Las víctimas logran que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo estudie su demanda contra España por no realizar una investigación técnica independiente del descarrilamiento, tal y como dictaminó Bruselas. Este tribunal apenas admite a trámite el 5 % de las denuncias que recibe
17 feb 2025 . Actualizado a las 19:11 h.La Justicia europea, concretamente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, analizará una de las vertientes políticas más polémicas del accidente del Alvia en Santiago, que causó 80 muertos y 144 heridos el 24 de julio del 2013. La secretaría de este tribunal acaba de comunicar a la Plataforma de víctimas que acepta su demanda contra el Reino de España por no realizar la investigación oficial del accidente dentro de los parámetros de independencia que fija la normativa de la Unión Europea. Los antecedentes de la demanda parten de la denuncia interpuesta en julio del 2021 ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que las víctimas solicitaban que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) llevara a cabo una nueva investigación independiente que cumpliera con los requisitos legalmente establecidos —como el trámite de audiencia a las víctimas— y que subsanara las graves deficiencias señaladas por la Comisión Europea, en un informe de la Agencia Ferroviaria de la UE. Entre ellas, la participación de profesionales del ADIF y de Renfe, ambas empresas estatales, en la elaboración de unas pesquisas sobre un siniestro en el que ambas firmas podrían tener responsabilidad (más claramente en el caso del administrador ferroviario).
Pese a la insistencia de la Comisión Europea, la CIAF se negó en distintas ocasiones a reabrir la investigación, que apuntalaba como principal causa del accidente el error del maquinista, y dejaba en segundo plano las cuestiones relativas a la ausencia de seguridad en a curva de Angrois, siguiendo la línea oficial que marcaba el entonces Ministerio de Fomento con Ana Pastor al frente, con una campaña mediática que buscaba salvar la alta velocidad española centrando toda la responsabilidad en el maquinista, Francisco José Garzón. E incluso negando que la línea en el que se produjo el descarrilamiento fuera de alta velocidad, pasando por alto el sentido común y el consenso técnico al respecto. La sentencia hecha pública el verano pasado echa por tierra el argumento de un accidente con un único culpable, al condenar también a dos años y medio de cárcel al exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte. El administrador ferroviario la ha recurrido de la mano de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que retiró la acusación contra Cortabitarte al final del juicio, también ha salido en auxilio de las tesis gubernamentales.
«Agotadas todas las vías que el derecho interno español ofrece [Tribunal Supremo y Constitucional], acudimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido nuestra demanda y deberá pronunciarse sobre la vulneración del derecho a un proceso equitativo y verificar si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas y sus familiares», explica la plataforma de afectados en un comunicado. La admisión a trámite de la demanda, presentada a través de Administrativando Abogados, supone todo un éxito procesal, pues este tribunal europeo apenas acepta tramitar el 5 % de las denuncias que recibe, según los datos del Consejo General de la Abogacía. «Dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes que aún no se haya realizado la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente. Han pasado más de 11 años, cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE», lamentan las víctimas.
Estos reproches también se dirigen al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, «que no da la cara y se niega a recibirnos». «Un ministro que desprecia a los usuarios del ferrocarril y su seguridad -añaden-, y que como alcalde de Valladolid aprobó en el 2016 una moción para instar al Gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes. Un acto más de hipocresía».
El argumento de la Administración para no reiniciar la investigación estriba en que, tras las modificaciones normativas exigidas por la Comisión para garantizar la independencia de la CIAF, este organismo ya es plenamente independiente y, por tanto, el ministerio no puede imponerle este criterio. Una línea argumental que es en sí misma un círculo vicioso.
Para el abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, «es un éxito absoluto que Europa decida revisar la actuación llevada a cabo por la jurisdicción española en el que ha sido el accidente ferroviario más grave de la democracia. Esperamos obtener una resolución favorable que ordene al estado Español a realizar una nueva investigación independiente. Dada la complejidad del asunto y la inexistencia de precedentes, que al menos yo conozca, considero que las víctimas del Alvia están haciendo historia en esta lucha judicial». Ahora, el Gobierno de España, a través de la Abogacía del Estado, deberá elaborar alegaciones para contrarrestar la demanda de la Plataforma de víctimas, que se convierte en un nuevo frente judicial mientras la Audiencia Provincial de A Coruña analiza los recursos contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago. «El objetivo de no llevar a a cabo esta investigación es claro: evitar cualquier tipo de responsabilidad política y contaminar a la opinión pública para ocultar la verdad, las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad. La seguridad de los usuarios del ferrocarril está en juego», aseguran las víctimas.
Las víctimas del Alvia han encontrado en Europa un aliado para su causa. Sus contactos con la Comisión y la Agencia Ferroviaria de la UE, a menudo apadrinados por la eurodiputada del BNG Ana Miranda, han servido para airear la injerencia política en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). En el ámbito judicial —en este caso en lo contencioso-administrativo—, vuelven a las instituciones comunitarias para obligar a la CIAF a levantar su veto a una nueva pesquisa técnica sobre el accidente. La otra gran macrocausa desarrollada en Galicia, el Prestige, también acabó con una de sus secuelas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que avaló la fianza de 3 millones de euros impuesta en su momento al capitán Mangouras.