No es un titular, es una realidad. Frente a la negación, se impone la realidad. El número de conductas violentas contra las mujeres nada tiene que ver con las que soportan los hombres. Los ataques y los ilícitos que sufren por ser mujeres son más graves, intensos y violentos.
Es previsible que este año, otra vez, aumente el número de procedimientos en los que las víctimas son las mujeres. ¿Los esfuerzos de estos años han valido la pena? Las reformas legislativas, el Pacto de Estado, la especialización, el tratamiento integral, las inversiones… En mi opinión, y después de casi 15 años especializado en esta delincuencia, la pregunta es: ¿qué habría pasado de no haber hecho ese esfuerzo? Creo que estaríamos peor. Somos reconocidos internacionalmente por esta visión integral del tratamiento de esta violencia y un ejemplo en el que se miran los países de nuestro entorno. Algo habremos hecho bien... En general, la sociedad percibe esta realidad insoportable que ataca directamente a los derechos humanos y constitucionales de las mujeres. Hemos avanzado, hace pocos años esta percepción no existía.
El Estado está obligado a garantizar, sin escatimar recursos, la igualdad real de mujeres y hombres. Hay tres aspectos esenciales: prevención, tratamiento a las víctimas y represión de estas conductas. La prevención debe centrarse en la educación en igualdad. Son gravemente perturbadoras las opiniones de los jóvenes que admiten la violencia en sus relaciones, la ven inevitable y la valoran positivamente. El tratamiento integral a las víctimas debe comenzar desde el primer momento, garantizando su protección y la de sus hijas e hijos; el tratamiento terapéutico; su integración laboral, y algo no menor, el reconocimiento de su sufrimiento y la garantía del resarcimiento. La represión de conductas debe comenzar por su rechazo social: no aplaudir ni jalear los comportamientos machistas y aislar a quien los protagoniza y, desde luego, la sanción penal.
La naturaleza de estos delitos nada tiene que ver con el resto de los del Código Penal. Aquí el agresor es quien mejor conoce a la víctima, la tiene sometida a sus criterios y deseos y, en los supuestos más graves, anula su voluntad. La relación sentimental determina el comportamiento de la mujer en todo el procedimiento judicial y explica los posibles vaivenes que se puedan producir. Si existen menores en común, la situación se endurece, y más si la víctima carece de medios económicos, no tiene arraigo social o vive en el campo. En cuanto a los medios, hay una absoluta desproporción entre los órganos judiciales penales generales y los especializados en violencia de género. En A Coruña hay ocho juzgados de instrucción y seis juzgados de lo penal. Y solo un juzgado de violencia sobre la mujer. El incremento de esta delincuencia, la naturaleza de los bienes jurídicos afectados y las mujeres que lo sufren merecen todos los recursos posibles. No hay que escatimar esfuerzos.
Fernando Martínez es fiscal de violencia de género en A Coruña