Parece haber bastante consenso en que el principal motivo del constante incremento de precios, y de los alquileres, se debe a la falta de oferta, o, mejor, a la falta de una oferta suficiente para atender a la demanda, demanda que es muy heterogénea geográficamente y en cuanto a sus preferencias.
¿Y por qué hay semejante insuficiencia de oferta de vivienda? Es fácil de explicar: el sector de la promoción y construcción de viviendas lleva casi 15 años sin iniciar nuevas operaciones: de iniciar en toda España más de 615.000 viviendas en el 2007 se pasó a solo 31.377 en el 2013. Solo a partir del 2018, se alcanzaron las 80.000 viviendas iniciadas, superándose las 100.000 solo después del covid. Pero es que, por dar un dato, solo el número de divorcios y separaciones en España el año pasado superaron los 80.000, por lo que casi la totalidad de la vivienda nueva sería absorbida por el cónyuge que ha de abandonar el hogar familiar. Y ello sin tener en cuenta a los jóvenes que se emancipan, o se quieren emancipar, los emigrantes retornados, los inmigrantes que vienen por primera vez a España (y a Galicia), los movimientos internos de la población («del campo a la ciudad»), los desplazamientos por motivos laborales o de estudios... Ni las segundas residencias en un país eminentemente turístico como es España. Según los datos del INE, la creación neta de hogares se estima en más de 182.000 anuales (otros estudios hablan de unos 225.000), con lo que todos los años se produce un déficit de más de 100.000 viviendas. En este sentido, tendríamos un déficit acumulado en España de más de 1.500.000 viviendas, especialmente preocupante en las zonas de mayor demanda. Lo mismo sucedió en Galicia: según el IGE, se pasó de levantar 45.614 viviendas en el 2008 a tan solo 1.149 en el 2015.
Durante años fueron muchos los que criminalizaron al sector, lo hicieron culpable de todos los males, los propios y los que le eran ajenos, pusieron todas las trabas y crearon una opinión pública absolutamente contraria al fenómeno urbanizador, a los promotores y constructores, al ladrillo... De aquellos polvos, estos lodos.
Si he de ceñirme a una medida especialmente gravosa («¿cuándo se jodió el Perú?»), especialmente dañina para la existencia de un mayor número de vivienda asequible, destacaría el real decreto 1713/2010, que supuso, en esta materia, un antes y un después: durante 30 años, de media, se construían en España unas 75.000 viviendas protegidas (por cierto, el 85 % por la empresa privada), y se pasó a unas 3.000 de media en los diez años siguientes. Y algo parecido sucedió con la vivienda libre: con el argumento de que había mucho stock de vivienda vacía, tampoco había que fomentar su producción.
Una verdadera política de vivienda (no vamos a entrar en la legislación urbanística, la legislación arrendaticia, la Ley de Enjuiciamiento Civil para recuperar la vivienda en caso de impagos u okupaciones… porque no acabaríamos) se compone, básicamente, de dos partidas: presupuestos (financiación, ayudas…) e impuestos (las innumerables cargas fiscales con que las tres Administraciones gravan la vivienda). Pues bien, desde el 2010 no hay financiación estatal, ni ayudas para la compra de vivienda con cargo a los planes de vivienda estatales (ni los fondos europeos, los famosos Next Generation). En cuanto a los impuestos, mejor ni hablar: más del 25 % del precio de una vivienda son impuestos: en una vivienda de 300.000 euros, Hacienda (las tres) se llevan más de 75.000 euros. Pero de esto tampoco se habla.