El Constitucional avala por unanimidad la Lei do Litoral de Galicia que había recurrido la Moncloa
GALICIA
Sin embargo, anula el artículo que permitía que los sistemas de aguas residuales pudiesen ocupar el dominio público marítimo-terrestre
23 abr 2024 . Actualizado a las 22:25 h.El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la Lei do Litoral de Galicia aprobada el año pasado y que el Gobierno central había recurrido al entender que invadía competencias estatales e incluía otras que requerían modificar el Estatuto de Autonomía de Galicia, infringiendo además la Ley de Costas del Estado.
El pleno del TC ha emitido una sentencia en la que desestima 70 de las 72 impugnaciones que Moncloa incluyó en el recurso de inconstitucionalidad presentado en el mes de octubre.
El fallo, del que es ponente el magistrado César Tolosa Tribiño, descarta que Galicia tenga que modificar su Estatuto de Autonomía para otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Entiende que esa función ejecutiva está incluida en la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral que marca el artículo 27.3 del estatuto.
También rechaza que los preceptos impugnados por el Gobierno central, al menos en abstracto, sean contrarios a las normas estatales. Entiende, de hecho, que la Lei do Litoral gallega «salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación estatal de costas». Y considera que la norma autonómica sigue permitiendo al Estado actuar en el caso de que una autorización o un plan concreto que se apruebe posteriormente llegue a incumplir la Ley de Costas.
La sentencia del Constitucional también interpreta que los establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria pueden ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre cuando requieran captar o devolver agua al mar para sus procesos, «siempre que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación». En el caso de que se sitúen en la zona de servidumbre de protección, podrán hacerlo cuando presten servicios necesarios o convenientes para el uso de ese dominio.
Los únicos puntos que el TC declara inconstitucionales son el artículo 52.9, al entender que da un trato privilegiado a las embarcaciones gallegas frente al resto, y el 60.3, que daba la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo-terrestre
Aunque la norma gallega ha sido ahora avalada por unanimidad, una de las magistradas, María Luisa Balaguer, ha añadido un voto concurrente en el que señala, entre otras cuestiones, el riesgo de que algunos de los argumentos de la sentencia puedan llevar a largo plazo a una rebaja de los estándares de protección medioambiental.
Tras conocer la sentencia del TC, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda celebró que Galicia «poderá exercer o seu dereito a ordenar a súa costa, a súa riqueza», y consideró que el fallo deja «en evidencia» la «falta de diálogo e o trato discriminatorio do Goberno Central». «Isto era perfectamente evitable», remachó.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, encargada de la defensa de esa ley en el Parlamento, también se felicitó por la decisión del Constitucional: «Referenda o traballo levado a cabo por parte do Goberno galego». «Neste proceso —añadió— participaron os mellores, desde o Observatorio do Litoral pasando por científicos, académicos, xuristas, a cadea mar-industria, mentres que enfronte [por el Gobierno central] só nos atopamos pedras no camiño». La Xunta recordó que desde Madrid se rechazaron «todas as opcións de diálogo coa Xunta» antes de llegar al Constitucional.
El BNG, que se abstuvo en la votación de la ley, aseguró que desde esta formación «sempre entendemos que o Estatuto recoñece a competencia de Galiza de ordenar e xestionar o seu litoral», si bien mostró reparos por lo que podía implicar hacia el desarrollo de la eólica marina.
Apoyos desde la cadena mar-industria
Desde Anfaco, la patronal la conserva, se mostraron «satisfechos de que este paso pueda de una vez por todas pueda llevarnos a un marco jurídico legal estable que elimine todas las dudas sobre el complejo mar-industria y su respeto por el medio ambiente». «Queremos seguridad jurídica para que la inversión, el empleo y la actividad del complejo mar-industria siga en la comunidad gallega mucho tiempo más como siempre ha hecho con respeto al medio ambiente y generando valor añadido», apuntaba Roberto Alonso, secretario general de Anfaco.
«Es una decisión totalmente justa que reconoce las peculiaridades de Galicia frente a otras comunidades. Desde el año 2018 venimos reclamando una posición determinante del conjunto del sector frente a las limitaciones que impone el Ministerio de Transición Ecológica, unas limitaciones que vienen a reconocer el absoluto desconocimiento a la realidad socioeconómica de litoral de Galicia», añadía Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores.
También Apatrigal, la Asociación para a Protección do Patrimonio de Galicia, se mostró satisfecha por lo que cree que es «una gran victoria para el litoral gallego y sus bienes» sobre Moncloa.
Inseguridad jurídica
La Lei do Litoral de Galicia fue aprobada en julio por el Parlamento gallego, con los votos a favor del PP y la abstención de BNG y PSdeG. El Gobierno central la recurrió ante el Constitucional el pasado octubre, y el alto tribunal admitió el recurso en noviembre, dejando suspendidos los artículos impugnados. La resolución del caso se demoró en dos ocasiones por su «complejidad jurídica y técnica».
La norma gallega aspiraba a dotar de seguridad jurídica a las empresas del sector marítimo-pesquero que ejecutaron inversiones en suelo de dominio público marítimo-terrestre. En los meses previos, ciertas lecturas más restrictivas de lo habitual de la Ley de Costas por parte del Gobierno central tuvieron en vilo a negocios como cetáreas, depuradoras, cocederos o plantas acuícolas.
El momentáneo alivio que para parte del sector supuso la aprobación de la ley autonómica se transformó de nuevo en preocupación cuando Moncloa la llevó ante el Constitucional. Representantes de la industria del mar llegaron a leer un manifiesto pidiendo al Ejecutivo de Sánchez dar marcha atrás para «non poñer en risco preto de 4.000 edificacións e centros de empresas que operan na costa e prexudicando directamente a millón e medio de galegas e galegos que viven na nosa costa».
El Ejecutivo central alegó que recurría la Lei do litoral para defender la Constitución, y llegó a compararla con la Ley de desconexión de Cataluña, en palabras del delegado del Gobierno, Pedro Blanco.
La situación se tensó todavía más cuando unos días después se supo que entre los acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y el PNV para garantizar la investidura del primero figuraba la transferencia al País Vasco de la gestión del litoral, algo que la Xunta y parte de la industria gallega consideraron un agravio. La resolución del conflicto se ha demorado casi medio año. El aval del constitucional a la norma gallega permitirá volver a aplicar los preceptos hasta ahora suspendidos.