Funcionarias de Política Social alertan de que la Xunta «está desprotegiendo a los dependientes más que nunca»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

GALICIA

Trabajadoras de dependencia y discapacidad en Pontevedra, delante de sus oficinas.
Trabajadoras de dependencia y discapacidad en Pontevedra, delante de sus oficinas. ADRIÁN BAÚLDE

Dicen que el anuncio, con la campaña electoral del 2024 a la vuelta de la esquina, de la ayuda de 5.000 euros para cuidados en el hogar ha provocado un efecto llamada y que la única solución es contratar personal

11 feb 2025 . Actualizado a las 10:48 h.

«La gente está desesperada. Y está desesperada con razón». Así empiezan hablando las funcionarias —hay algún hombre, pero la gran mayoría son mujeres— de dependencia y discapacidad de la Consellería de Política Social en Pontevedra, un grupo de trabajadoras que atienden a toda la provincia desde la capital hacia el norte, tanto si es el Deza como O Salnés o Tabeirós, sobre lo que está pasando con los mayores o personas de cualquier edad que ya no pueden valerse por sí mismas. Dicen que podrían estar horas contando los horrores que detectan a diario en los domicilios y el enfado que recae sobre ellas por la desesperación que sienten las familias al tener que esperar y esperar para que les den una residencia, un centro de día u horas de atención domiciliaria. Pero prefieren ponerle nombre a los responsables y alertar de algo que ellas creen que está pasando a una velocidad de vértigo: «La Xunta está desprotegiendo a los dependientes más que nunca. Es terrible».

Las técnicas de dependencia, que son terapeutas, trabajadoras sociales o administrativas, explican que para entender lo que está pasando hay que viajar años atrás. Dicen que desde que en el 2006 entró en vigor la ley de dependencia empezaron a recibir solicitudes de las familias, que los funcionarios destinados a este trabajo atendían. El problema es que pasaron los años, Galicia siguió envejeciendo, se dispararon las peticiones —ellas creen que hay alrededor de un 40 % más— y «el personal continúa siendo el mismo». Indican que los sindicatos que las representan están hartos de pedir que se creen más plazas en dependencia sin éxito alguno. Y que ni siquiera se cubren las bajas, así que se fueron generando retrasos y más retrasos hasta provocarse un tapón y que numerosas familias denuncien que tienen a dependientes en casa sin valorar durante meses o que estén valorados pero no les llegue el servicio que les han concedido. 

«Hubo efecto llamada»

Hasta ahí, creen que con voluntad política, contratando a más personal y también concertando más plazas en residencias o centros de día, se podría frenar el problema. Pero denuncian algo que les parece más grave «y muchísimo más irresponsable». Y que tiene que ver con la última campaña electoral del PP para la Xunta. ¿De qué se trata? A finales del 2003, Alfonso Rueda anunció una medida que, a juicio de la Xunta, sirve para frenar el atasco que hay con la dependencia, ya que se ofrece a las familias la posibilidad de tener el llamado Bono Coidado no Fogar, es decir, una paga de 5.000 euros al año para que la persona dependiente, sea cual sea su nivel de renta y su grado de dependencia, quede al cuidado de un familiar, un vecino o un profesional. Ellas creen que, como parche ante una situación extrema, la solución puede no estar mal. Pero dicen que «se está convirtiendo la excepción en la norma».

Indican que la Xunta, «de forma irresponsable y sin preparar absolutamente nada», hizo un «efecto llamada tremendo» con la citada ayuda. Señalan que se multiplicaron las solicitudes y que a diario hay llamadas de familias de dependientes que contaban con otros servicios, como la ayuda domiciliaria o una plaza en un centro de día, y que lo rechazan para pedir esa ayuda. ¿Por qué? «Porque el dinero, aunque es muy poco y no llega ni de lejos para cuidar a una persona dependiente, es tentador», indican.

Señalan después lo que les parece más demoledor: «Para simplificar los trámites, vendiéndolo como una ventaja, lo que hicieron es cargarse el informe de los técnicos, sobre todo de las trabajadoras sociales. Nadie está comprobando si ese cuidador que va a cobrar la ayuda, los cinco mil euros, es una persona válida. Y la experiencia nos dice que no lo suele ser. Se pone como cuidadores a personas muy mayores o a gente que luego no ejerce como tal. Pero nadie les hace seguimiento. Es terrible lo desprotegidas que quedan las personas dependientes, que son las más vulnerables». Y lanzan una advertencia final: «Si seguimos por esta línea vamos a volver a tiempos pasados en los que se tenía encerradas a las personas dependientes o discapacitadas. Esto se soluciona poniendo personal y creando servicios públicos». 

La respuesta de la consellería

Preguntada la consellería por las denuncias de sus trabajadoras, Política Social niega que se esté prescindiendo de la figura del trabajador social. Indica que se pone en valor su trabajo en el ámbito de «valoración, asesoramento e seguimento dos servizos ou prestación da dependencia». Y dice sobre los informes para las ayudas que ellas señalan que ya no se hacen: «Non se eliminan, senón que deixan de ser preceptivos con cada solicitude, podendo emitirse nos casos que se considere necesario».

La Xunta defiende su Plan de Axilización e Simplificación da Dependencia e Discapacidade que entró en vigor en enero y señala que en menos de un mes logró agilizar la lista de espera en más de cinco mil personas.