La secretaria general de Transporte Terrestre culpa al PP de que la autopista aún esté sometida a peajes, y los populares acusan a Pedro Sánchez de «boicotear» a Galicia
11 mar 2025 . Actualizado a las 13:07 h.El Gobierno central ha descartado este martes de manera oficial y definitiva el rescate de la concesión de la autopista gallega AP-9, aduciendo los costes económicos que representaría romper el contrato con Audasa para liberar la infraestructura del pago de peajes. En una comparecencia en la comisión de Transportes del Congreso de los Diputados de la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, la alto cargo del ministerio que dirige Óscar Puente, aseveró con rotundidad que «tenemos un contrato concesional con una duración total de 75 años y unas tarifas que deben cumplirse, no siendo viable en la actualidad el rescate de la concesión, precisamente por el altísimo volumen de gastos que ello conllevaría, inasumibles ahora mismo por el Estado porque tendría unos efectos lesivos muy importantes». La alto cargo ministerial atribuyó la responsabilidad de dicha situación de manera reiterada al Gobierno que presidió José María Aznar, aludiendo tanto a la ampliación de la concesión en 25 años más hasta los 75 que se cumplirán en el año 2048, como a la privatización de la empresa en el 2003. «Son estas decisiones las que nos tienen preguntándonos una y otra vez por qué la AP-9 es la autopista con mayor duración que tenemos ahora mismo en España», aunque su plazo de tres cuartos de siglo en vigor de su concesión también rigen en la otra vía estatal de pago en Galicia, la AP-53 (Santiago-Dozón).
Serrano Balbuena trató de justificar su afirmación sobre la imposibilidad de rescate y gratuidad para la AP-9 «por motivos de índole jurídica y económica que son muy complejos de revertir, como la modificación de la concesión aprobada en el año 2000 y sin la que la concesión habría acabado en agosto del año 2023 si ustedes no hubieran realizado esta modificación hasta agosto de 2048, pasando su duración de 50 a 75 años». La secretaría general de Transporte Terrestre reconoció «la carga que supone el pago del peaje para los usuarios de esta infraestructura y para el tejido empresarial gallego», que insistió en achacar al PP.
A mayores de las dificultades que el Gobierno adujo para rechazar el rescate de la AP-9, la representante del Gobierno trató de poner en valor las decisiones de rebaja de las tarifas de los peajes de la autopista llevadas a cabo por el actual Ejecutivo «porque consideramos que es lo justo y que los ciudadanos gallegos tienen que ver aligerado el peso que supone el pago del peaje en una vía que articula la región». Según las cuentas del Ministerio de Transportes las reducciones de peaje hasta el final de la concesión, «sin precedentes» en la autopista gallega y en el resto de autopistas de España, han supuesto desde el 2018 un ahorro a los usuarios más de 330 millones de euros en peajes que han asumido las arcas del Estado. Desde 2021, los nuevos esquemas de bonificaciones equivalen a 54 millones anuales, 216 millones en total, de ellos 154 millones se activaron como bonificaciones directas a los usuarios, 61 millones en la amortización de la cuenta de compensación a Audasa por las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago, 99 millones en la gratuidad desde el 2006 de los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala, y más de 19 millones para limitar la subida de las tarifas desde 2023 frente a a inflación causada por la invasión de Ucrania. A cuenta del acuerdo de investidura entre PSOE y BNG se han reservado 27,6 millones de euros adicionales anualmente para aumentar el descuento a los usuarios que hacen 20 o más viajes al mes. «Yo creo que desde el Gobierno estamos claramente comprometidos en reducir y en mejorar la vida de los ciudadanos de Galicia», concluyó la secretaria general.
Celso Delgado, diputado del PP que motivó la comparecencia de la dirigente del ministerio, cargó en su intervención contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que acusó de «no estar respetando la división de poderes, ninguneando a las Cortes Generales, despreciando también las demandas unánimes del Parlamento de Galicia y ninguneando al Congreso» por incumplir la moción aprobada en junio del año pasado pasado para instar la transferencia de la autopista a la Xunta y proceder a su rescate.
El diputado ourensano añadió que también se aprobó una iniciativa con la que se transmitió al Gobierno la necesidad de encargar un estudio para explorar las vías jurídicas de la anulación de la última prórroga activa desde el 2023 y para evaluar los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la cesión directa a la Administración gallega. Delgado cargó especialmente contra el «ninguneo» a las peticiones del Parlamento de Galicia sobre la AP-9, y recordó que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, había llegado a comprometer la gratuidad de la autopista. «Pero son palabras vacías y son mentiras para intentar atraer el voto de la gente».
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«Exigimos que cese el boicot, repito, el boicot del Gobierno a la transferencia de la autopista a Galicia», aprovechó Delgado para reclamar también que se termine con las prórrogas que la Mesa del Congreso acumula ya hasta 23 en esta legislatura y 38 contando con la anterior, para iniciar el debate sobre la citada transferencia de la titularidad a Galicia. El diputado popular reiteró la petición al Gobierno de que haga el estudio sobre el coste de dicha transferencia, que recordó la Xunta tasó en un análisis propio entre 526 millones de euros y 2.355. Delgado también contrapuso la decisión del Gobierno de rescatar y hacer gratuita en Alicante la AP-7, lo que demandó también para tramos del vial gallego como el de O Porriño a Vigo, «que es también una demanda bastante generalizada en nuestra comunidad. ¿Al menos podemos ir estudiando esta posibilidad?, ¿o es que vamos a seguir con esta marginación por parte de su ministerio al noroeste peninsular en materia de peajes?. Se liberan en otras comunidades y, sin embargo, en la nuestra los pagamos y los más caros», aseveró.