El Consello de Contas concluye que la Xunta paga 44 millones de más por las autovías de peajes en sombra
GALICIA
Advierte que supondría un menor coste permitir la quiebra de las concesionarias y extinguir los contratos en vez de renegociar un incremento de 205 millones de euros en los pagos a las empresas
26 oct 2023 . Actualizado a las 18:43 h.El Gobierno gallego está gastando más dinero del que debería en las autovías con peajes en la sombra, es decir, aquellas donde la Administración autonómica corre con el pago de las tarifas en vez de los usuarios. Así lo concluye el Consello de Contas en el informe publicado este jueves sobre la eficiencia de la colaboración público-privada en las autovías gallegas. Interpreta que se podrían haber alcanzado resultados equivalentes en su construcción, gestión y mantenimiento «a un menor custo». «O balance no uso destas fórmulas de colaboración público-privada en Galicia presenta deficiencias superiores aos seus beneficios», certifica el ente fiscalizador.
Las autovías analizadas son la AG-56 Santiago-Brión, AG-41 de O Salnés, AG-11 de O Barbanza, AG-31 de Celanova y la AG-55 de A Costa da Morte, esta última financiada por la Administración según el canon de disponibilidad (calidad del mantenimiento de la obra) frente al de demanda de las cuatro anteriores, es decir, en función del número de usuarios. Lo positivo de haber creado estas infraestructuras con esta fórmula, según el Consello de Contas, es que fueron construidas «nuns prazos razoables e presentan un bo nivel de mantemento e calidade do servizo». Pero a continuación argumenta en su informe que estas concesiones terminan resultando caras para la Administración.
El Consello coloca ese punto de inflexión en el 2014, cuando tres de las autovías estaban al borde de quebrar. Se renegociaron entonces las concesiones de las autovías de O Salnés, O Barbanza y Celanova porque el tráfico era inferior al que habían previsto, lo que implicó un incremento de 205 millones de euros en los pagos del Gobierno gallego a las empresas gestoras para su rescate. El informe indica que la Xunta no debería haber accedido a la revisión de los contratos para paliar la caída de ingresos derivada de un menor tráfico, sino que tendrían que ser las concesionarias quienes asumiesen directamente esas pérdidas. «Esta postura está en liña con sentencias do Tribunal Supremo que denegaron a concesionarios, en casos similares, o dereito a recibir máis ingresos pola diminución do tráfico», compara.
Y en el caso de que estas empresas llegasen a quebrar por no acceder a esa renegociación, el Consello de Contas apunta que la Xunta tendría que proceder a rescatar las concesiones y extinguir los contratos. «Este escenario, viable dende o punto de vista orzamentario e xurídico, tamén era economicamente máis vantaxoso que a alternativa de reequilibrio pola que optou a Administración galega», afirma.
Una vez paliado con fondos públicos esas pérdidas, el Consello de Contas recomienda a la Xunta que revise los acuerdos en los que se incrementaron las tarifas pagadas a las concesionarias. «O obxectivo debe ser, tal como estaba previsto na Lei que habilita os reequilibrios, limitar os pagamentos as cantidades indispensables para asegurar a viabilidade financeira dos contratos», analiza el documento, que cifra en al menos 44 millones de euros el ahorro para las arcas autonómicas si se reducen las tarifas abonadas por la Administración.
Sin los efectos deseados
El Consello de Contas se pregunta en su auditoría por los motivos que llevaron a optar por la colaboración público-privada para la creación de las cinco autovías. Advierte de que las decisiones en las inversiones realizadas no se basaron en estudios coste-beneficio que mostrasen su rentabilidad económica y social, sino que se persiguió intentar diferir y fraccionar el impacto directo de la inversión en el déficit y en la deuda de la comunidad, algo que no se consiguió. «Catro das cinco autovías galegas non conseguiron finalmente este efecto e consolidaron nas contas públicas, xa que a Administración do Estado considerou que non se transferían ao socio privado os riscos da operación de xeito axeitado e suficiente», recuerda.
Además, el informe deduce que no respondió a criterios ideológico, ya que las infraestructuras fueron adjudicadas durante el bipartito y por el actual Gobierno del PP: en junio del 2005, las autovías de Santiago-Brión y O Salnés; en marzo del 2006, la autovía do Barbanza; en febrero del 2009, la autovía de Celanova; y en mayo del 2011, la autovía da Costa da Morte.
Otro punto que analiza es que en las cuatro autovías con riesgo de demanda todas las empresas que resultaron adjudicatarias de los concursos presentaron ofertas con importantes bajas económicas, de forma que en las bases del concurso primaron las «ofertas agresivas consistentes en presentar unha tarifa baixa» (en la que el la Administración pagará el peaje por vehículo) en detrimento de unos planes económicos «consistentes e unhas previsións de tráfico prudentes».