La opacidad en la contratación afecta al 40 % del sector público autonómico
GALICIA
Universidad y fundaciones concentran el grueso de los incumplimientos
01 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Un total de 36 de las 89 entidades que conforman el sector público de la comunidad autónoma han incumplido su obligación legal de remitir la información sobre sus contratos a la institución fiscalizadora de la autonomía, el Consello de Contas. Una proporción que equivale al 40 % y que se concentra, en gran medida, en las universidades y en las fundaciones, porque los organismos que dependen directamente de la Xunta sí presentan un mejor desempeño; concretamente, Contas señala a tres sociedades públicas: dos relacionadas con la gestión del capital riesgo (Sodiga y Xes Galicia) y otra de genética ganadera (Xenética Fontao) por no haber enviado la información relativa a los ejercicios del 2021 y del 2022, algo que sí hizo con posterioridad, como precisa la Xunta en sus alegaciones al trabajo de Contas.
El balance es mucho más pobre en cuanto a las fundaciones: 6 de las 18 no cumplen con lo que establece el artículo 365 de la ley estatal de contratos: Fundación Feiras e Exposicións de Ourense; Fundación Pública Galega Camilo José Cela; Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica; Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas; Fundación Semana Verde de Galicia y, por último, Instituto Feiral da Coruña. Tampoco lo hacen la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia y el Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
En el ámbito universitario —que está excluido de la obligación de incorporar los datos al registro autonómico y debe remitirlos directamente a Contas— el nivel de cumplimiento también es bajo: según Contas, 13 entidades de un total de 17 no han hecho los deberes. Esta es la lista del informe fiscalizador: Universidade de Vigo; Consorcio Centro de Investigación e Tecnolóxica Matemática de Galicia; Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións de Xestión Universitaria; Fundación Dieta Atlántica; Fundación Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte Fundación Universidade de Vigo; Fundación Universidade Santiago de Compostela; Cidade Tecnolóxica de Vigo, S.A.; Cidade Universitaria, S.A.; Cursos Internacionais Universidade Santiago de Compostela, S.A.; Sociedade Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L. y, por último, Sociedade Xestora de Intereses Universidade Santiago de Compostela, S.L.
Además de lo que supone incumplir la de la ley de contratos del sector público, la principal consecuencia de esta dinámica, según los expertos consultados, es que la falta de información afecta a la eficacia y a la eficiencia del manejo de los recursos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos. Por ejemplo, los contratos con un único licitador, por término medio, tienen un 6 % más de coste que los tienen dos o más.
Cuentas milmillonarias
A nivel autonómico, la contratación pública mueve 2.233 millones de euros, de los que 1.200, es decir, el 53 %, se corresponden con el Servicio Galego de Saúde (Sergas). Un organismo autónomo que figura en el listado de los que sí han cumplido con la obligación de enviar información, pero desde Contas advierten que una cosa es enviar los datos sobre contratos (estadísticos) y otra bien diferente que el contenido de lo que se remite sea el requerido por la normativa vigente: y en este sentido, la institución fiscalizadora considera que faltan datos sobre modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, variaciones de precios e importe final y sobre la nulidad y extinción normal o anormal de algunos contratos. La ley que ampara la creación del Consello de Contas recoge vías para imponer multas coercitivas por estos incumplimientos, pero nunca se han utilizado.
En el ámbito local, la contratación púbica mueve entre 600 y 500 millones de euros por año, dependiendo del ejercicio, de los que el 80 % se corresponde con los concellos y el 12 % con las diputaciones. El nivel de cumplimiento en la rendición de cuentas es del 76 %, más alto que a nivel autonómico.