El Gobierno duda de la legalidad de vincular el grado de discapacidad al de dependencia para agilizar las ayudas
GALICIA
Convoca a la Xunta a la comisión bilateral, previa al recurso constitucional. Los usuarios en Galicia tendrían beneficios fiscales de más de 54 millones de euros.
05 mar 2025 . Actualizado a las 11:48 h.El Gobierno central tiene dudas sobre la legalidad de una de las principales medidas tomadas por la Xunta para acelerar las prestaciones a los dependientes: el uso de equivalencias para reconocer el grado de discapacidad de forma simultánea a esas personas.
A raíz de esas dudas, el Ministerio de Política Territorial ha enviado al Gobierno gallego una invitación para reunir la comisión bilateral de cooperación en la que abordar las discrepancias, que afectan a otros tres artículos de la ley de medidas. El procedimiento es habitual, y las diferencias suelen resolverse de mutuo acuerdo, pero en caso de que no fuese así, el asunto podría terminar en el Tribunal Constitucional.
La medida de la Xunta está regulada en el artículo 45 de la Ley 5/2024 de medidas fiscales y administrativas, la ley de acompañamiento de los presupuestos, que el Gobierno gallego utiliza como vía para introducir con rapidez nuevas normas y cambios legislativos.
En este caso, el artículo 45 añade una disposición adicional a la ley de servicio sociales, que regula las citadas prestaciones.
El plan de choque
La disposición tiene la meta de «garantizar una efectiva atención de la dependencia y discapacidad» y se justifica por «razones de simplificación» del procedimiento. El cambio en sí consiste en la aplicación de tres equivalencias cuando deba reconocerse el grado de discapacidad con la dependencia. Así, a un grado de dependencia uno corresponderá el de discapacidad del 33 % como mínimo. El grado de dependencia dos corresponderá al menos un 66 % de discapacidad. Por último, el grado de dependencia tres tendrá su equivalente en un 100 % del grado de discapacidad.
Esa modificación forma parte del plan de choque activado por la Xunta en enero para intentar reducir las listas de espera de la dependencia. Este lunes, la conselleira de Política Social, Fabiola García, aseguró que esas medidas están funcionando porque el número de resoluciones de dependencia y discapacidad este año aumento un 60 % y un 24 % respectivamente sobre las cifras del mismo período del 2024.
Más allá de los efectos del plan de Política Social, el Gobierno central se cuestiona si la forma que ha regulado la Xunta para conceder la discapacidad es compatible con la Ley General de la Seguridad Social, que ordena determinar el grado de discapacidad según el baremo aprobado por el Gobierno.
El Ejecutivo señala además que la decisión de la Xunta podría afectar al sistema de seguridad social y al reconocimiento de algunas prestaciones sociales, como las familiares en su modalidad no contributiva.
Dejando a un lado las consideraciones legales, la concesión de la discapacidad tendrá un efecto reseñable en la recaudación fiscal del Estado, ya que esas personas tienen derecho a distintas rebajas.
La deducción del mínimo del contribuyente es de 3.000 euros anuales para las personas con discapacidad del 33 % al 65 %. Por encima de ese porcentaje asciende a 9.000 euros anuales, y si se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas se añaden otros 3.000 euros al año.
También se aplican deducciones de 1.200 euros para las personas a cargo de ascendientes o descendientes con discapacidad. Esa cifra también se amplia a cónyuges con rentas anuales mayores de 8.000 euros.
Además, se aplican rebajas a los rendimientos del trabajo. Si la discapacidad está entre el 33 % y el 65 % hay 3.500 euros en deducciones. Si se padece de movilidad reducida o se precisa ayuda extra, la cifra asciende a 7.750 euros.
Finalmente las personas con discapacidad tienen derecho a un IVA reducido o superreducido para adquirir determinados bienes y servicios. Figuran entre ellos los dispositivos para tratar problemas respiratorios, la reparación de sillas de ruedas, equipos médicos, gafas y lentillas y dispositivos para tratar la diabetes o hacer diálisis. El IVA será del 4 % para la ayuda a domicilio, lo centros de día, la teleasistencia, implantes, prótesis y ortesis, y la compra o reparación de vehículos adaptados.
Una estimación conservadora de la Xunta cifra las deducciones en unos 9.000 euros anuales por beneficiario. Si esa cantidad se multiplica por el número de personas que tendrían acceso al reconocimiento, unas 6.000, se obtiene un impacto de unos 54 millones en la recaudación.