Las comunidades de vecinos estarán obligadas a realizar obras de accesibilidad si lo pide un residente
GALICIA
El Gobierno aprueba el anteproyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad; la ayuda en el hogar se extenderá fuera del domicilio incluyendo servicios como hacer la compra o acompañar al médico
12 feb 2025 . Actualizado a las 09:46 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Fue el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien se encargó de presentar las novedades incluidas en este documento que pretende un nuevo enfoque, «promoviendo el derecho a la vida y a la autonomía personal».
Uno de los cambios afecta a la Ley de Propiedad Horizontal, que se modificará para obligar a las administraciones a dar ayudas económicas para obras de accesibilidad en las viviendas y a las comunidades de vecinos a solicitarlas si alguno de los residentes lo pide. Se calcula que en España hay unas cien mil personas encerradas en sus domicilios por problemas de accesibilidad. El nuevo texto rebaja además del 75 % al 70 % el porcentaje de obra a pagar por la comunidad.
Seguros de vida y salud no podrán discriminar a las personas con discapacidad que quieran contratar un seguro, y se supervisará el desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías para eliminar sesgos que puedan afectar a este colectivo. El texto del anteproyecto recoge una pasarela automática entre discapacidad y dependencia, de modo que las personas que tengan reconocida esta última tendrán de forma automática una discapacidad de un 33 %. En este sentido la Xunta ha ido más allá en su última reforma ya que se establece una pasarela que puede ir hasta el cien por cien en el caso de los dependientes de grado 3.
El ministro de Derechos Sociales explicó también los cambios que se acometerán en la ley de dependencia que impulsó el gobierno de Rodríguez Zapatero. Hay casi dos millones de personas que requieren atención por parte del sistema de atención a la dependencia, «y estamos reconstruyendo este sistema con el objetivo de apuntalarlo como un pilar del estado del bienestar», señaló Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Uno de los cambios importantes es la ampliación de uno de los servicios más utilizados, el de ayuda a domicilio —SAF en Galicia— que no se limitará a los cuidados en el seno de la vivienda sino que se ampliará al entorno comunitario, permitiendo por ejemplo que el cuidador haga la compra o acompañe al médico al dependiente.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar incluirá a otras personas allegadas, y la teleasistencia se convertirá en un derecho universal de todos los dependientes, por lo que cuando se apruebe la reforma podrán solicitarla todos los que cuenten con este reconocimiento.
Esta modificación elimina «dos recortes importantes» del gobierno de Rajoy, apuntó el ministro. Por un lado suprime el régimen de incompatibilidades de las prestaciones y por otro elimina el plazo de suspensión máximo de dos años en las prestaciones económicas.
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La Xunta ya aplica algunos de estos cambios y lamenta que la reforma no se acompañe de fondos
En Galicia ya se están aplicando algunas de las medidas anunciados por el ministro de Derechos Sociales y de hecho la conselleira de Política Social, Fabiola García, las planteó a Bustinduy en la reunión que mantuvieron el pasado mes de diciembre. Como ejemplo la Xunta pone la posibilidad de combinar servicios —el SAF y el centro de día—, o la homologación de dependencia y discapacidad. Desde el 1 de enero se concedió esta discapacidad a cinco mil dependientes con la homologación automática, y en febrero se certificarán otros mil más.
Las prestaciones económicas ya se conceden a partir del séptimo mes —transcurridos los seis obligatorios de resolución del servicio— y las viviendas colaborativas, añade la consellería, que ahora se recogen en el anteproyecto del ministerio, ya están reguladas en Galicia.
Finalmente, la Xunta lamenta que todos estos cambios anunciados tras el Consejo de Ministros no se acompañen de los fondos necesarios para desarrollarlos. Por ejemplo, el SAF se amplía a actividades de fuera del domicilio, «pero sin tener en cuenta si los concellos tienen personal suficiente para prestar esos servicios, financiación o disponibilidad en los contratos vigentes». Otra de las críticas del Gobierno gallego es la falta de diálogo, «se proponen cambios en dependencia sin consultarlo ni con las comunidades ni con los concellos, que también se ven afectados».
Críticas de la Fegamp
Tampoco la Fegamp ve con buenos ojos las novedades del anteproyecto precisamente por la falta de financiación que los acompañe. El presidente de esta entidad y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recuerda que a la escasez de fondos se suma el hecho de que estos días se cumple un año desde que se solicitó una entrevista con el ministro, sin respuesta todavía. La Fegamp arremete también contra la Xunta por las sanciones impuestas a los concellos por los problemas en la gestión del SAF, derivados de la falta de financiación de la Xunta y el Gobierno central.