Un policía afirma que Sito Miñanco tenía connivencia de funcionarios que le pasaban información
GALICIA
El encargado de su seguimiento desde el 2016 afirmó en el juicio que detectaron que había retomado su actividad ilícita con numerosas reuniones en Marbella, adonde se desplazaban personas de su confianza desde Galicia
03 dic 2024 . Actualizado a las 17:29 h.Uno de los policías nacionales que dirigieron la operación Mito contra el narcotráfico ha testificado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que el principal acusado, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, «contaba al cien por cien con la connivencia de funcionarios que le daban» información policial.
En la jornada de este martes compareció el subinspector de uno de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional encargado de la parte del operativo llevado a cabo en la Costa del Sol desde el 2016 hasta la detención de Sito Miñanco el 5 de febrero del 2018. Declaró que en el registro en el domicilio de Algeciras (Cádiz) de Sito Miñanco le incautaron más de 300.000 euros en metálico, además de documentos con anotaciones de recogidas de diferentes cantidades de dinero y cálculos de combustible para las lanchas rápidas que fabricaba en su astillero de Cambados para recoger la droga en alta mar.
También tenía anotaciones de placas de matrículas de coches de la Policía Nacional con tal detalle que incluso estaban divididas por unidades, Greco, Udyco (de Drogas y Crimen Organizado), Edoa (De Delincuencia Organizada y Antidroga) y Aduanas, con lo que «al cien por cien contaba con la connivencia de funcionarios que le daban esa información», afirmó.
El responsable policial relató en la sala que realizaron seguimientos desde el 2016 a Sito Miñanco, que residía en Algeciras, donde cumplía una condena ya en régimen abierto por una sentencia de un procedimiento anterior de tráfico de drogas. Dijo que detectaron que había retomado su actividad ilícita con numerosas reuniones sobre todo en Marbella, adonde se desplazaban sus personas de confianza desde Galicia y Madrid.
El policía aseguró que estaban preparando una operación de narcotráfico desde Sudamérica y que detectaron que el 3 de octubre del 2017 Sito Miñanco estaba muy preocupado porque no podían contactar ni con el barco que traía la cocaína ni con la lancha rápida que habían enviado para recoger la droga en alta mar.
Luego se enteraron de que el día anterior había sido abordado en Azores por las fuerzas de seguridad el buque Thoran en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína procedentes de Ecuador que la organización había comprado a organizaciones colombianas. El 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en los Países Bajos, introducidos en un contenedor.
«Es increíble porque esto le pasa a otra organización y se hunden, pero lejos de venirse abajo tras perder casi cuatro toneladas de cocaína en estas dos operaciones, ya estaban preparando otras de 1.000, 1.500 y 5.000 kilos», señaló el responsable policial.
No obstante, tras la caída de la droga en los Países Bajos, afirmó, se preocuparon porque los suministradores colombianos les exigían pruebas de que no se trataba de un robo. Por lo que la organización de Sito Miñanco exigió al presunto responsable de este transporte en los Países Bajos, un holandés también acusado en este juicio, que se hiciera con el atestado policial «para dárselo como prueba a los colombianos, ya que sus vidas corrían peligro».
El policía terminó su declaración contando que a finales del 2017 la organización desarrolló actividades de cobro de dinero, y destacó una en un restaurante de Fuengirola, donde una persona entregó una cantidad que se estima entre 650.000 euros y un millón a Sito Miñanco y a otro miembro de la red.
La de este martes fue la sexta jornada del juicio en el que se sientan en el banquillo 46 acusados, entre ellos el histórico narco gallego Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducción en España en el 2017 de casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.
También se juzga a Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont y que se enfrenta a una petición del ministerio público de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.