Según afectados, el principal implicado de la trama ganó poder para contratar, y la firma logró rebajar la subida salarial de la plantilla
20 may 2023 . Actualizado a las 17:43 h.Trabajadores afectados por el caso STL aseguran que la huelga que llenó A Coruña de toneladas de basura hace un año, y obligó al Ayuntamiento a movilizar a Tragsa para retirarla de las calles, fue forzada por el sindicato para descolgarse de una subida salarial ventajosa para la plantilla acordada con la concesionaria de limpieza viaria en el 2021. A cambio del ahorro que le proporcionó a la empresa, el cabecilla amplió la capacidad de contratación de una de las sociedades de la trama y situó a personas afines en la cadena de mando, según las mismas fuentes. FCC, asociada con Ingeser Atlántica en la UTE adjudicataria del servicio, no ha respondido a las solicitudes de información de este periódico.
A las 18.30 horas del 6 de mayo del 2021, Miguel Ángel Sánchez y Ximena Romero, hoy investigados por estafa, blanqueo de capitales y corrupción, estamparon su firma en un acuerdo que daba a la plantilla una formidable actualización anual vinculada al IPC. Siete meses después, sin que algunos trabajadores sepan explicar por qué, el pacto quedó en papel mojado. Cubría un período de cuatro años y habría subido los salarios un 6,5 % en el 2022 y otro 6 % en el 2023. Pero el trato no se cumplió, a pesar de rubricarse en la sede del órgano oficial de arbitraje laboral, el AGA. Tampoco nadie denunció su vulneración. Lo sustituyó a los diez meses un documento que rebajó la mejora al 4 % durante dos años, y al 3 % los tres siguientes, sin vínculo con la inflación. «O STL vendeuno aos medios como un gran logro, pero perdemos moitos, moitos cartos», cuenta un grupo de trabajadores que han decidido hablar con La Voz.
Rondas de encapuchados
Entre ambos acuerdos medió una huelga que llevó a la ciudad al límite, incluido un estado de emergencia sanitaria decretado por la alcaldesa, Inés Rey, para hacer frente a un conflicto que vio arder camiones y rondar por las calles a grupos de encapuchados. En las dos concesionarias municipales donde se produjeron los paros, de limpieza viaria (en manos de FCC e Ingeser Atlántica, por 14,4 millones de euros al año) y de recogida (PreZero, por 14,3 millones), manda en el comité el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, el STL, dirigido por Miguel Ángel Sánchez. «Los daños se produjeron en PreZero, pero a la UTE de la limpieza [donde supuestamente operó la trama que investiga la jueza] la protegieron y, curiosamente, no hubo ni un rascazo», advierte un trabajador.
En enero del 2022 el servicio de recogida entró en huelga. «Los llamamos para preguntarles qué pasaba, porque fuimos compañeros muchos años [hasta el 2020 fueron una sola concesionaria, de Ferrovial] y nos dijeron que a ellos nada, que el STL les había mandado parar para solidarizarse con nosotros porque nuestra empresa se había descolgado del acuerdo del 2021. A nosotros nadie nos había dicho nada. Nos lo comunicó el comité días más tarde en una asamblea en la que nos pidieron que cogiéramos bajas para presionar. Alguien preguntó por qué no denunciaban la no aplicación del acuerdo del AGA y respondieron que lo harían si fuera necesario. Nunca lo hicieron», cuentan.
Los trabajadores reunidos por La Voz sostienen que la huelga «fue ficticia, el descuelgue estaba pactado con Miguel [Sánchez]». Las bajas a las que el STL empujó a los operarios empezaron a cubrirse aquellos días con personal de Inusvalia, entidad considerada por la Policía Nacional uno de los brazos de la trama del STL. «Hasta entonces tenía a tres o a cuatro personas en la UTE. Hoy son más de 30. Ahí empezó todo», anotan.
Con los camiones de PreZero en llamas, FCC «abre expedientes a 70-80 trabajadores. Alegan bajo rendimiento. Unos días más tarde convocan una asamblea en el turno de noche. Aparece el presidente del comité con un grupo de encapuchados que en ningún momento hablan. Él les dice a los compañeros que están trabajando demasiado, que son unos esquiroles, que tienen que coger bajas, y que si no, la gente de PreZero (los encapuchados), que están dando la cara por ellos, van a ir a por sus coches», relata uno de los trabajadores.
Extorsión y sabotajes
«A xente do turno de noite chamou ao xefe de servizos de FCC —continúa otro—, que foi alí, díxolles que meteran os seus coches dentro do recinto e organizounos en equipos de dous para que ningún saíse só. A pesar do que alí pasou, a empresa non investigou nada».
Dos días más tarde, uno de los trabajadores del turno de noche se encontró su coche, aparcado delante de casa, con las cuatro ruedas rajadas. «Nesa situación, con 80 persoas expedientadas, votouse o novo acordo. Aprobouse en todos os centros menos no turno de noite. De feito, foi Miguel á votación, á man alzada, e gañou o non. O compañeiro ao que lle pincharon as rodas deuse de baixa do STL, atrás foron os demais do turno e houbo un goteo de xente. Ata que o 2 de maio despiden a un [un trabajador indefinido con poca antigüedad]».
El acuerdo «deja sin efectos», según consta en el documento, todos los expedientes disciplinarios. Dos miembros del comité, «os que obrigaban a coller as baixas», ascienden a capataces. «Inusvalia consolídase na UTE e empeza a represión á xente que non é do STL». Desde la operación que permitió desarticular la red, el 22 de febrero, dos trabajadores afiliados a sindicatos minoritarios fueron degradados y este pasado martes FCC abrió un expediente a otro por no comunicar un golpe en un vehículo. «La empresa busca quedarse solo con una plantilla del STL. Antes o después, los afiliados a otros sindicatos seremos sancionados y despedidos», concluye un hombre.
