Asegura que el cliente que le pidió ayuda para recuperar los 900.000 intervenidos en Barajas fue otro de los encausados y que no tuvo ninguna reunión con el narco gallego; la Fiscalía mantiene su petición de 31 años para el cambadés y 9 años y 9 meses para el abogado
17 feb 2025 . Actualizado a las 17:18 h.El abogado Gonzalo Boye insiste en que no blanqueó dinero para Sito Miñanco. Así lo ha dicho este lunes durante el juicio que se sigue contra el narco gallego, el propio Boye y otros 43 acusados por la operación Mito.
A Boye, conocido también por llevar la defensa de Carles Puigdemont, se le relaciona con el intento de recuperar parte de los casi 900.000 euros que en febrero del 2017 se aprehendieron en Barajas dentro de las bolsas de viaje de cinco ciudadanos colombianos que pretendían volar a su país. Un dinero que más tarde se relacionó con una presunta organización dedicada al narcotráfico y dirigida por Miñanco. Por ello, la Fiscalía pide para él 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial, además de una multa de 2,7 millones de euros y la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
El abogado ha reconocido en el juicio que su despacho hizo gestiones para intentar recuperar parte de ese dinero aprehendido, pero ha asegurado que su cliente no fue el capo cambadés, sino Manuel González Rubio ('El Viejito'), uno de los presuntos correos humanos que intentaron sacar el dinero de España a través del aeropuerto madrileño y que también se sienta en el banquillo.
En declaraciones a su defensa —pues rechazó responder al fiscal—, Boye ha comentado que un día después de que se requisara el dinero en Barajas mantuvo una reunión en su despacho con González Rubio, a quien conocía desde el año 2009 por otros asuntos que le llevaron en su bufete. En ese encuentro, el abogado le advirtió que parte del dinero se perdería porque habría una multa y que, en todo caso, tendría que acreditar el origen y destino legales del mismo. González Rubio le habría asegurado que no había problema, pues llevaba el dinero a Colombia para hacer frente a unos pagos por la creación de una empresa nueva en el país e iba a buscar la documentación correspondiente.
«¿Le hace referencia a que tiene vinculación con Prado Bugallo?», le ha preguntado a Boye su defensa. «Ni con él ni con nadie» ha respondido taxativo.
Tras esa primera reunión, González Rubio viajó a Colombia para hacerse con la documentación necesaria. Y el 10 de febrero, dos días más tarde, Boye asegura que fue contactado por el abogado Alejandro Guerra para volver a reunirse para hablar sobre el asunto. Según reconoció, en ese encuentro participaron también Isabel Prado —hija de Miñanco, que ya había colaborado con ellos en procedimientos— y Jesús Morán —otro de los encausados—. Sin embargo, negó que el propio José Ramón Prado Bugallo (nombre real del narco gallego) participara en ninguna reunión con él ni en febrero ni en meses posteriores. «Es falso», afirmó.
También aseveró que el asunto lo llevó su despacho, pero que él él no redactó alegaciones a los expedientes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Presiones policiales a otro imputado para que le inculpe
Boye también se pronunció sobre el cambio de declaración de otro de los encausados en el juicio, Manuel Puentes Saavedra, alias El Gordo, que aseguró que el dinero apresado era en realidad de Sitio Miñanco y que Boye trabajó en una estrategia para recuperar esas cantidades para el narcotraficante.
Según el abogado de Puigdemont, ese cambio de versión llegó después de que agentes de la policía visitaran a Puentes Saavedra durante su estancia en prisión para decirle que quedaría en libertad si declaraba en contra de Boye.
La defensa de El Gordo habría comentado a Boye que su cliente estaba recibiendo visitas y ofertas en la cárcel, para posteriormente confirmarle que había alcanzado un pacto. «Me dice que la Policía le visita [en prisión] y que el acuerdo era dejarle en libertad a cambio de declarar en mi contra», ha dicho Boye. Sea por ese o por otros motivos, Puentes fue excarcelado.
Fiscalía mantiene la petición de penas
En la jornada de este lunes también ha pronunciado sus conclusiones definitivas la Fiscalía, que ha ratificado su acusación para los más de cuarenta encausados.
En concreto, el fiscal mantiene su petición de 31 años y seis meses de prisión para Sito Miñanco, por intentar introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína. También la solicitud de 9 años y 9 meses de prisión para Boye por blanqueo de capitales y falsificación de documento.
El Viejito asegura que el dinero era suyo y que lo llevaba a Colombia para crear una empresa
El supuesto cliente de Boye, Manuel González Rubio, conocido como 'El Viejito', también ha hablado este lunes ante el tribunal, indicando que los casi 900.000 euros que fueron incautados en Barajas y que presuntamente pertenecían a la organización criminal de Sito Miñanco, eran en realidad suyos y que los quiso mover a Colombia para afrontar unos pagos para la creación de una empresa.
En respuesta a las defensas, González Rubio ha dado una versión totalmente opuesta a la de Puentes Saavedra que el pasado jueves dijo que el dinero sí era de la organización de Miñanco y que él mismo coordinaba los envíos a Colombia, apuntando a que González Rubio no era más que un correo humano a sus órdenes.
El Viejo también ha denunciado haber sufrido presiones de la policía cuando estaba en prisión para que declarara que el dinero no era suyo. Ha dicho que le ofrecieron hasta rebaja de condena y puesta en libertad, pero que «no podía mentir». Sin embargo, sí reconoce que en un momento de la instrucción sí llegó a cambiar su versión porque quería salir de la cárcel como Puentes Saavedra.
Sobre por qué trataba de sacar del país casi 900.000 euros repartidos en el equipaje de varias personas, González Rubio aseguró que le urgía llevar el dinero a Colombia para afrontar unos pagos de empresa y que por eso, una vez logró reunir el dinero, le pidió a su familia que le «ayudara a llevarlo repartido» en el equipaje «porque no daba tiempo a hacer las cosas de manera correcta». «Lo hice mal, pero lo hice, pedí que me ayudaran a llevar el dinero hasta Colombia», ha reconocido. «Yo cometí un error al llevar un dinero sin declarar, pero era por la urgencia de la empresa que había comprado en Colombia, necesitaba pagar, por eso solicité un préstamo a una empresas prestataria, Versia», ha detallado.
Tras la aprehensión de Barajas, El Rubio ha explicado que recurrió al despacho de Gonzalo Boye porque ya le había llevado otro asunto años atrás. También contó que en una primera reunión el abogado le dijo que «la única manera de recuperar el dinero, y no todo, era legalizar o demostrar que el dinero era lícito». «Le dije que tenía toda la documentación de la empresa», ha señalado.
Además, ha negado que Sito Miñanco o Puentes Saavedra estuvieran en esa reunión, en contra de lo que defendió este último en su declaración.
Otras dos de las presuntas mulas humanas que presuntamente transportaban dinero de Sito Miñanco a Colombia también han declarado y han mantenido la versión de El Viejito. Han sostenido que llevaban ese dinero en sus maletas para ayudar a González Rubio a que montara una academia de formación «para militares».
Junts acusa a Interior de ofrecer escolta a un condenado por narcotráfico que incriminó a Gonzalo Boye
Junts ha censurado este lunes al Ministerio del Interior por negarse a darle información sobre la supuesta protección ofrecida a un condenado por narcotráfico, Manuel Andrés Puentes Saavedra, cuyo testimonio ha sido clave para incriminar en el juicio por la operación Mito al abogado Gonzalo Boye, letrado de Carles Puigdemont.
En diciembre, el partido que lidera Carles Puigdemont ya pidió explicaciones sobre el permiso de residencia de Puentes Saavedra, pero el Ministerio del Interior se ha negado a dar detalles en una respuesta parlamentaria por escrito fechada el 12 de febrero, consultada por Europa Press. «El Gobierno, pese a mantener un respetuoso cumplimiento y pleno sometimiento al control parlamentario, no puede facilitar información de la situación administrativa o judicial de ciudadanos particulares», ha indicado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Tras conocer la respuesta, Junts ha denunciado la «contradicción de este trato, especialmente en comparación con la negativa del propio Ministerio del Interior a permitir la escolta policial de los Mossos d'Esquadra al presidente Puigdemont al que legalmente tiene derecho».
Según ha informado Junts, la formación ha registrado este lunes una nueva batería de preguntas para insistir en pedir explicaciones por la decisión de dar permiso de residencia al ciudadano colombiano Andrés Puentes Saavedra. Lo justifica en que ahora «ha tenido conocimiento de que el Ministerio del Interior le ha asignado protección policial».