Concellos gallegos apuestan por crear comunidades energéticas para ahorrar

El precio de la energía y la contaminación que genera producirla para abastecer una demanda que no deja de crecer, y cuyo coste se ha duplicado desde el año 2004, se ha convertido en uno de los problemas más transversales, ya que afecta a particulares, a todo tipo de empresas y también a las Administraciones, que deben afrontar el gasto energético para alumbrar y calentar sus instalaciones y para la prestación de servicios que no se perciben a simple vista, como potabilizar agua, depurarla y bombearla. Y todo ello con la exigencia de la Unión Europea para reducir a cero las emisiones en el umbral del 2050.

La fórmula para salir de esta espiral de gasto y contaminación es el uso de energías renovables. Utilizarlas con el menor impacto medioambiental posible, y conseguir que sus ventajas se extiendan a toda la población para que apueste por ellas, fue el objetivo abordado ayer en Ames, cuyo Concello organizó un foro en el que presentó la fórmula de las comunidades energéticas como «un paso máis cara ao autoconsumo».

El encuentro, que contó con la colaboración de La Voz de Galicia, que emitió la jornada en su página web y en su cuenta de Facebook, permitió analizar el potencial de estas comunidades energéticas, entendidas como agrupaciones para la producción de energía para uso propio, individual o colectivo, y conocer iniciativas en este campo promovidas en los municipios de A Illa de Arousa, Bergondo y Moaña.

Uno de los aspectos destacados en la jornada fue el papel que juegan las Oficinas de Transformación Comunitaria (OCT), que permiten asesorar a particulares y colectivos para constituir comunidades y tramitar ayudas para el autoconsumo sostenible de energía. El Ayuntamiento de Ames, precisamente, ha logrado financiación estatal para poner en marcha una OCT propia, en cuyo desarrollo colaborará la Diputación de A Coruña.

El regidor de Ames, Blas García, señaló durante el foro que con la apertura de esta oficina «o concello vaise converter nun referente en asesoría de comunidades enerxéticas». A su vez, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, incidió en el interés por crear una oficina de dimensión provincial, señalando que iniciativas como la amiense pueden contribuir a fomentar la recuperación demográfica del entorno rural.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, clausuró la jornada celebrada en O Milladoiro apelando a la colaboración entre la ciudadanía y las administraciones para actuar contra el cambio climático. Previamente, María Barral, vicepresidenta ejecutiva de la Fegamp, destacó la implicación de su federación en un proyecto para impulsar comunidades energéticas en municipios rurales.

A Illa de Arousa, Begonte y Moaña, con planes en marcha, piden claridad y menos burocracia

El foro de Ames puso de manifiesto que las comunidades energéticas pueden revolucionar la economía de ayuntamientos, particulares y empresas. Pero también es una carrera de obstáculos y trampas, como durante las mesas de debate reconocieron los impulsores de iniciativas de este tipo Luís Arosa García, regidor de A Illa de Arousa; José Ulla Rocha, alcalde de Begonte; Gabriele Von Hunderlshausen, miembro de Arousa en Transición; y Víctor Pastoriza, de Moaña Solar.

El proyecto Begonte Genera ya está en marcha y en su génesis es el más ambicioso, ya que planteaba el uso de energía fotovoltaica, un parque con minimolinos eólicos y una planta de biogás, a la que finalmente renunciaron porque no podían asumir todo el proceso burocrático en plazo. El Concello consiguió 2,5 millones del IDAE para un proyecto de más de cinco, pero una parte de la subvención, ya invertida, aún está sin cobrar. De ahí que su alcalde señale que, si bien las ayudas son fundamentales para implantar comunidades energéticas, al igual que la presencia de los concellos en estos proyectos para evitar oligopolios de empresas, el retraso en la recepción de las subvenciones «liquida a nosa tesourería», obligando incluso a recurrir a pólizas de crédito.

Luís Arosa, con una primera fase del proyecto Arousa en Transición en marcha con suministro a 12 viviendas, resaltó que el uso de paneles fotovoltaicos ha reducido ostensiblemente la factura energética de varios edificios públicos en A Illa, pero lamenta que las limitaciones legislativas sobre el ámbito máximo al que puede llegar esta energía, que ahora es de dos kilómetros desde las instalaciones renovables, impidiesen, por ejemplo, que al plan se pudiese sumar una comunidad de montes. También cuestionó las dificultades para instalar paneles en tejados y que en superficie solo puedan colocarse en suelo industrial y no en rústico. Por su parte, Von Hunderlshausen, miembro de Arousa en Transición, destacó de las comunidades energéticas su capacidad para aprovechar la venta de excedentes para extender la red de renovables, poniendo coto así a la posible implantación de grandes empresas cuyos ingresos por comercializar la energía sobrante no repercutirían en la comunidad.

Víctor Pastoriza, representante en el foro de Moaña Solar, reconoció que su proyecto era el menos desarrollado de los expuestos e incidió en la falta de información y buen asesoramiento que se encontraron para crear su comunidad. También alertó de las dificultades técnicas y jurídicas para que los concellos cedan el uso de espacios para que las comunidades energéticas instalen sistemas renovables.

La Diputación de A Coruña, pionera al abrir una oficina de información de fondos europeos

«Cando ás oito da noite ves os escaparates das tendas apagados e ás once da mañá nos bares non hai ningunha luz acendida porque a factura asusta, dáste de conta de que temos que actuar». Así visualizó Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, cómo el coste energético se ha convertido en uno de los principales problemas de familias, empresas y Administraciones públicas. A estas últimas, González Formoso emplazó a participar de forma activa en los planes de implantación de energías renovables que se desarrollen en Galicia para eliminar las dudas que generan estas iniciativas de cambio, «e para que a poboación non as vexa como un espolio».

En este sentido, destacó el trabajo de la oficina abierta por la Diputación en A Capela, financiada íntegramente con fondos propios, y primera de estas características en toda España, un modelo que ahora se va a extender al resto de provincias para contribuir al desarrollo de proyectos financiados por la Unión Europea, especialmente centrados en la descarbonización y el uso de renovables.

«Temos que liderar o cambio»

El foro organizado por el Concello de Ames también contó con la participación de la Xunta, en este caso con intervenciones de Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética, y Juan Ignacio Rodríguez Fernánez-Arroyo, responsable del área de Enerxía del INEGA.

Fernández Vila señaló que las Administraciones públicas deben «liderar o cambio», asumiendo así la responsabilidad de poner a disposición de la ciudadanía y de los colectivos sociales todas las herramientas que necesiten para que sean partícipes de la transición energética, ofreciendo para ello garantías legales y técnicas que ayuden a que aumente su implantación. También reconoció que el sector público debe «predicar co exemplo», aplicando políticas de ahorro energético que, además de contribuir al cumplimiento de la tasa de cero emisiones, permiten ahorrar costes que pueden emplearse en otros proyectos.

Por su parte, Juan Ignacio Rodríguez destacó que la mayor parte de los gases de efecto invernadero que se emiten proceden de la necesidad de transformar energía, por lo que es fundamental incrementar el uso de renovables, una posibilidad en la que Galicia parte con ventaja y que interesa a los concellos.

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