La Fiscalía retrata la maquinaria de Sito Miñanco para lavar dinero entre España y Colombia
GALICIA
En las conclusiones del juicio de la Audiencia Nacional, el ministerio público sostiene que Gonzalo Boye formó parte de la trama para recuperar 900.000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas
19 feb 2025 . Actualizado a las 19:31 h.El juicio en la Audiencia Nacional contra José Ramón Prado Bugallo, conocido por Sito Miñanco, y los otros 42 procesados por trabajar para el de Cambados entre el 2016 y el 2018 enfila su recta final. Este miércoles la Fiscalía acabó de exponer sus conclusiones sobre los delitos de falsedad documental oficial y mercantil de este caso. Su relato final no varía del expuesto en su escrito de acusación inicial sobre el blanqueo de capitales continuado que se atribuye a Miñanco y a otros procesados, con una maquinaria perfectamente engrasada capaz de blanquear en solo dos años 11 millones de euros ganados con la importación de cocaína.
La Fiscalía señala al abogado Gonzalo Boye, letrado de Miñanco durante los años investigados, e igualmente acusado por, presuntamente, participar del entramado concreto de blanqueo. Boye se enfrenta a una petición de nueve años y nueve meses de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.
El ministerio público sostiene que Gonzalo Boye —letrado también del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont— sobrepasó el límite legal como abogado en sus gestiones para intentar recuperar casi 900.000 euros incautados a presuntos miembros de la organización de Miñanco, y estima que no existía otro fin que blanquearlos. El fiscal recordó este miércoles que el 6 de febrero de 2017 se incautaron casi 900.000 euros en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a Manuel González y otros cuatro acusados cuando trataban de transportar el dinero a Colombia en varias mochilas y maletas.
Durante su declaración el pasado lunes, Boye aseguró que su despacho hizo gestiones para intentar recuperar parte de esos 900.000 euros que le confiscaron en el aeropuerto a un cliente suyo, Manuel González, y que este le presentó documentación para acreditar que llevaba ese dinero a Colombia por unos compromisos de pago que tenía por un negocio de su empresa en ese país. Sin embargo, el fiscal estima que Boye no se limitó a realizar una mera labor de asesoramiento jurídico para recuperar el dinero confiscado y le recordó que «el derecho al secreto profesional decae cuando el abogado decide sumarse a un proceso delictivo».
El ministerio público concluye que Boye participó en el diseño de una operativa ficticia para recuperar ese dinero. La supuesta artimaña consistió en la presentación ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) de una documentación para justificar su origen de acuerdo a la cual Manuel González habría adquirido unas letras de cambio a través de trece contratos con origen en distintos préstamos hipotecarios. El fiscal añade que el Sepblac no admitió dicha documentación al apreciar que dichas letras ya fueron usadas en otros expedientes distintos e impuso la correspondiente multa a los acusados a los que les fue incautado el dinero en el aeropuerto.
Tras un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los magistrados rebajaron la multa pero establecieron en su sentencia que no se había acreditado que el dinero perteneciera a Manuel González o a sus acompañantes en el aeropuerto ni tampoco el origen del mismo. El fiscal insistió en la participación, entre otros acusados, de Gonzalo Boye y de Sito Miñanco, «como titular de ese dinero», en las gestiones para su recuperación.
Sobre lo que refleja la documentación aportada para tratar de acreditar el origen de la cantidad confiscada el fiscal, la Fiscalía recalca: «Ese asunto nunca existió como tal y solo se creó para justificar el dinero en el ámbito de la finalidad que tenía esta organización criminal, su recuperación a toda costa, y para ello se formalizó, se proyectó, se diseñó y se ejecutó toda esta operativa». Boye reitera que sus acusaciones son falsas. Lo argumentó con documentación durante la instrucción a través de sus abogados, y lo hizo personalmente durante su declaración en el juicio.
El segundo y último representante de la Fiscalía finalizó este miércoles la exposición de sus conclusiones finales para dar paso al única acusación particular. Representa a uno de los agentes de la Policía Nacional que durante las detenciones fue repelido con una pistola precisamente por Manuel González, la persona a la que le fueron requisados 900.000 euros. Mañana está previsto que exponga el abogado de Miñanco sus conclusiones finales, para, al acabar, dar paso al resto de defensas.
La Audiencia Nacional juzga al histórico narco gallego Sito Miñanco y a los considerados integrantes de su banda entre el 2016 y el 2018 desde el pasado otoño. Miñanco se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 31 años y seis meses de prisión por intentar introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros procedentes de la venta de la droga y dirigir la estructura para blanquear el dinero.