jerárquicos de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). El motivo de la cita es abordar la situación actual, provocada por la huelga de los LAJ iniciada el pasado 24 de enero y que está ocasionando graves perjuicios en la actividad judicial de todo el país. En Galicia ya se han suspendido más de 4.000 juicios, declaraciones, comparecencias y otros actos procesales, según los datos de los convocantes del paro laboral.
«Su reclamación salarial no está justificada»
Mientras, desde el ministerio se insiste en que «ni una sola» de las reclamaciones de los letrados de Justicia «tiene el objetivo de mejorar el servicio público de Justicia». Se asegura también, asimismo, que «cualquier tipo de reclamación salarial de este colectivo no está justificada». El ministerio recuerda que el salario de un LAJ oscila entre 39.000 y 60.000 euros, a lo que se suman la productividad, los complementos y las sustituciones. Explica, además, que tuvieron un aumento de 208 euros al mes por sus nuevas funciones y que se les incrementaron las retribuciones por entradas y registros (de 30 a 110 euros) y por sustituciones (de 700 a 1.600 euros de media).