Santiago debate la regularización de los existentes, y otras urbes en España ya los limitan con dureza
24 jun 2024 . Actualizado a las 12:39 h.El Concello de Santiago de Compostela, con un Gobierno compuesto por BNG y Compostela Aberta, celebra este lunes un pleno que pasa por ser decisivo para el futuro de las viviendas de uso turístico (VUT), especialmente para las que ya operan en la ciudad, porque debe marcar cuáles y cómo pueden regularizarse. Santiago es una de las ciudades de Galicia que más acota estos alojamientos, pero ya son varias las ciudades españolas que han tomado medidas más drásticas que las que se atisban en Galicia para tratar de poner freno a la problemática de acceso a la vivienda y masificación que muchos asocian a los pisos turísticos. Las moratorias en la concesión de nuevos permisos son lo más habitual, con el objetivo de ganar tiempo para regular este fenómeno.
Valencia (PP)
El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó a finales de mayo suspender el otorgamiento de licencias a apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante un año, que podría prorrogarse otro año más. Esas licencias ya estaban suspendidas en el centro histórico de la ciudad. El barrio marinero del Cabanyal cuenta también con una regulación propia: su plan urbanístico restringe a un 10 % los inmuebles turísticos por manzana. Precisamente en esta zona, algunos vecinos han llegado al punto de marcar con pintadas en el suelo algunos pisos para viajeros que operan sin permisos.
Madrid (PP)
El Gobierno municipal de Martínez-Almeida activó en el mes de abril un plan de acción urgente contra lo que consideran una proliferación excesiva de VUT, tanto legales como en situación irregular. Supuso, entre otras cosas, suspender de manera inmediata la concesión de licencias para estos alojamientos. No habrá nuevos permisos, como mínimo, hasta que se apruebe la modificación del Plan General, prevista para el primer trimestre del año próximo. También se han endurecido las sanciones para los propietarios que ofrezcan pisos sin licencia municipal: las multas pueden llegar hasta los 190.000 euros. Calculan que en Madrid operan más de 13.500 VUT, pero solo 941 lo hacen con licencia municipal, y otras 151 están en tramitación.
Además, de cara a este verano el ayuntamiento anunció un refuerzo de hasta el 15 % de la plantilla de inspectores. El objetivo, según el equipo de José Luis Martínez-Almeida, es evitar la desertización residencial en el centro de la ciudad y los problemas de convivencia con los vecinos, además de ofrecer más calidad y seguridad a los turistas.
Gijón (Foro Asturias y PP)
A finales de enero entró en vigor en Gijón una suspensión temporal por la que no se otorgan licencias para viviendas de uso turístico en las zonas de más presión turística de la ciudad (Cimavilla, La Arena, Centro y El Carmen). Grupos de la oposición municipal han advertido que, desde entonces, el problema se ha trasladado a otras áreas, donde se están solicitando más permisos que antes para nuevos pisos para viajeros.
Palma (PP)
Las Islas Baleares quieren poner coto a la masificación turística. Así lo reconoció la presidenta del Gobierno autonómico, y el alcalde de Palma, la capital, ha recogido el guante, anunciando que estudia medidas restrictivas como limitar e implantar tasas a los cruceros o limitar los grupos de visitantes organizados. Pero también hay iniciativas en torno a las viviendas para viajeros. El ayuntamiento, que ya prohíbe hace años alquilar a turistas pisos y apartamentos en edificios donde residan varias familias (decisión que ha sido respaldada por el Tribunal Supremo), se plantea extender la prohibición a todo tipo de viviendas, incluidas las unifamiliares y los chalés.
San Sebastián (PNV)
Desde el año pasado, San Sebastián no da nuevas licencias para abrir ningún tipo de alojamiento turístico, ni hoteles ni pisos. No lo permite en ningún punto de las zonas consideradas más saturadas (con diez plazas turísticas por cada cien residentes) ni en las parcelas residenciales de toda la ciudad. Inicialmente, la moratoria iba a ser de un año, pero recientemente el Ayuntamiento la ha ampliado hasta el 2026.
Sevilla (PP)
El Ayuntamiento de Sevilla expuso en marzo sus planes para una regulación propia sobre los pisos turísticos. Lo más destacado: marcar un máximo de un 10 % de viviendas para viajeros respecto al número de viviendas familiares disponibles en cada barrio. Algunos distritos, como la mayor parte del centro o de Triana, ya están por claramente por encima del límite, por lo que en ellos no se aprobaría la puesta en marcha de más pisos. En total, la ciudad no podría contar con más de 32.400 licencias de VUT. Asociaciones de vecinos alertaron de que, ante la amenaza de cortar el grifo de nuevos permisos, la implantación de nuevas viviendas de uso turístico se aceleró en estos meses. De momento, las limitaciones aún no entrarán en vigor. La semana pasada, en un pleno, la oposición tumbó la propuesta del gobierno municipal, que ostenta el PP en minoría, por lo que tendrá que negociar su regulación.
Málaga (PP)
También la alcaldía de Málaga ha anunciado que limitará la concesión de nuevas autorizaciones para pisos turísticos. Solo podrán empezar a funcionar aquellos que cuenten con entrada propia dentro del edificio en el que se encuentren. Es decir, nada de alquiler un tercero C cuya única puerta comparta rellano con el A y el B. Será una medida provisional, mientras se elabora una nueva ordenanza específica que limite las viviendas vacacionales según la saturación de cada zona de la ciudad.
Barcelona (PSOE)
El alcalde, el socialista Jaume Collboni, anunció el viernes que para finales del 2028 habrá extinguido todas las licencias de pisos turísticos, que actualmente son más de 10.000. Para ello, se basa en un decreto que el Gobierno autonómico aprobó a finales del año pasado y que limita la implantación de viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes. En concreto, en aquellos que ya cuentan con más de cinco pisos turísticos por cada cien habitantes o que tienen problemas permanentes de acceso a la vivienda. En ellos no se podrán dar nuevas licencias de apertura de pisos vacacionales mientras no se adapte el planeamiento urbanístico, justificando que tiene suelo suficiente para viviendas residenciales para su población y permitiendo un máximo de diez licencias de VUT por cada cien habitantes. Quienes ya tienen pisos turísticos, tendrán cinco años para pedir la nueva licencia. El decreto catalán ha sido llevado ante el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite la denuncia. También la Comisión Europea ha pedido a España un informe sobre la normativa, al entender que sus medidas son desproporcionadas.