Política Social acusa al Gobierno de poner trabas al plan para agilizar las ayudas a la dependencia

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

GALICIA

Fabiola García es la responsable de la Consellería de Política Social.
Fabiola García es la responsable de la Consellería de Política Social. Sandra Alonso

El Ejecutivo tiene dudas sobre la legalidad de establecer equiparaciones entre el reconocimiento de ese grado y el de discapacidad

05 mar 2025 . Actualizado a las 14:16 h.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, reprochó al Gobierno central que esté poniendo «trabas» al plan de la Xunta para agilizar la concesión de ayudas a personas dependientes y discapacitadas.

García consideró que ese es el objetivo de la convocatoria de la comisión bilateral para analizar las dudas de legalidad que el Ejecutivo tiene sobre una de las principales medidas de ese plan: las equivalencias entre grados de dependencia y discapacidad, lo que debe reduce el número de trámites a realizar.

El Gobierno considera que esa medida puede chocar con la Ley General de la Seguridad Social, que ordena determinar el grado de discapacidad según el baremo aprobado por el Gobierno, y que puede afectar al sistema de la Seguridad Social y al reconocimiento de prestaciones familiares en su modalidad no contributiva, entre otros.

Pero García defendió que gracias a esa medida y al resto de las comprendidas en el plan, en «so dous meses levamos recoñecidas máis de 6.000 persoas».

Por lo tanto, añadió la conselleira, «pídolle ao Goberno central que rectifique, que deixe de poñer paus nas rodas e que nos pague todo o que nos debe da factura da dependencia que son máis de 2.500 millóns de euros».

Además, subrayó que las medidas seguirán vigentes: «Mentres o Goberno central sigue poñendo trabas, nós imos continuar axilizando expedientes, dando máis axudas e máis prestacións para todas as persoas dependentes».

El reconocimiento de la discapacidad lleva aparejados beneficios fiscales para las personas en esa situación, que la Xunta cifra en una estimación «conservadora» en unos 9.000 euros al año. De acuerdo con esa cifra, el reconocimiento del grado de discapacidada 6.000 personas supondrá una bajada de la recaudación de unos 54 millones anuales.